Venezuela: campo de batalla

Por Cambio16
11/04/2016

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Venezuela es ya un campo de batalla. Las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, controlado por jueces afines al Gobierno de Nicolás Maduro, han provocado el estallido social en el país que ha visto en los últimos años el paso de una democracia parlamentaria a una dictadura autoritaria que vulnera la separación de poderes y los derechos más básicos de los ciudadanos y que se ha visto agravada por la falta de alimentos y suministros.

El país cumple ya más de un año de crisis humanitaria severa, que ha hecho, por ejemplo, que cada vez sean más los ciudadanos que tengan que comer de la basura o que la escasez de medicamentos provoque graves problemas de salud e incluso muertes prematuras. A todo ello se le suma la corrupción institucional que hace que, por ejemplo, solo sea posible obtener el pasaporte sobornando a funcionarios públicos.

Pero la gravedad de la situación se ha multiplicado en las últimas horas a raíz de las protestas convocadas por la oposición después de que el TSJ intentara a finales de marzo anular todas las competencias de la Asamblea Nacional, el Parlamento del país en el que los partidos de la oposición son mayoría tras las elecciones de 2015. Las marchas han sido duramente reprimidas por el Gobierno, provocando la repulsa internacional e incluso de la ONU.

Este martes, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell, emitía un comunicado en el que hacía un llamamiento al Ejecutivo de Maduro ante las mencionadas vulneraciones. «Estamos preocupados por los informes sobre (actos de) violencia durante las protestas. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que se asegure que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión», apuntaba.

El mensaje iba especialmente dirigido a las fuerzas de seguridad «para que operen en concordancia con los estándares internacionales sobre derechos humanos». Aunque también ha tenido palabras para los manifestantes, a quienes les ha pedido que «usen medios pacíficos para hacer oír sus voces». No obstante, Throssell también hace una mención a la falta de independencia judicial al pedir que «una investigación independiente» sea la que investigue sobre la muerte del joven Jairo Ortiz, de 19 años, fallecido en medio de las protestas y sobre el que discuten Gobierno y oposición.

Fue el pasado 30 de marzo el TSJ emitió una sentencia en la que dejaba sin competencias a la Asamblea Nacional al acusarle de desacato por incumplir varias sentencias. El Alto Tribunal asumía así todas esas competencias de la cámara. No obstante, la reacción de la oposición, manifestada ese mismo día por el presidente de la Asamblea, Julio Borges, fue calificar lo sucedido de “golpe de Estado” o “autogolpe” de Maduro y emplazó al pueblo a salir a las calles.

Ante el revuelo causado, las protestas y la contestación internacional, el 1 de abril el Supremo decidió dar marcha atrás y anular su sentencia, restableciendo la mayoría de los poderes de la Asamblea.

La solución, elecciones

Pero la arbitrariedad con la que actuó el Supremo ya había logrado unir de nuevo a la oposición en torno a la Mesa de Unidad Nacional (MUD), que se había roto durante las negociaciones del Gobierno. La MUD es la que está convocando las protestas y marchas que tienen como objetivo la dimisión o la expulsión de siete miembros del Tribunal Supremo elegidos a dedo por el Gobierno a los que acusan de haber perpetrado ese “golpe de Estado”.

Además de esa exigencia, la MUD ha puesto encima de la mesa la necesidad de que se ponga en libertad a todos los presos políticos y la restauración de la elegibilidad de los líderes opositores inhabilitados. También reivindica la convocatoria inmediata de elecciones, tanto las que elegirán a los gobernadores –que debieron celebrarse el año pasado– como las presidenciales, ambos procesos negado e impedidos por el Ejecutivo.

La de las urnas es también la salida que reclaman líderes y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo presidente reclama la aplicación de la Carta Democrática al país, lo que implicaría la salida del país de dicha organización.

El Gobierno de Maduro, en respuesta a las protestas, está acusando a los líderes opositores de incitar a la violencia –la misma acusación que se hizo a Leopoldo López, encarcelado desde hace más de tres años– llegando a inhabilitar a dirigentes como Henrique Capriles o Freddy Guevara. Las marchas más multitudinarias, que se repiten desde el domingo, están siendo duramente reprimidas por la Policía, que impide su circulación con disparos y botes de humo.