La violencia en Colombia registró tres nuevas masacres en 24 horas, elevando a al menos 35 el número de víctimas en los últimos 15 días. Los colombianos no se recuperaban aún de los asesinatos de 13 jóvenes, en dos hechos diferentes, cuando ocurrieron nuevos “asesinatos colectivos”, como los define el presidente Iván Duque. La violencia política parece haber dado paso a la violencia de organizaciones criminales que actúan ante la inexistencia del Estado, según defensores de DD. HH.
En el transcurso del viernes, tres nuevas masacres se registraron en puntos tan distantes como los departamentos de Nariño y Cauca, en la costa occidental de Colombia; y el de Arauca, al oriente, en la frontera con Venezuela.
El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, confirmó el sábado temprano el asesinato de por lo menos seis personas en un sector conocido como La Guayacana. “Jóvenes también… Muy triste con lo que está ocurriendo”, dijo en un video publicado en las redes sociales oficiales de la gobernación.
Este sábado en la noche se confirmó otra masacre en una zona rural del Cauca, con un saldo de seis personas asesinadas. El alcalde de la localidad, Carlos Vela, señaló que el hecho habría sido perpetrado por supuestos miembros de Marquetalia, disidente de las extintas FARC.
El mismo viernes, la Defensoría del Pueblo informó del hallazgo de cinco cadáveres en una zona rural de Arauca. El punto donde perpetraron la masacre está a 40 kilómetros del casco urbano, adonde no es posible llegar por tierra.
El martes 18, las autoridades de Nariño informaron que al menos tres comuneros del grupo indígena awá fueron asesinados en el resguardo Pialapi Pueblo Viejo. El suceso ocurrió en una localidad ubicada a 10 horas de camino, las primeras dos en vehículo y el resto a pie o en mula.
Violencia en Colombia se ensaña contra los jóvenes
Esta reciente ola de violencia en Colombia comenzó el 8 de agosto en Nariño. Ese día, dos menores de 12 y 17 años iban a su colegio a entregar una tarea que no pudieron enviar por Internet. Medios locales dijeron que los chicos pasaron por una zona donde se habían registrado combates entre disidentes de las FARC y Autodefensas Gaitanistas, un reducto del paramilitarismo. “Les dispararon a quemarropa con armas de largo alcance y murieron”, dijo el periódico El Espectador.
El martes 11 de agosto, en Cali, capital de Valle del Cauca, cinco muchachos de entre 14 y 16 años salieron a volar cometas. Pero fueron torturados y asesinados. Vivían todos en un mismo barrio, donde reubicaron a cientos de familias que huyeron del conflicto armado en la costa del pacífico colombiano. Vivían en Llano Verde, un sector de viviendas de interés social ubicado en el distrito de Aguablanca. Allí “conviven todas las miserias de Colombia”, escribió el diario El Tiempo en un trabajo especial.
El sábado 15 de agosto, varios jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, compartían en una finca a las afueras de Samaniego, también en Nariño. De pronto, varios hombres irrumpieron en la celebración y dispararon con fusiles y armas de corto alcance, causando la muerte a ocho de los presentes. La versión la contó uno de los muchachos que logró sobrevivir porque si hizo pasar por muerto.
“El país que sigue matando a sus jóvenes”, es el título del reportaje especial de El Tiempo, que recordó que 710 menores de entre cero y 17 años fueron asesinados en Colombia durante 2018. Y entre 2018 y 2018, 883 menores de entre 0 y 10 años fueron asesinados en el país.
Ausencia del Estado
En un breve pero contundente mensaje divulgado este viernes, el defensor del pueblo, Carlos Negret, llamó a los colombianos a “hacer un gran esfuerzo”. “Parece que no nos doliera la muerte y los asesinatos de nuestros conciudadanos”, cuestionó.
“Lo que ha ocurrido en estas zonas de Colombia es el resultado de la falta de presencia estatal”, denunció.
Aseguró que la razón de la “guerra que se libra” en esas zonas se debe al “negocio ilícito del narcotráfico especialmente, pero también la minería ilegal”. Indicó que la costa del Pacífico se ha convertido en “un corredor para el narcotráfico”; mientras que en Arauca es por la guerra “entre el ELN y las disidencias de las FARC por controlar todos los negocios, inclusive el contrabando de ganado de Venezuela”.
En términos similares se expresó Antonio Navarro, exlíder del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19, que depuso las armas en 1990. “Lo que hay en las zonas rurales de Nariño es la presencia de unas economías ilegales, sustentadas esencialmente en los cultivos de coca y en la minería ilegal de oro y una total ausencia del Estado en esos territorios”.
“La masacre en Samaniego se da contra una fiesta que violaba las ´reglas´ frente al coronavirus. Un hecho atroz y de ninguna forma justificable. Pero se da en una zona donde el Estado no es quien pone las reglas, no tiene poder político ni social. Los grupos armados sí”, dijo en su cuenta en Twitter Kyle Johnson, analista y experto en dinámicas de violencia.
¿Cuestión de semántica?
El presidente Iván Duque, quien este sábado encabezó un consejo de seguridad en Nariño, afirmó que no se debe hablar de masacres sino de «homicidios colectivos».
«Muchas personas han dicho ´volvieron las masacres´. Primero hablemos del nombre preciso: ‘homicidios colectivos’. Y tristemente hay que aceptarlo como país, porque no es que volvieron, es que no se han ido estos hechos», dijo.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres en lo que va de este año en Colombia. Una cifra que analistas interpretan como un rebrote de la violencia que ha marcado al país, y que en el terreno político tuvo su máxima expresión a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Otras figuras políticas muertas a manos de la violencia han sido Rodrigo Lara Bonilla, en 1984; Jaime Pardo Leal, en 1987; Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989; y Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez (1990).
Al analizar la actual ola de violencia en Colombia, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la interpreta como una “normalización de la violencia del crimen organizado”.
Observa que en la nueva ola de violencia en Colombia hay dos tipos de masacres. Una es la de grupos armados ligados a la producción de narcóticos. Estos usan el miedo y el terror que un asesinato colectivo infunde “para que los grupos de jóvenes y la comunidad no interrumpan sus intereses». El otro tipo responde a disputas entre grupos armados ligados a la explotación de oro, el tráfico de narcóticos y la producción de drogas ilícitas y que están “en proceso de fusionarse o adquirirse entre ellas».
«Estamos ante una normalización de la violencia del crimen organizado que se ha visto en otros países que intentan salir del conflicto armado”, sostiene. La diferencia es que “esa violencia, que antes solo afectaba a los líderes de las comunidades, ahora está afectando a las comunidades», advirtió.
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