Venezuela se confiesa

Por Iñigo Aduriz (Caracas) | Fotos: Reuters
12/06/2016

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y la cola que se ha formado en el exterior del Centro Comercial Lido de Caracas ya da la vuelta al edificio. El establecimiento se encuentra en el municipio de Chacao, uno de los que conforman la capital de Venezuela y uno de los más acomodados y seguros de la ciudad, ya que es sede de numerosas empresas y allí están algunas de las viviendas más cotizadas. Pero es en ese lugar también, en la cercana avenida de Tamanaco, donde otro local luce un disparo en su cristalera blindada. Quienes trabajan en la zona explican que no es la primera vez. Que aunque sus propietarios cambian el cristal no saben por qué siempre siguen disparándoles.

La vida diaria en la Venezuela del año 2016 la determinan principalmente esos dos problemas: la escasez de productos y la profunda inseguridad. Los asumen chavistas y antichavistas en las calles y los reconocen el Gobierno y la oposición desde las instituciones. También los cortes de luz o de agua. La situación se agrava en las zonas más humildes, o en las afueras de Caracas. A media mañana de un día de labor de la última semana de mayo la pasarela que cruza la Carretera Panamericana que une la capital venezolana y Los Teques está a punto de desbordarse de gente que hace cola para poder comprar alimentos en el Centro Comercial La Cascada del Carrizal, a la altura de Montañalta. La fila se extiende a lo largo de varios kilómetros y tiene que intervenir la Policía para evitar peleas. Igual pasa en pleno centro de la capital a media tarde. En una de las calles que van de la avenida Sur 4 a la avenida Baralt se agolpan cientos de mujeres con su cédula de identidad (el DNI venezolano) en la mano y entre empujones y llantos esperan a que los encargados de una tienda les permitan entrar para ver qué encuentran.

Lo mismo sucede cada día en Catia o Propatria, dos de las zonas más pobres de Caracas. En esta última vive Yaimara, una joven trabajadora de la limpieza que tiene tres hijos y que suele levantarse a las tres de la madrugada para poder llegar a la cola del supermercado más cercano a su casa a las 3:30 horas, cuando ya se agolpan varias cientos de personas en busca de los productos más básicos. “Muchas veces estamos hasta las cuatro de la tarde, y puede que cuando llegue nuestro turno no quede nada”, lamenta.

Ella sólo puede comprar los martes y los sábados, en función de una decisión del Gobierno que limita los días en los que los ciudadanos tienen permitido acudir a los comercios para evitar aglomeraciones. Los venezolanos cuyo número de cédula finalice en 0 o 1 pueden ir los lunes, si acaba en 2 o 3 los martes, y así sucesivamente hasta el viernes, cuando se les permite acudir a los comercios a los ciudadanos cuyo documento nalice en 8-9. Los sábados la compra se abre para aquellos que tengan el número del 0 al 4, y los domingos, del 5 al 9.

El Ejecutivo también determina los precios de los productos más básicos. Esto hace que sea normal, por ejemplo, que la portada de uno de los diarios del país, El Universal, lleve cada día como principal titular cuánto ha subido la harina de maíz o la leche. Dentro de esos productos regulados están, además, las carnes, el pollo, los huevos, la charcutería, el papel higiénico, los pañales o los elementos de higiene como los cepillos o las pastas de dientes, o los lavavajillas. Las autoridades ponen los precios y si los comerciantes no los cumplen, pueden incluso ir a la cárcel.

Esto se hizo para garantizar el acceso a esos productos de todos, ricos o pobres, pero la escasez –excepto en las tiendas de lujo con precios aún más desorbitados– y la enorme inflación que según el FMI -finalizó en 2015 en el 189% –la más alta del mundo– hacen más bien que sea imposible comprarlos para cualquiera. Este organismo internacional prevé que esa inflación siga creciendo de forma descontrolada y alcance el 700% este año y el 2.200% el que viene. El sueldo mínimo que cobran funcionarios, médicos, enfermeras, policías o maestros, es de 15.000 bolívares (unos 15 euros), aunque el salario medio del país es de unos 40.000 (40€). Sin embargo, una docena de huevos se adquiere por unos 1.000 (un euro), dos litros de leche por 2.100 (2,1€) y pedir una pizza alcanza los 12.000 (12€), prácticamente todo el sueldo mínimo. Comprar un móvil es ya toda una proeza, ya que supera el millón de bolívares (unos 1.000€). Esto hace que la corrupción se extienda en la administración pública y principalmente en el estamento policial. Sólo hay algo barato: la gasolina. El litro cuesta 6 bolívares, el equivalente a 0,006 euros.

