Una reforma constitucional que blinde los derechos humanos

Por Benito Guerrero

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado la campaña «Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53«, con la que se fijan un objetivo claro: una reforma constitucional que garantice la protección de los derechos humanos. Estas organizaciones afirman que hay derechos de primera y de segunda dentro de la Carta Magna y que esta división tiene consecuencias directas sobre la población más vulnerable. Las tres organizaciones recogerán firmas en blindatusderechos.org para presentarlas posteriormente a los partidos políticos y así concienciarles de que es una propuesta clara y contundente de toda la sociedad civil. En la web se encuentran recogidos todos los datos referentes a la campaña.

La campaña es consecuencia de un estudio que sitúa a España como el segundo país más desigual de la Unión Europea con 760.000 personas sin ingresos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha cuestionado la efectividad de la Constitución en lo relacionado al artículo 53 -de los derechos y deberes fundamentales-, aunque ha valorado positivamente la función que ha desempeñado desde su entrada en vigor. «Detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 600.000 procesos de ejecución hipotecaria y con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1» ha señalado Beltrán.

Desde esta organización quieren que los partidos políticos se comprometan a reformar la Constitución de manera que se garanticen todos los derechos humanos. Para ello, las tres organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del mencionado artículo 53, «responsable de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o la libertad».

El director de Oxfam Intermón, José María Vera, ha emplazado al próximo gobierno a vigilar que las empresas españolas que trabajan también fuera de nuestras fronteras respeten los derechos humanos. Otro de los objetivos de esta campaña es incorporar en la Carta Magna el derecho a una renta básica, ya que en España hay un gran número de personas en riego de exclusión social. En la actualidad solo la República Checa recoge en su legislación este derecho.

«Lo que estamos pidiendo es una reforma del artículo 53 para que estos derechos gocen de unas garantías mas estables», ha subrayado Vera. Otro de los puntos importantes que la campaña tiene como intención mejorar la financiación y que consideran que «no es suficiente». Se suman a las tareas pendientes las mejoras del derecho a la información y la participación ciudadana.

Mario Rodríguez, de Greenpeace España, ha sido el encargado de explicar las propuestas referidas a medio ambiente. Ha destacado que España invierte doce millones de euros en la lucha contra el cambio climático, una cantidad que considera insuficiente. «Los incumplimientos de la normativa ambiental son constantes en nuestro país. Por ello, el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho fundamental a un medio ambiente saludable y adecuado es imprescindible para otorgar al medio ambiente la importancia que merece» ha explicado Rodríguez.

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Por tanto y conforme al Derecho Internacional, cada una de las organizaciones en su ámbito de especialización piden una reforma de 24 disposiciones de la Constitución que proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas, potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable, mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, incorpore el derecho a la renta básica, garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos con una financiación suficiente y mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideran protegidos insuficientemente. Además, piden que se reconozca el derecho de asilo y la prohibición expresa de la pena de muerte en todos los actos.

Las tres organizaciones han denunciado que los derechos humanos no pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, y denuncian que «durante la crisis se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derecho, precisamente cuando la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca».