Vecinos de Cerezo de Abajo, Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba y Duruelo, en el noreste de Segovia, se mantienen en las calles en protesta por el proyecto de explotación de una mina de cuarzo. Su instalación, de aprobarse, se levantaría a cielo abierto afectando en más de 1.692 hectáreas los terrenos de esos seis municipios.
Todo empezó con Explotación de Rocas Industriales y Minerales S.A. (Erimsa). Una empresa gallega, ubicada en A Coruña, que solicitó a la Junta de Castilla y León autorización para explotar terrenos en la zona del nordeste de Segovia. Su objetivo es extraer cuarzo del subsuelo durante los próximos 30 años, prorrogables según la Ley de Minas.
Para ello, plantean una mina a cielo abierto que abarcaría una superficie equivalente a 2.785 hectáreas, de las que al menos 1.692 hectáreas serán explotadas. El equivalente a más de 2.000 campos de fútbol. La empresa gallega es una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar.
De acuerdo al proyecto presentado su propósito es la obtención de cuarzo para uso metalúrgico y para la exportación a Noruega y otros países. El proyecto también estima una creación de empleo para la zona de 30 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
A raíz de esta propuesta, vecinos y autoridades se han organizado en la Plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano. En ese movimiento hay agricultores, ganaderos, ciudadanos y visitantes. Cuenta con el apoyo de los alcaldes de los 6 municipios afectados que están preparando alegaciones para que no prospere el proyecto. Consideran que atenta contra el medioambiente, las actividades tradicionales en la zona y la transición ecológica.
Segovia protesta por una mina de cuarzo
Según el censo de 2022 Barbolla, Duruelo, Castillejo de Mesleón, Sotillo, Cerezo de Abajo y Cerezo de Arriba suman 728 habitantes empadronados.
Pero las concentraciones y los centenares de alegaciones que se están presentando muestran a la administración la clara oposición a este proyecto. Por lo que, a decir de los vecinos, debería replantearse la idoneidad de estos proyectos tan destructivos para la comunidad. El porcentaje tan alto de terreno que modifican de cada municipio hace imposible que no perjudiquen el modo de vida de sus pobladores.
“No es una oposición a la minería. Es una oposición a quienes vienen a esquilmarlo todo, a expoliar una vez más el territorio. Es una llamada a quienes pueden detenerlo para que no dejen que la España Vaciada sea, además, la España Sacrificada”, añaden desde la plataforma.
Ecologistas en Acción u otras organizaciones ambientales contra la minería depredadora están apoyando a la Plataforma. Sostienen que este tipo de explotaciones no contribuyen a solventar el problema de la España rural.
La explotación de la mina de cuarzo que se pretende construir en el noreste de Segovia abarcaría una superficie muy amplia afectando a los términos municipales de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo.
Asimismo, el Comité Provincial de la Unión de Campesinos de Segovia-UCCL tomó la decisión de apoyar el movimiento vecinal contrario al proyecto de mina de cuarzo de la empresa ERIMSA. Decisión que se vio ratificada tras la reunión mantenida la semana pasada con agricultores y ganaderos de la zona y vecinos, reseñó EfeVerde.
Impacto al medioambiente y a la salud
En el Comité argumentan que de la gran extensión de terreno afectada, la concesión de explotación ocuparía y excavaría 1.692 hectáreas.
El impacto en los suelos y la agricultura sería contundente, advierte. Con el cribado y la extracción de todos los materiales de más de 40 mm de diámetro destruiría la estructura del suelo. Y alteraría profundamente sus propiedades, que son básicas para la producción agrícola: porosidad, capacidad de retención de agua, riqueza en materia orgánica, fauna edáfica, entre otros.
Añaden que, además de no poder sembrarlas en los años que las estén explotando verán reducida su capacidad productiva durante muchos años más. Tampoco podrán ser usadas para justificar derechos de la PAC mientras estén siendo usadas para la extracción de mineral.
A todo esto, hay que sumar las implicaciones que tendría en la salud de las personas, en los ríos, el turismo rural, la alteración del paisaje. Sin dejar de lado que buena parte de la superficie afectada está incluida en la red europea de conservación Natura 2000.
En las protestas, vecinos y organizaciones señalaron los imprevisibles riesgos sanitarios a medio y largo plazo derivados de la contaminación del aire y el agua.
Los pobladores suscriben todas las alegaciones presentadas ante la administración y animado a toda la ciudadanía a ayudar en la lucha de esta comarca prestando alegaciones como particulares y colectivo.
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