Con una moneda por los suelos, otro problema es el efectivo. Los cajeros sólo dan 600 bolívares en billetes de 100, que es el mayor. Esto hace que, por ejemplo, para pagar una cena de sándwich y cerveza de unos 5.500 bolívares (5,5€), haya que deshacerse de 55 billetes. O que para comprar una cachapa, el delicioso plato típico formado por una torta de maíz rellena de queso, que cuesta unos 1.800 bolívares (1,8€), uno tenga que desembolsar 18 billetes de cien, si es que los tiene, o 36 de 50.

Antonio, editor de vídeo de sólo 25 años que vive en La Urbina, argumenta que la escasez, los precios, y la inseguridad hacen que jóvenes y mayores no puedan hacer prácticamente nada. “Si vas a comprar una medicina, o no la encuentras o haces una cola, y cuando llegas al mostrador no queda. Y si la compras revendida te la ofrecen 10 o 15 veces más cara de lo que cuesta”. Señala que “es mejor no ponerse enfermo” en Venezuela, porque tan sólo una pastilla de aspirina que cuesta unos 100 bolívares (0,1€), se puede conseguir en el mercado negro por 1.000 (un euro), y eso si la medicina en cuestión se puede encontrar en el país. En los mejores hospitales, los pacientes tienen que buscarse la vida para encontrar suero, incluso sin tener la certeza absoluta de que esté en buenas condiciones.

La conjunción de muchas estanterías vacías –es por ejemplo complicadísimo encontrar agua mineral en Caracas, o leche y harina de maíz con la que se hacen las famosas arepas venezolanas–, de hambre y necesidad conforman el cóctel perfecto para poner en marcha ese mercado negro. En las colas de los comercios hay tres tipos de personas que hacen fila: los del “sector” o zona, los que llegan de otras zonas y los conocidos como bachaqueros, que compran y revenden a precios desorbitados. A muchísimos profesionales y, sobre todo, a la deteriorada clase media, no les queda otra que acudir a ellos. “No puedo permitirme pasarme todo el día en una cola. O hago la fila o trabajo”, explica Ramírez.

–hace ya mucho que los venezolanos no pueden elegir la marca, sino que compran la que haya en ese momento– se establecía a finales de mayo en 676 bolívares (0,6€), mientras que los bachaqueros pueden llegar a cobrar por ella 2.500 (2,5€). Las empresas también tratan de burlar la ley para poder lograr la libertad de precios. Los fabricantes de lavaplatos, un producto regulado, ponen en sus botes lavatodo y así pueden venderlo por lo que quieren. ¿Cómo es posible que el país latinoamericano con más recursos petrolíferos y uno de los más ricos del continente esté en esta situación? Gran parte de la población culpa al Gobierno de un país que importa el 70% de sus productos. Esto explica que, en las elecciones legislativas de diciembre, los partidos de la oposición aliados en torno a la Mesa de Unidad Democrática alcanzaran el 60% de los votos, frente al 40% del oficialismo. Esto ha dado pie a una tensa situación política en la que la Asamblea Nacional es antichavista mientras el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, mantiene su poder en el Palacio de Miraflores.

En la zona industrial de La Naya, en el sureste de Caracas y a mitad de camino entre uno de los barrios –término para referirse a las zonas de favelas, como en Brasil– y un área acomodada, hay opiniones para todo tipo. Efraín Salazar, trabajador de una empresa de este área y vecino de Catia, uno de los territorios más humildes de la ciudad, considera que el responsable es el Ejecutivo “por mala administración”. Describe una “situación desastrosa” porque, explica, “hace unos meses se podía conseguir prácticamente cualquier alimento pero ahora no se logra absolutamente nada”. Con seis hijos, es a su mujer a la que le toca habitualmente hacer cola. Uno de sus compañeros, Jesús Baroa, de 42 años y dos hijos, coincide en lo dramático del momento por el que atraviesa el país pero no en la solución. Insiste en que el chavismo es “el único que realmente representa a los trabajadores” y atribuye la situación de escasez a la “pelea” entre el Gobierno de Maduro y el resto de partidos.

Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, asegura que las colas y la escasez de alimentos “tienen que ver con un modelo político, el del comunismo”, instaurado por Hugo Chávez desde que llegó al poder en 1999 y al que le sigue Maduro, “que se especializa en producir, multiplicar y distribuir miseria” y en el que “la quiebra no es un defecto sino un resultado lógico”. Curtido en Catia en distintos movimientos sociales, el máximo dirigente opositor recibe a Cambio16 en un austero despacho del este de Caracas que no se identifica con ninguna placa ni distintivo en el portal o en la puerta principal. Lo hace justo después de una reunión con la plana mayor de la oposición. De allí salen Julio Borges, uno de los líderes de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles; el diputado y dirigente de Voluntad Popular Freddy Guevara; o la vicepresidenta de Un Tiempo Nuevo, Delsa Solórzano, entre otros.

Para explicar el desabastecimiento, Torrealba menciona la “salida masiva de capitales” de los últimos años, propiciada por la “falta de controles” durante las etapas de bonanza y que ha multiplicado, según él, las prácticas corruptas. Además, recalca la “fantasía totalitaria” del chavismo, que “pensó que si destruía el aparato productivo interno y si acababa con los empleadores en Venezuela, todo el mundo iba a caer de rodillas porque iba a depender del papá Gobierno para llenar su estómago y para tener un techo sobre sus cabezas”. El Ejecutivo, señala, “se dedicó a expropiar y a nacionalizar, y todo lo que estatizaba lo destruía porque tenía la loca idea de que los altos precios del petróleo eran eternos. No lo eran y la corrupción sí era creciente. Pero antes que sacrificar a los corruptos sacrificaron al país”.

El Gobierno culpa al petróleo y al exterior. Los menciona el dirigente del oficialista PSUV, exjefe de la Policía y uno de los hombres fuertes de Maduro, Freddy Bernal, que recibe a esta revista en un despacho –éste sí bien identificado y con numerosos carteles y cuadros de Chávez y Maduro– del centro de Caracas. Mientras, en la calle, una furgoneta anuncia insistentemente a través de un megáfono que vende sardinas a 800 bolívares el kilo. Bernal asegura que asume “autocríticamente” la situación de escasez por la que atraviesa el país, que hace que incluso los supermercados estatales Mercal luzcan algunas de sus estanterías vacías.

alternativo al rentismo del petróleo, que ha sido nuestro beneficio y nuestra desgracia al mismo tiempo”, sostiene. “Un país acostumbrado a un desarrollo social importante como el que introdujo el comandante Hugo Chávez a 100 dólares el barril, de repente ve cómo ocurre este movimiento mundial y cae a 22 dólares. Nosotros en enero de 2010 ingresábamos al fisco 3.500 millones de dólares al mes, en enero de este año sólo 100 y en febrero 76. Un país que no ha sabido diversificar su producción y que depende en gran parte de la importación ha visto reducida la cantidad de alimentos al tener menos dólares”. Bernal también apunta a otros factores: “Desde EEUU existe un mecanismo de desequilibrio de nuestra moneda que ha generado una inflación inducida. Además, algunos empresarios nacionales están jugando al caos porque creen que después de la desaparición física de Hugo Chávez están dadas las condiciones para salir del Go- bierno”.

Preguntado por si, meses después de que comenzaran las colas y del agravamiento de la escasez de las últimas se- manas, el Gobierno venezolano ha tomado alguna medida al respecto, el también exalcalde de Caracas asegura que Maduro ha puesto en marcha “los 15 motores de la economía”, una estrategia que contempla “trabajar con el empresariado nacional” y la reactivación de “empresas que estaban quebradas e incluso que se habían expropiado”, que se han “devuelto a los privados en asociación con el Estado”. Explica que, asimismo, han “lanzado al partido a la calle” a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”. “Esta estrategia tiene apenas un mes, seguramente tiene fallos pero la estamos ajustando y estamos convencidos de que en los meses por venir comenzará a dar resultados”.

