Para entrar en una nueva normalidad está en marcha un plan de desescalada, cuyo punto crítico es la vigilancia epidemiológica. Los expertos apuntan a que gracias a la estricta cuarentena que se ha mantenido en España es que hoy se puede soñar con relajar las restricciones de movilidad y volver paulatinamente a la cotidianidad que se dejó hace algunas semanas.
Ahora, el que se relajen ciertas restricciones y medidas no significa que se deban olvidar el distanciamiento social, o en el caso de la salud pública que se detenga la vigilancia epidemiológica.
Al contrario, la fase de desescalada exige un estricto monitoreo de los posibles casos y sus contactos para prevenir rebrotes y la transmisión intercomunitaria. Solo que ¿se cuentan con los recursos para detener un rebrote o una cadena de transmisión?
Hacia una monitoreada normalidad
El Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad establece que los sistema de vigilancia deben proporcionar información diaria para poder actuar rápidamente en el caso de que aparezcan nuevos contagios de la COVID-19.
Es un trabajo complicado que requiere de muchos recursos. En primer lugar, se necesitan aumentar los medios en dos áreas claves: la atención primaria y las unidades de epidemiología. Con respecto a la primera se necesita más personal.
En Reino Unido estiman contratar cerca de 18.000 personas y en los Estados Unidos entre 200.000 y 300.000. En España harían falta unos 20.000 profesionales.
Durante las últimas semanas, las probabilidades de una transmisión intercomunitaria han sido bajas, dado el estricto confinamiento y las rigurosas medidas de seguridad e higiene, pero con la fase de desescalada el panorama definitivamente cambia.
Los contactos se retomarán y con ello se incrementaría el peligro de la transmisión. Para lo que se necesita un eficiente rastreo del virus.
Previendo nuevas cadenas de transmisión
El Boletín Oficial del Estado emitió una orden ministerial que indica que las comunidades autónomas deben optimizar la recolección de datos epidemiológicos, de manera que se garantice el diagnóstico de la COVID-19 a través de la prueba PCR u otra técnica.
El objetivo es dar con cada caso sospechoso dentro de las primeras 24 horas cuando se presentan los síntomas. Cada caso confirmado se aislaría de forma adecuada, se rastrearían todos los contactos para encontrar a quienes posiblemente esa persona hubiese podido contagiar. Los contactos del infectado deben estar aislados durante 14 días. De manera que si desarrollan la enfermedad, no generen nuevas cadenas de transmisión.
Sin embargo, este plan tiene una pata coja: los casos asintomáticos. De acuerdo con los expertos es difícil que el rastreo llegue hasta allí. El plan está diseñado para detectar los casos clínicos y sus contactos. Para prevenir el contagio por casos asintomáticos solo queda mantener el distanciamiento social.
Un reto para todos los países
Para todos los países es fundamental continuar con la vigilancia epidemiológica, puesto que la detección de casos, sus contactos y el consecutivo aislamiento es lo único que puede detener la transmisión. De allí que todas las comunidades autónomas en España estén desarrollando herramientas tecnológicas que contribuyan con la tarea.
Sin embargo, usar la tecnología para la vigilancia epidemiológica es más complicado de lo que se cree. Por ejemplo, los primeros estados de los Estados Unidos que lanzaron aplicaciones para teléfonos móviles para el rastreo de contactos tienen que lidiar con fallas y una general falta de interés por muchos de sus habitantes.
Los gigantes tecnológicos Apple y Google lanzaron sus propios sistemas de rastreo, pero también enfrentan problemas como las fallas en la precisión y la privacidad de los usuarios. Al parecer, las empresas no compartirán con el gobierno la información que podría controlar la transmisión de la enfermedad. El rastreo de contactos se ha convertido en un escollo para el gobierno estadounidense.
Privacidad de los usuarios
Salesforce -una empresa de software de baja demanda- ofreció herramientas de base de datos para apoyar la vigilancia epidemiológica que igualmente plantea inquietudes, pues requiere recopilar y almacenar data detallada sobre los contactos de las personas, su estado de salud y su ubicación.
A este respecto la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) advierte acerca de la cautela que se debe tener sobre las soluciones tecnológicas propuestas para la vigilancia epidemiológica, pues podrían «exacerbar las disparidades existentes que ya han conducido a resultados de salud inequitativos». Además de amenazar la libertad por muy poco a cambio.
La fase de desescalada no significa que el riesgo de transmisión haya desaparecido. A pesar de que las cifras de contagiados y de muertes han disminuido -por lo menos en España- el virus no está controlado. Para controlarlo hace falta una vacuna o un tratamiento efectivo.
Por lo que el último recurso de los Estados ante un virus desatado y una debacle económica son medidas que atajen de alguna manera ambas situaciones, solo que las puestas en marcha plantean otros retos y amenazan libertades.
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