En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro avanza hacia un proceso que tiene casi todos los ingredientes de unas «elecciones parlamentarias«. Hay unas listas de candidatos a diputados. Ha habido una campaña. Hay un organismo electoral. Al final se anunciarán unos resultados. Lo único que falta es que los ciudadanos elijan a sus representantes. Aunque algunos pocos votarán, en realidad no elegirán.
Como suena y como lo lee. El 6 de diciembre corresponde realizar elecciones parlamentarias en Venezuela. La dictadura chavista anunció que acataría el mandato constitucional y legal para efectuar los comicios a finales de este año. Pero solo cumplirá con la fecha y el nombre del proceso. Se saltó todos los demás requisitos. Por ejemplo, la elección de un árbitro independiente o la libre participación de todos los partidos. Cambió incluso el número de diputados que serán elegidos.
Los principales partidos de oposición participarán solo de nombre. Estas formaciones cuentan con directivas impuestas por el chavismo, tras ser intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia. De esta manera, las boletas electorales muestran una apariencia de diversidad. Virtual, como un espejismo.
Como se esperaba, los comicios no son reconocidos por la mayoría de los venezolanos ni por la comunidad internacional. No acudirán verdaderos partidos de políticos de oposición. El deseo de participación de los ciudadanos es muy bajo (incluso se los está amenazando para que acudan). Pero se harán de todas maneras, ha dicho Nicolás Maduro. El dictador.
Pronunciamiento de la World Law Foundation
La más reciente muestra del rechazo generalizado y contundente a la farsa electoral la expresa la World Law Foundation en un comunicado que divulgó en relación con las elecciones venezolanas de 6 de diciembre de 2020.
En el texto, los representantes de la institución denuncian que «las elecciones venezolanas de 6 de diciembre de 2020 carecen de las garantías necesarias para que puedan considerarse unas elecciones válidas». El documento incide en algunas de las principales irregularidades del proceso.
Comienzan recordando que el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido por más de 4 años las funciones de la Asamblea Nacional, elegida en 2015.
Ese desconocimiento ha servido de base para que estas elecciones parlamentarias se realicen sin cumplir las condiciones de integridad exigidas en el orden interno y reconocidas en el Derecho Internacional.
Por ejemplo, al desconocer al Parlamento elegido en 2015, el régimen de Maduro reorganizó el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombramiento correspondía al Poder Legislativo. Este órgano, ilegal por lo tanto, tomó un conjunto de decisiones que eliminaron las reducidas condiciones de competitividad electoral existentes en Venezuela.
«En especial, el Tribunal Supremo de Justicia, en violación a la Constitución de Venezuela, designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral y, además, les permitió modificar, a su arbitrio, las leyes electorales. Del mismo modo, se secuestró la dirección de los principales partidos políticos para ponerlos al servicio del fraude electoral», rememora.
No son elecciones válidas
La WLF destaca que desde el punto de vista jurídico el proceso organizado para el 6 de diciembre no puede ser considerado como una elección válida. Sus resultados no podrán reflejar la voluntad libre de los electores, pues no contarán con las condiciones mínimas de integridad, justicia o transparencia.
Agregan que la convocatoria es el resultado del conjunto de acciones que llevaron al «desconocimiento y posterior usurpación de la función legislativa de la Asamblea Nacional electa en 2015″.
Así mismo, consideran que estas elecciones son parte del conjunto de violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Igualmente se cita el Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que presentó el Consejo de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2020.
No puede haber una transferencia de mandato
Los juristas recordaron que el 5 de enero de 2021 la actual Asamblea Nacional debería transferir la función legislativa a la nueva directiva. Esta debería elegirse en el 2020. Pero ello no será posible, debido a que el proceso convocado para este 6 de diciembre no reúne las condiciones jurídicas básicas para ser reconocido como una elección libre y justa.
«Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, tal situación debe resolverse bajo los mismos principios que aplican a situaciones en las cuales -pese al vencimiento del mandato de elección popular- no se celebran elecciones para la renovación de los cargos de elección popular», explican.