Otro de los principales problemas de los venezolanos y que se percibe nada más pisar el país, es el de la inseguridad. Al turista o visitante le recibe una enorme la de coches blindados negros al cruzar la puerta del vetusto aeropuerto internacional de Maiquetía, donde son habituales los ataques a viajeros así como los robos a mano armada. De estas agresiones son víctimas venezolanos y foráneos, prácticamente en cualquier lugar aunque especialmente en las grandes ciudades, lo cual choca con la fuerte militarización que se percibe en todas las esquinas. Como ejemplo: del aeródromo al centro de Caracas hay al menos dos controles militares que realizan inspecciones visuales a todos los vehículos. El Ejército tiene tomada la cuadrícula central de la ciudad, un casco histórico que, paradójicamente, es casi imposible de visitar por los continuos tiroteos, asaltos y robos.

Incluso la zona que rodea la Asamblea Nacional, fuertemente custodiada por militares pero que sorprendentemente apenas realiza controles a quienes acceden a su interior, es una de las más peligrosas de la urbe. El interior elegante y cuidado del edificio neoclásico contrasta con las agresiones que se producen a unos metros con total impunidad y a golpe de pistola. Hay caraqueños de todo tipo de clases sociales que ya nunca van al centro, donde destaca la Torre de David, un moderno rascacielos destruido y ocupado de nuevo –había sido desalojado en 2014–, que fue recreado en la serie Homeland. Es desoladora la imagen del Parque Central, comienzo de la grandiosa Avenida Bolívar presidida por imágenes del sempiterno Hugo Chávez. Cientos de familias viven ocupadas en lo que otrora fueron oficinas de la zona más moderna de la ciudad, o en sótanos o garajes contiguos a la autopista Francisco Fajardo que cruza la capital de este a oeste.

No sabes si vas a llegar”, explica el joven Antonio. Suele salir de su casa de La Urbina, a unos 15 kilómetros de su lugar de trabajo, en Chacao, a las seis de la mañana. “Puede que llegues vivo, que no te pase nada, o que te roben por el camino, que te encuentres con una manifestación y que recibas golpes o una bala perdida. Corres peligro por todas partes, vayas en metro, en autobús o en tu propio carro (coche)”. Caracas siempre ha sido una ciudad insegura, pero según la ONU, en 2015 se convirtió en la más peligrosa del mundo con 119,87 homicidios dolosos por 100.000 habitantes, una cifra en la que no se contabilizan muchos de los asesinatos que se producen en los barrios dominados por la delincuencia.

Sus habitantes confiesan que hace tiempo que no salen a divertirse. A pesar de que Caracas siempre fue conocida por su vida nocturna es hoy una ciudad oscura, que incluso desde un vehículo pone la piel de gallina a partir de las siete de la tarde, cuando se pone el sol, ya que la mayoría de sus calles están completamente vacías. Sus vecinos se reúnen en las casas y rara vez salen a restaurantes o discotecas también por sus precios prohibitivos. Muchos de estos establecimientos tienen colgado un cartel que dice “zona libre de armas”, lo cual refleja la presencia y cotidianidad con la que circulan pistolas y metralletas por las calles de esta urbe en la que habitan más de nueve millones de personas.

ni llevar relojes, joyas o ropas ostentosas, pero nada impide que les atraquen a punta de pistola en cualquier momento. Tampoco hacen deporte por la calle y echan de menos pasear. En las zonas más ricas, el peligro es el secuestro, del que son víctimas también muchos extranjeros por los que los malandros (delincuentes) llegan a pedir sumas de dinero que superan los 500.000 dólares. Emérito Salazar, otro trabajador que ronda la cincuentena y que se muestra “decepcionado” con el chavismo, sólo sueña con que sus hijos puedan “estudiar y crecer en libertad. Que puedan andar por las calles normalmente”. Él vive en El Limón, al lado de la autopista que une Caracas y La Guaira, otra de las zonas críticas de la metrópoli. Su trayecto al trabajo es, también, una carrera de obstáculos y de supervivencia.

“La inseguridad no es una incomodidad. Es una enfermedad que pone en severo peligro a la población que vive en la cuadrícula urbana y que coloca bajo una tiranía horrenda a la mayoría del país que vive en los barrios”, señala Chuo Torrealba. Estas zonas de infraviviendas ocupan en Venezuela unas 170.000 hectáreas y en ellas viven unos 16,5 millones de personas. “Si fueran un país serían el octavo o el no- veno de América Latina, con una población empatada con Chile” advierte el máximo representante de la oposición. Él lamenta que para toda esa gente “el gobierno real y efectivo” no sea el de Maduro. “Quien decide quién entra, quién sale o quién paga, o incluso quién vive o quién muere, es el gobierno del hampa”, la delincuencia organizada que aterroriza a los sectores más pobres de la república bolivariana.

