Por Cambio16
13/04/2017
Unicef ha publicado en su informe ‘Children of Austerity‘ que España es el tercer país de la Unión Europea con un nivel de pobreza infantil más elevada, tanto en pobreza anclada como severa. Los únicos países que la superan son Rumania y Grecia.
Además, España es el tercer país, junto con Letonia y Chipre, en el que más ha aumentado la diferencia entre la protección social a los mayores de 65 años y la que se proporciona a los niños. Es decir, durante la crisis se ha protegido de manera mucho más eficaz a los mayores que a los niños. Según datos de la Contabilidad Nacional Anual de España, recogidos por Unicef Comité Español, la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en 11.500 millones de euros entre 2009 y 2015.
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En el capítulo dedicado a España se hace referencia a:
• La elevada pobreza severa entre los niños y el crecimiento de la inequidad. La pobreza infantil ha aumentado de manera notable, pero ha crecido especialmente -un 56%- en los hogares con niños más pobres, es decir, aquellos en los que viven cuatro personas (2 adultos y 2 niños) con menos de 700 euros al mes u 8.400€ al año.
• España es el tercer país, junto con Letonia y Chipre, en el que más ha aumentado la diferencia entre la protección social a los mayores de 65 años y la que se proporciona a los niños. Es decir, durante la crisis se ha protegido de manera mucho más eficaz a los mayores que a los niños.
• Los hogares con niños, las familias numerosas, las monoparentales y los adolescentes han sufrido de forma especial el impacto de la pobreza.
En cuanto a las políticas de respuesta a la crisis en España, se llama la atención sobre la poca capacidad que han tenido para atajar la pobreza infantil. El conjunto de las políticas de protección social está muy fragmentado, poco orientado a los niños y resulta poco equitativo. Esto se debe, entre otras causas, a que está muy ligado a ayudas relacionadas con las contribuciones a la Seguridad Social y a que muchas de las ayudas familiares son en forma de desgravaciones fiscales, de las que no se benefician los hogares con menos recursos.
Según Children of Austerity para mejorar la escasa protección social a la infancia en España, una medida fundamental sería poner en marcha una prestación por hijo a cargo mucho más generosa y que llegase a un colectivo más amplio, si no universal. Esta es precisamente la medida que lleva demandando UNICEF Comité Español desde el año 2014.
Gabriel González-Bueno, experto en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, ha señalado que “abordar en España la pobreza infantil como política de Estado no puede esperar más. Demasiados niños y niñas en España ya han pasado su infancia en medio de la recesión, en la pobreza y en la privación. Todavía hay una oportunidad para que los presupuestos de 2017 comiencen a cambiar esa tendencia”.
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Un problema global
Children of Austerity combina una perspectiva comparativa entre los 41 países de la UE y la OCDE, con 11 exhaustivos estudios de caso por país realizados por investigadores nacionales. El análisis va más allá de los promedios nacionales, con datos desglosados en función de características clave de los hogares y de las condiciones locales.
Los estudios de caso por país se centran en Bélgica, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El análisis de un diverso número de experiencias proporciona lecciones muy valiosas sobre la protección de los niños durante crisis económicas, ya que los países seleccionados cubren un amplio espectro, en términos de sus circunstancias previas a la crisis, la gravedad del impacto de ésta dentro de sus fronteras y las políticas de respuesta nacionales.
Lanzamos el primer estudio internacional sobre los efectos de la crisis en niños de países ricos https://t.co/3vBv8g5o7F #YoPidoPacto pic.twitter.com/ovk70Uq8Ut
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Entre las conclusiones principales del informe están:
– La reciente crisis económica y la consecuente austeridad han golpeado especialmente fuerte a los niños. Entre 2008 y 2014, la pobreza infantil aumentó en dos tercios de los países europeos. El incremento fue de más de 15 puntos porcentuales en Chipre, Islandia y Grecia, y de 7-9 puntos porcentuales en Hungría, Italia, Irlanda y España.
– No se invirtió en las familias y en los niños en Europa cuando más se necesitaba. Ni un solo país europeo aumentó la media de gasto en prestaciones para las familias, y dos tercios redujeron el gasto per capita, mientras que las prestaciones a las pensiones aumentaron de manera generalizada entre 2010 y 2013. Según datos de la Contabilidad Nacional Anual de España, recogidos por UNICEF Comité Español, la inversión en protección social en familias e infancia se redujo en 11.500 millones de euros entre 2009 y 2015.
– Los recortes en salud, educación y otros servicios públicos perjudicaron a las familias con hijos. Las estadísticas de pobreza por ingresos enmascaran otras formas de privaciones. Las tasas de “necesidades médicas desatendidas” aumentaron de manera significativa entre los hogares pobres en Grecia. En España, los recortes en sanidad y educación afectaron a los niños.
– La crisis y la austeridad resaltaron las marcadas desigualdades regionales. La pobreza infantil ‘anclada’ aumentó al 50% en el sur de Italia entre 2008 y 2014. En Irlanda del Norte la tasa de pobreza infantil pasó del 23 al 27%, mientras que en Escocia, Inglaterra y Gales descendió entre 2 y 4 puntos.
– La pobreza infantil no aumentó en Estados Unidos tanto como se esperaba. La pobreza infantil ‘anclada’ solo sufrió un leve aumento, mientras el desempleo prácticamente se duplicó. La ampliación de la cobertura de la red de Seguridad Social durante la crisis amortiguó el impacto de ésta en las familias con hijos.
Según Children of Austerity, la experiencia antes y durante el peor periodo de la crisis muestra cómo es posible mantener una estructura bien orientada de ayudas sociales para familias con hijos. Aunque estas ayudas no son una panacea, son un elemento potencialmente muy eficaz para la red de seguridad social global, tanto para familias trabajadoras como no trabajadoras. Estas ayudas deben formar parte de una estrategia anti-pobreza coherente, que incluya no solo la protección social sino también el empleo, la educación y las políticas de cuidado infantil.
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