En consecuencia, señalan que para evitar un vacío de poder «los funcionarios de elección popular deben preservar su mandato, hasta que sean sustituidos por funcionarios electos en elecciones libres y justas».
Además, destacan que la preservación del mandato de la Asamblea Nacional es «una
importante herramienta para avanzar en las políticas orientadas a procurar la solución
negociada de la crisis venezolana a través de elecciones» al mismo tiempo que se limita
la capacidad del régimen de Nicolás Maduro de continuar sus políticas de violación de derechos humanos, que agravan las consecuencias de la emergencia humanitaria
compleja por la que atraviesa Venezuela».
Obispos de Venezuela denuncian irregularidades
El Comunicado de la WLF es otra expresión del creciente número de manifestaciones de instituciones y personalidades, dentro y fuera de Venezuela, que denuncian la falta de legalidad, transparencia, libertad y justicia de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro.
El Consejo permanente de la Conferencia Episcopal de Venezuela emitió un enérgico comunicado en el que reitera que el “evento electoral” convocado por el régimen chavista, “lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla”.
Ante este panorama, los obispos llaman a los ciudadanos a sumarse a la Consulta Popular, del 7 al 12 de diciembre, basada en el artículo 70 de la Constitución Nacional y «propuesta por la actual y legítima Asamblea Nacional como respuesta y rechazo a las elecciones parlamentarias del domingo y en la perspectiva de realizar comicios legítimos bajo la égida de la comunidad internacional».
“El pueblo tiene pleno derecho a expresarse por los legítimos canales garantizados por la Constitución, expresando su opinión como auténtico sujeto social”, refirma la CVE en su apoyo a la Consulta Popular y la recuperación de la democracia.
Venezuela necesita elecciones libres
La Unión Interparlamentaria denunció que para las próximas elecciones de Venezuela, «el Tribunal Supremo ha nombrado a nuevos líderes de partidos de la oposición que al parecer son simpatizantes del gobierno«. Además, «el Tribunal ha otorgado nuevos poderes al Consejo Nacional Electoral», el principal órgano de supervisión de los sufragios.
«Las restricciones vigentes y el marco institucional que rige las elecciones de diciembre parecen socavar gravemente la igualdad de condiciones necesarias para que se produzcan unas elecciones libres y justas», dice el texto.
Así mismo, el Bloque Constitucional de Venezuela Capítulo España, se adhirió «íntegramente al comunicado de la World Law Foundation«. Igualmente, reiteró el llamamiento que hizo a la comunidad internacional en agosto pasado.
Pidió «rechazar por inconstitucional e ilegal la convocatoria a elecciones parlamentarias realizada por un órgano ilegítimo, por no existir condiciones institucionales que garanticen unas elecciones libres, democráticas, imparciales y bajo contraloría social y política».
Poco ánimo de participación
La poca transparencia de estas elecciones no solo ha dado pie a críticas y denuncias por parte de los partidos políticos y organizaciones dentro y fuera de Venezuela. También se refleja en el escaso interés de participación de los electores.
Estimaciones de la encuestadora Datanálisis señalan que la participación será cercana al 30%. Se trata de un nivel muy cercano al que se obtuvo en 2005, cuando la oposición mayoritaria tampoco participó. Además, se ubica muy por debajo del 74,17% de 2015, cuando se escogió a la actual Asamblea Nacional. Tradicionalmente, el chavismo ha salido beneficiado en los comicios con menor concurrencia.
En este ambiente de poca participación, Diosdado Cabello, uno de los principales aliados internos de Maduro, lanzó una fuerte amenaza a la población para que concurran a las urnas para participar en los comicios. «El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer», advirtió durante un acto de campaña del Gran Polo Patriótico en el estado Carabobo. La amenaza está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país. En medio de la crisis, estos colectivos dependen de las pocas ayudas que provee el Estado.
Entretanto, la oposición mayoritaria insiste en la convocatoria de una consulta popular que no es vinculante. Con ella que se busca medir el rechazo de los ciudadanos a la dictadura de Maduro. Se realizará virtualmente desde el 7 hasta el 12 de diciembre, cuando, quienes lo deseen, podrán participar presencialmente.
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