El Ejecutivo venezolano llegó incluso a crear las mal llamadas “zonas de paz”, que son aquellas a las que la Policía no entra porque el orden lo establece la delincuencia. Se da la circunstancia de que ese hampa dispone de mejores armas –incluso granadas– que los agentes oficiales. Ante esta situación Torrealba lamenta que el Estado haya “abdicado como garante de la seguridad” y por eso reclama “un sistema de administración que, en vez de distribuir venganzas administre justicia, y cárceles que sean elementos de castigo y reinserción”. Enérgico y visiblemente involucrado e ilustrado en el problema de la inseguridad, el líder opositor trata de explicar con una pizarra que la reurbanización de los barrios facilitaría las cosas, ya que al ser ahora un entramado de callejuelas y escaleras el control de la delincuencia es total, y el acceso de servicios públicos, policías, bomberos o ambulancias, es prácticamente imposible.

De seguridad sabe David Smolansky, alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, uno de los más seguros de la capital desde que él llegó al municipio, uno de los más bellos y, también, uno de los que tiene la renta per cápita más alta. Situado en una de las partes elevadas de la ciudad, destacan su plaza de estilo colonial y sus restaurantes, turísticos y cuidados, pintados de colores vivos y con atractivas cartas de gastronomía local. El regidor es un joven entusiasta de Voluntad Popular, que no tiene duda de que el sucesor de Maduro debe ser Leopoldo López. Explica que “El Hatillo pasó de ser el municipio con más secuestros per cápita de Venezuela al de menos raptos en el área metropolitana de Caracas”.

¿Qué se hizo para lograr esa mejoría? “Principalmente la reinstitucionalización de la Policía, lo que ha provocado que hayamos tenido que destituir a hasta 41 funcionarios por malas prácticas, abuso de poder o falta al servicio”, apunta Smolansky, que añade que, además, han mejorado los sueldos y los bene cios de los policías haciendo que, por ejemplo, sus hijos dispongan de seguro sanitario hasta los 18 años. “También hemos mejorado los equipos de la Policía, dándoles uniformes, radios, linternas, chalecos antibalas o nuevas armas, y realizamos un mantenimiento permanente de las unidades”. Más que de dinero –El Hatillo destina el 21% de su presupuesto a seguridad– el alcalde habla de “voluntad política, determinación” y de “saber priorizar y planificar”.

A su juicio, “la raíz de la violencia en Venezuela es la impunidad del poder judicial. El delincuente se siente protegido. La crisis económica y la escasez de alimentos también han hecho que aumenten los delitos, igual que los apagones eléctricos, porque al delincuente se le hace mucho más fácil actuar”. Smolansky ya sabe qué haría en esta materia si en algún momento llega al Eje- cutivo. Y cree poder acabar con la inseguridad en “no más de cuatro o seis años”. Para lograrlo plantea una reforma de la justicia, reinstitucionalizar las policías pero también “promover programas culturales y deportivos” para que los jóvenes puedan salir de la espiral de violencia, así como “reinventar el sistema penitenciario”.

Desde el oficialismo, Freddy Bernal reconoce que el de la violencia, agravada según la población desde que Maduro llegó al poder, es “un problema complejo y multifactorial” y asegura que ya han comenzado un plan, que se llama OLP, “para enfrentar a bandas criminales que tienen una estrategia muy particular: se han organizado con etiquetas paramilitares y han decidido ocupar territorios, desplazar al estado y asesinar a hombres de la fuerza pública para causar terror”. El Ejecutivo sostiene que está “dando la batalla” en esta materia. “No digo que la vayamos a ganar de un día para otro porque no es un problema sólo policial. Primero hay que hacer frente a las mafias, segundo recuperar esos territorios para la paz y tercero transformar el entorno para que los niños que van creciendo no sigan los ejemplos de las bandas criminales. Es un problema complejo pero somos optimistas y estamos apuntando las soluciones en el camino correcto”.

de estallar la completa la crisis política abierta a raíz de la victoria de la oposición en diciembre que dio pie a su control en la Asamblea Nacional, pero agudizada espe- cialmente después de que la cámara aprobara una ley en abril –justo cuando se cumplió la mitad del mandato de Maduro– para impulsar un referéndum revocatorio del presidente, previsto en la Constitución. Se presentaron 1.800.000 firmas ante el Consejo Nacional Electoral, controlado por el Gobierno, que rechazó la consulta alegando fallos de forma y de plazos. Sin ese referéndum, la Mesa de Unidad no tendría otra opción de expulsar a Maduro, cuya popularidad sigue descendiendo según las encuestas, al menos hasta las elecciones presidenciales de 2019.

