El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el programa de caza del lobo 2016-2019; declarando «ilegal» la muerte de 91 ejemplares. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) recurrió el plan porque «no consta ningún estudio técnico, científico y objetivo que avale el estado de conservación del lobo y que justifique las capturas autorizadas».
ASCEL ha registrado una petición de complemento a los 91 lobos muertos reconocidos de 2016, a los que «hay que añadir los 82 del año 2017, antes de que se procediera por la Sala a una suspensión —a instancias de ASCEL— en la temporada 2018».
La sentencia da la razón a la organización ecologista ASCEL y admite que «es incuestionable el daño al medio ambiente causado». Por este motivo condena a la Junta de Castilla y León al pago de 842.751 euros, 9.261 euros a razón de cada lobo muerto en 2016.
Para ASCEL «el panorama es desolador, porque desde el año 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar (matar) lobos son ilegales. Centenares de ejemplares irremplazables muertos al margen de la Ley. La compensación económica establecida supone, en su finalidad, un cambio de rumbo histórico».
Piden la dimisión del consejero
Los ecologistas piden la dimisión del consejero de Fomento y Medio Ambiente, el popular Juan Carlos Suárez Quiñones, al que acusan de «burlar a los tribunales y ocultar sus errores».
«No cabe pensar que el actual Programa de Aprovechamientos Comarcales 2019-2022, calco deteriorado del ahora anulado, sin respaldo del Plan del Lobo (anulado), ni del Decreto de Caza (anulado en lo que al lobo toca), pueda tener distinto fin. Y en intentar que ese fin suceda cuanto antes, para evitar más muertes inútiles«, añade ASCEL.
Por su parte, Ecologistas en Acción valora que «la conservación del lobo y su problemática con la ganadería se pueden resolver. Por desgracia, la Junta de Castilla y León y Suarez Quiñones lo están empeorando adoptando medidas y aprobando normas ilegales», tal y como reconoce la sentencia judicial.
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