Por Cambio16
30/08/2017
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Víctimas españolas de bebés robados pidieron hoy la creación de un «censo nacional» de desaparecidos para conocer la dimensión de este asunto, que podría afectar a unos 300.000 recién nacidos en todo el país.
Decenas de personas se concentraron hoy en la capital de España, ante el Congreso de los Diputados, para conmemorar el Día Internacional de las Desapariciones forzosas, con el ánimo de seguir «en la lucha» para que los niños robados y las adopciones ilegales sean «cuestión de Estado».
Fueron convocadas por las organizaciones «Camino a la Justicia», el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos «Nuevo Ágora» y la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles (Avidna).
El coordinador de «Nueva Agora», Pedro Caraballo, lamentó que, a pesar de las promesas de los políticos, no haya habido «grandes avances en los últimos meses», aunque reconoció «algunos pasos», como la asignación de 100.000 euros (119.000 dólares) en los Presupuestos del Estado para crear un banco de ADN.
También denunció la actitud de la Iglesia católica, pues está «cerrada a cal y canto» frente a las reivindicaciones de las víctimas y criticó las trabas judiciales que, en su opinión, encuentran los abogados de las víctimas.
Éstas lamentaron que el Ministerio español de Justicia y la Iglesia, aseguraron, no faciliten los documentos relativos a «nacimientos, historias clínicas u otros asuntos».
Vestigios del franquismo
En declaraciones a Efe, Caraballo consideró imprescindible ese censo nacional de bebés robados también para «poder cerrar la Transición» de la dictadura franquista a la democracia a partir de 1975.
Las denuncias de robos de niños para su posterior entrega a otras familias, en muchos casos previo pago, ocurrieron sobre todo entre 1950 y 1990.
Hasta el momento, la Justicia española decidió procesar a dos médicos, mientras que una monja que estaba siendo investigada falleció en enero de 2013.
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