En Caracas no hay apenas semana en la que no coincidan marchas a favor y en contra del Gobierno. Pero sólo estas últimas son duramente reprimidas por el Ejecutivo, que a su vez acusa a la oposición de alentar la violencia. Los grupos contrarios al chavismo denuncian que existen hasta 115 presos políticos que, explican, sufren torturas, vejaciones y tratos inhumanos de todo tipo en prisión. Su cabeza visible es Leopoldo López, líder del joven partido socialdemócrata Voluntad Popular, recluido en la prisión de alta seguridad de Ramo Verde, escondida tras un cerro del municipio de Los Teques, y a quien le visita puntualmente su esposa Lilian Tintori, símbolo para las familias de estos presos. López está acusado de alentar las protestas de 2014 que provocaron distintos disturbios a lo largo del país.

“Han inhabilitado a todo el mundo. El Gobierno está cerrando todas las vías constitucionales y está acorralando al país porque es la gente la que está sufriendo en los hospitales o la que no tiene agua”, advierte Ismael García, diputado por Primero Justicia. Él sí cree que “en Venezuela puede haber una explosión social, un levantamiento militar hasta promovido por ellos mismos [el Gobierno] para tratar de salvarse históricamente y no dar la cara por la tragedia a la que nos han llevado, producto de la corrupción”. García, que pasó de apoyar a Chávez a convertirse en uno de sus principales adversarios, en 2007, aboga por la movilización, aunque reconoce que el Ejecutivo ha aprobado sucesivas leyes para impedir protestas en distintos lugares. “Eso es cerrar todos los caminos democráticos y abrir el camino a la confrontación”, concluye.

¿Está, por tanto, Venezuela, a las puertas de un estallido o una intervención violenta? Chuo Torrealba cree que no. “Aquí viene cambio no porque la oposición la promueva y no porque el Gobierno lo permita. Viene más allá de los discursos políticos y está determinado por la realidad económica y social del país. Esto no se aguanta. Al Gobierno de Maduro no lo está tumbando nadie. Se está cayendo sólo. Maduro no se ha dado cuenta de que él no preside un Gobierno, preside una catástrofe, y la dinámica del cambio tiene los tiempos cada vez más cortos”.

Como líder de la mesa opositora, a él le preocupa que esa transición tenga un cauce democrático que permita que sea un cambio para bien, y para ello “es preciso que sea un cambio construido con los votos del pueblo y no un desenlace con la sangre del pueblo”. Torrealba se manifiesta como “profundamente optimista” en este sentido, y aporta sus razones. Explica que “en Venezuela hay una altísima violencia social, pero la violencia política ha sido sistemáticamente rechazada tanto por el pueblo oficialista como por el opositor”. Apunta, asimismo, a “la conducta del estamento militar”, sobre todo después de la victoria de la oposición en las urnas en diciembre, porque asumieron el resultado. Finalmente, la situación internacional y, en especial, la de América Latina, con los cambios de gobierno en Argentina o las tendencias que se vislumbran en Bolivia, Ecuador o Brasil. “Los pueblos y las élites políticas han metabolizado los daños y los estragos del populismo y han entendido la necesidad de construir prosperidad y calidad de manera sostenible. Saben que tras haber vivido estas décadas de demagogia hay que enseriarse”.

Freddy Bernal defiende la gestión del chavismo y no cree que haya ninguna razón para el cambio. Asegura que cuando Chávez llegó al Gobierno “había un 80% de pobreza, un 43% de pobreza crítica y un 11% de indigencia. Había 12 millones de personas que no sabían ni leer ni escribir, sólo el 65% accedía al agua potable y el derecho a la vivienda era casi inexistente. Sólo en un año alfabetizamos a un millón y medio de personas. En 17 años de revolución hemos creado 70 universidades. De 15 que tenía la Cuarta República a 70. Somos la quinta matrícula universitaria del planeta Tierra y la segunda de América, y el país del continente con el mayor nivel de protección social de los ancianos. Además, la nación ha entregado a los sectores más humildes en los últimos años más de un millón de viviendas y estamos construyendo 500.000 más.

