Dos años han pasado desde el acuerdo de paz firmado entre Colombia y las Farc. Desde entonces, cientos de mujeres víctimas de abuso sexual han roto el silencio para denunciar atroces casos cometidos durante décadas por el grupo armado.
El acuerdo al que se llegó durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, garantiza sentencias alternativas a la cárcel por delitos cometidos relacionados con el conflicto. Pero solo si los responsables admiten completamente su responsabilidad, y confiesan la verdad sobre los hechos.
Asimismo, proporciona alojamiento y una asignación económica mensual a los excombatientes desarmados.
Violaciones sexuales y asesinatos
La era post conflicto dio origen a la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal que recibe denuncias de crímenes de todas partes de Colombia. Yeimy fue una de las mujeres que se acercó a los grupos de víctimas para relatar su caso. La afectada, de 37 años de edad, narró cómo su esposo fue atado a un poste y amordazado. Los guerrilleros lo obligaron a observar cuando era violada por cuatro sujetos, hace 12 años.
La mujer aseguró que su esposo, Elkin, fue secuestrado por el Frente 45 de las Farc en el departamento de Tolima, en el centro de Colombia. El rapto ocurrió por haberse negado a pagar un impuesto revolucionario o entregar a su hijo de seis años de edad para que se uniera a las filas de rebeldes izquierdistas.
«No soy capaz de encontrar la felicidad»
Yeimy caminó durante días por la selva hasta encontrar el campamento rebelde donde tenían a su esposo. Suplicó por su liberación, pero el precio que pagó para que ambos pudieran regresar a casa la marcaría de por vida. El comandante de las Farc, conocido por el nombre de guerra como «Pepito», le dijo: «Elegiré a cuatro de mis hombres y ellos podrán hacer lo que quieran contigo», contó a Reuters.
Después de lograr un acuerdo por la liberación de Elkin, ella y su familia huyeron a Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Pero dos años más tarde, los rebeldes los buscaron alegando que aún debían el llamado impuesto revolucionario. Yeimy contó que se llevaron a su esposo y lo mataron.
«Desde entonces, nunca he tenido a nadie. No soy capaz de encontrar la felicidad», dijo. «No quiero una relación física con nadie».
Indignación en Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), utilizaron la violencia sexual para infundir miedo en las comunidades. Con ello también imponían el control sobre ciertas áreas y lo usaban como castigo. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, unas 15.687 personas fueron víctimas de violación sexual durante la época del conflicto.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que a los culpables no se les permitiría escapar de la justicia, aunque agregó que podrían recibir sentencias que no impliquen la cárcel si reconocen sus crímenes.
Estas condiciones respaldadas en el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, causaron indignación en la sociedad colombiana, que las rechazaron en un plebiscito. Sin embargo, el Congreso finalmente aprobó una versión modificada que no logró satisfacer a quienes se oponían.
Iván Duque busca cambios, pero con precaución
Iván Duque, que recientemente asumió la presidencia de Colombia, manifestó sus intenciones de reforzar los términos del acuerdo y hacer que los excombatientes paguen por sus crímenes tras las rejas. El mandatario sostiene que los autores de abusos sexuales no deben recibir una trato especial por el pacto.
Por otra parte, Duque se enfrenta a la posición contraria del Congreso y la Corte Constitucional, quienes defienden que el pacto no debe sufrir modificaciones durante tres periodos presidenciales.
El Presidente colombiano se comprometió a no hacer algo que descarrile el acuerdo, comprometido en restaurar la país en el país. Sin embargo, un portavoz del Ejecutivo expresó que el gobierno colombiano seguirá en la lucha porque los culpables de crímenes sexuales no reciban una amnistía.
Ante esta postura y grandes zonas del país que aún son controlados por grupos armados, como los disidentes de las Farc o el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), los ciudadanos temen que se vea entorpecido el proceso de paz y los excombatientes vuelvan a tomar las armas.
Víctimas del paramilitarismo
La existencia de grupos paramilitares que continúan en operación en algunas zonas de Colombia, se suman a las afecciones que padecen las comunidades de Colombia. Estas organizaciones también infringieron maltratos asociados a violaciones sexuales, como en el caso del frente Héroes de los Montes de María, que abusaron de Lina cuando tenía 22 años de edad, con una varilla de tienda de campaña.
Estos grupos fueron fundados por terratenientes, campesinos y ganaderos, inicialmente para protegerse de los ataques rebeldes. Con el pasar del tiempo, rápidamente se involucraron en hechos de narcotráfico y la violencia.
El Gobierno de Colombia otorga una compensación a las víctimas del conflicto guerrillero, incluidas las víctimas de violación sexual. Lina, que actualmente tiene 49 años de edad, testificó ante un abogado y fue catalogada como víctima, pese a ello, no ha recibido lo prometido por el Estado.
Aunado a ello, Lina participó en una reunión secreta con exparamilitares de las Farc, que quedó grabada en un video al que Reuters tuvo acceso. En el audiovisual, se encontraba uno de los hombres que había abusado de la mujer, y puede verse pidiéndole perdón.
«Nosotras, como mujeres, tenemos que perdonar porque no podemos vivir con esta rabia dentro de nosotras», concluyó Lina.
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