En algunas regiones de España se está polemizando en torno al establecimiento masivo de parques fotovoltaicos. Ciertamente hay consenso sobre sus bondades para frenar el cambio climático y, sobre su afectación a la actividad del campo. La UPA lanza una propuesta para evitar este choque de opiniones y buscar una vía de conciliación.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León propone una normativa que defina los términos para instalar plantas solares. En principio, sugiere que estas energías renovables se levanten en terrenos no aprovechables para labores agrícolas.
La agrupación es partidaria de una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica. E incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen.
España, junto al resto de los países europeos, están comprometidas a impulsar las energías renovables, en el contexto de planes, metas y fondos de recuperación. El objetivo común es que en 2030, el 32 % de la energía final consumida provenga de renovables.
Tal vez en el cumplimiento de esos retos, Castilla y León ha perdido en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas. Por esa razón, advierte UPA, deben blindarse los terrenos de cultivo frente la ansiedad privada. Y el afán de las propias administraciones locales por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural.
Esta circunstancia, destaca la Unión, “agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos”.
UPA y los parques fotovoltaicos
La UPA de Castilla y León anticipa que este boom de las renovables y, en particular de parques fotovoltaicos, ha llegado al campo. Prácticamente de todas las comunidades autónomas. Advierte que su loable objetivo de acrecentar las energías limpias está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelos.
El gremio agrario argumenta que este hecho puede ser nocivo para la agricultura y ganadería. Considera además, que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad. Las administraciones están obligadas a establecer medidas legislativas en tal sentido, para potegerlas.
La UPA solicita tanto al Gobierno central como a la Junta de Castilla y León que adopten medidas de apoyo para las explotaciones familiares agrarias ante la proliferación de parques fotovoltaicos o solares.
Asimismo rechaza el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, productivos y cultivables, para instalar esos equipos.
Upa Castilla y León apuesta por las energías renovables. Pero reclama una legislación que regule la construcción de esas infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola.
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