Y hemos dado un salto adelante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. Él asume varios retos de futuro, como “recuperar la paz controlando las bandas criminales”, o la construcción de tres millones de viviendas”, así como “reactivar el aparato productivo nacional y no depender exclusivamente de la importación”. Se muestra convencido de que “la conciencia” del pueblo “va a superar las dificultades circunstanciales y los tiempos por venir han de ser mejores”. Preguntado por la posibilidad de que se produzca un diálogo entre Gobierno y oposición como el que han pedido durante sus visitas a Venezuela expresidentes como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero o Albert Rivera, Bernal asegura que esas conversaciones “siempre” son necesarias aunque carga contra la oposición y justi ca el encarcelamiento de Leopoldo López al considerarle el instigador de “una acción de la derecha venezolana que se llamó La Salida y que consistió en incendiar el país”, causando la muerte a “un buen número de guardias nacionales y policías” así como a“44 ciudadanos”.

Explica que, en ese momento, Maduro “extendió la mano a la oposición y la llamó al diálogo al Palacio de Miraflores”, pero acusa a los opositores de “una doble jugada” por conversar y “de forma paralela estar incendiando el país”. Bernal alienta las sospechas sobre una posible intervención extranjera acusando a los antichavistas de estar “jugando con elementos extranjeros, del departamento de Estado norteamericano”, para derrocar a Maduro. “Quieren generar una explosión social porque saben que por los caminos institucionales no es posible y no porque nosotros no queramos. Aquí hay una Constitución y un Estado de Derecho”. Insiste en que la revocación del presidente se podía haber hecho “a través del referéndum, pero no se acoplaron a los plazos que señala la Constitución”. Por eso emplaza a la oposición a “que esperen el momento en el que haya elecciones [las presidenciales de 2019] y si ellos mantienen una mayoría circunstancial nos la ganarán y nosotros nos iremos a una oposición democrática. Pero pretender generar caos con una intervención extranjera para poder obtener el poder no lo vamos a permitir”.

La oposición asegura que el chavismo tiene los días contados. “Aquí hay gente que se creyó en algún momento aquel cuento de que el proceso político venezolano tenía como líder a una suerte de Robin Hood que les quitaba a los ricos para darles a los pobres”, recuerda Chuo Torrealba. “17 años después te encuentras la realidad, que es que Venezuela es un país en el que el Gobierno administró un billón de dólares provenientes del petróleo y hoy entrega un Estado sin alimentos ni medicinas. Obviamente no tenías un Robin Hood, tenías un Hood Robin que le robaba a todo el mundo y solamente se enriquecía él”.

El dirigente opositor niega la mayor cuando se le menciona el fantasma de la intervención extranjera o militar, y argumenta sus razones para defender un cambio exclusivamente por las vías democráticas. “Queremos cosas tan modestas como buenos gobiernos, transparencia administrativa, separación de poderes, calidad de vida y construcción de prosperidad. Y a eso no se llega por la vía de la hecatombe sino por la vía de la construcción y del consenso democrático”.

de una Venezuela fuertemente dividida, que ve cómo mientras el chavismo y la oposición endurecen sus posturas antagónicas haciendo casi inviable el diálogo que les piden desde organismos internacionales de diferente signo político, el pueblo agoniza y se desespera. Pero la falta de acercamiento y la ausencia de esas conversaciones agrava la crisis económica y social. El diálogo se presenta como la única vía para eludir el estallido social y el fan- tasma del golpe de Estado.

A pesar de la radicalización, los venezolanos ejercen su naturaleza optimista. Respiran esperanza aunque sienten cierto apuro cuando piden a sus colegas o familiares extranjeros que les lleven desodorantes o papel higiénico. No los encuentran en su país. También con moderado sonrojo guían al extranjero por los lugares más seguros de las ciudades. Con fastidio, asumen los cortes de luz y de agua. Pero todos confían en que está por llegar un futuro mejor sin colas en los supermercados, con abundante comida y con libertad para salir a bailar o a pasear. Un futuro que pasa por el diálogo, la empatía y la igualdad.