Por Cambio16
21/07/2017
El aún presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real después de que ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretara prisión provisional sin fianza tanto para él como para su hijo Gorka por un posible perjuicio de al menos de 45 millones de euros a las arcas del máximo organismo del fútbol español.
El magistrado encargado de la investigación atendía así la petición de prisión de Fiscalía Anticorrupción y adoptaba esta medida cautelar contra el directivo y su hijo en el marco de la operación Soule. También decretó prisión provisional sin fianza para el vicepresidente económico de la RFEF, Juan Padrón, mientras que el secretario de la federación tinerfeña, Ramón Hernández, ingresó en la cárcel pero con una fianza de 100.000 euros.
Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante «la gran capacidad económica de la que disponen» y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.
En su auto, el juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un «clientelismo» tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.
Pedraz apunta, asimismo, que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad «de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros«. Todos ellos prestaron ayer declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les interrogó por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica que habrían supuesto un perjuicio económico para el organismo, que según algunas fuentes supondría alrededor de 50 millones de euros.
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