Una legislatura en blanco

Ya lo reconoció el propio presidente del Congreso, Patxi López, el pasado jueves en el último pleno de la XI legislatura cuando señaló que las propuestas legislativas que se han discutido estos meses no se convertirán en leyes pero al menos sí servirán para marcar el camino para la próxima Cámara que salga de las urnas.

Los números generales dan idea del entusiasmo con que los «nuevos partidos» y también los «viejos» han trabajado desde enero.

Según los datos recopilados por Efe, en cuatro meses se han presentado 230 proposiciones no de ley para su debate en pleno y 701 en comisión.

Llama la atención que pese a la falta de acuerdo para la investidura y la formación del Gobierno, sí ha existido un relativo consenso a la hora de aprobar las pocas iniciativas que se han llegado a debatir.

De las 230 proposiciones no de ley dirigidas al pleno, sólo se han debatido doce aunque se han aprobado nueve. En comisión se han debatido 197 de las 701 presentadas y se han aprobado casi todas: 176.

Peor suerte han tenido las proposiciones de ley, las normas con rango de ley a propuesta de los grupos parlamentarios.

Se han presentado casi cuarenta pero sólo cinco han llegado a dar su primer paso parlamentario: la admisión a trámite por el pleno. Todas ellas, las aprobadas y las que no, decaen este martes.

El PSOE ha sido el partido más activo, con diez proposiciones de ley, seguido de ERC, con seis; Podemos con cinco, y Ciudadanos, DiL y PNV, con cuatro cada una. El PP sólo ha presentado una.

Tampoco el Gobierno, al estar en funciones, ha utilizado su capacidad para promover proyectos de ley y sólo ha remitido al Congreso un decreto ley para su convalidación.

El pasado jueves, el último pleno de la legislatura dio luz verde al decreto que prorroga un año más la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con responsabilidades familiares, lo que la convierte en la única ley que pasará al BOE en cuatro meses.

Junto a este decreto, las únicas propuestas que van a sobrevivir a la disolución de las Cortes serán las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que han entrado en la Cámara y la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana que ya pasó por el pleno y que continuará su tramitación después de las elecciones.

La que también decae sin haber empezado siquiera a poner en marcha sus primeros trabajos es la Comisión de Investigación sobre las irregularidades y la falta de medios para el voto de los españoles en el extranjero, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Caso aparte y no sin polémica ha sido la labor de control al Gobierno en funciones. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han intentado con escaso éxito que los miembros del Ejecutivo acudieran al Congreso para dar explicaciones sobre los más diversos asuntos.

El Gobierno se ha negado una y otra vez argumentando que un Ejecutivo en funciones no está sujeto al control parlamentario al no contar con la confianza de la Cámara, lo que ha derivado en un conflicto de atribuciones entre ambas instituciones que ahora deberá dirimir el Tribunal Constitucional.

En total, se han registrado 103 solicitudes de comparecencia, aunque el Ejecutivo sólo ha acudido en cuatro ocasiones. Una vez el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ante el pleno para dar cuenta de las decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados, y otros tres ministros en comisión.

Algo que sí ha quedado culminado ha sido el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que da luz verde a las actividades privadas de los parlamentarios ajenas a su escaño.

Por poner dos ejemplos, el Congreso ha autorizado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, continúe dirigiendo y presentando un programa en Hispan TV, y también ha considerado compatible el trabajo como actor del diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

Si en el Congreso la actividad ha sido intensa aunque poco fructífera a pesar de los siete plenos y las decenas de comisiones que se han celebrado, en el Senado el resultado es aún más escaso.

En la Cámara Alta, donde el PP ha contado con mayoría absoluta, se han presentado 19 mociones en pleno y 155 en comisión. No se ha debatido ni una sola en comisión, y de las 19 para el pleno, se han debatido 16 y se han aprobado 9.

De las 28 solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno en funciones no se ha llegado a producir ninguna. Peor balance tiene las proposiciones de ley, ya que ningún grupo se ha decidido a presentar ni una sola iniciativa con rango de ley.