por Martí Quintana (México) | Efe
La captura de Joaquín «el Chapo» Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa que hace un mes escapó por segunda vez de una prisión de máxima seguridad, es una misión que se vuelve más complicada con el paso del tiempo. Entre las razones que dificultan su captura están el afianzamiento, a medida que pasan los días, de su escondrijo y de la estructura que lo mantiene oculto, la falta de cooperación del poder judicial, el elevado nivel de corrupción estatal y el interés del Gobierno en pasar la página.
«Es más difícil encontrarlo ahora. Él ya no utiliza teléfonos celulares y controla la operación (del cártel) de forma verbal», dijo el especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.
«Sin duda», señaló, el Chapo sigue en México por el control internacional impuesto tras su fuga de la cárcel del Altiplano I, en el céntrico Estado de México, el pasado 11 de julio a través de un túnel de 1,5 kilómetros, la segunda de una prisión de máxima seguridad tras la que protagonizó en 2001.
Sin embargo, no se aventuró a afirmar que Guzmán se esconde en su natal Sinaloa (noroeste de México), como sí hizo la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) a principios de agosto. «El Chapo puede estar en México, puede haber regresado a Sinaloa porque allí tiene a su familia y sus contactos», declaró el jefe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Chuck Rosenberg.
«Al Gobierno no le interesa recapturar al Chapo. Hay intereses y corrupción de por medio», declaró el especialista en temas de defensa Ricardo Ravelo. Escéptico ante el papel de las instituciones, Ravelo ejemplifica la indignación de la sociedad mexicana ante un caso que, por varias razones, está plagado de claroscuros.
Uno de estos es el papel del poder judicial, que a través de un tribunal federal ratificó este lunes que, de ser apresado, Guzmán no puede ser extraditado a Estados Unidos mientras se resuelve un recurso de amparo contra esa medida interpuesto por su defensa. Washington lo ha incluido de nuevo en la lista de fugitivos más buscados y quiere juzgarlo por decenas de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.
«¿Cómo es posible que a un criminal de esta magnitud le den el amparo?», se preguntó Oliva, quien denunció la «nula cooperación» de la justicia y recordó que los países que lograron resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, como Italia, lo hicieron gracias a la cooperación del sistema judicial.
El cuestionable papel de las autoridades
A este hecho, se le añade que solamente tres funcionarios – el encargado del Centro de Control de la cárcel y dos custodios- serán juzgados por su probable participación en la evasión, de los siete que fueron dispuestos a disposición de un juez y de la cuarentena de personas que rindieron declaración.
Ravelo consideró que los tres procesados pueden convertirse en «chivos expiatorios» en una trama que, según los analistas, implicó a muchas más personas, incluidos topógrafos, constructores del túnel, autoridades e incluso vecinos del penal ubicado en Almoloya.
Para Oliva, ello denota el «cuestionable» papel de las autoridades civiles, como la Fiscalía o la Secretaría de Gobernación, que no trataron el caso «con la severidad» requerida cuando Guzmán fue detenido en febrero de 2014. Además, ningún alto funcionario ha sido apartado de su cargo tras la escandalosa fuga, que provocó la destitución de la coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, y del director del Altiplano I, Valentín Cárdenas.
«Son los militares quienes lo están buscando, mientras que las autoridades civiles no pudieron retenerlo», valoró Oliva. Ello es un símbolo de una estructura policial «poco confiable», agregó Ravelo. En este contexto, la colaboración de países vecinos como Estados Unidos, Guatemala o Colombia, si bien es «clave», muestran la debilidad del país, apuntó Oliva.
La fuga ha evidenciado un México «corrupto y con falta de credibilidad», dijo Ravelo, en contraposición con la versión de la Cancillería, que a principios de agosto afirmó que esta había «reforzado la cooperación» entre el país y Estados Unidos.
De puertas para adentro, hay numerosas críticas en torno al manejo del caso por parte del Gobierno, que al principio ofreció abundante información para luego optar por el silencio. Para Ravelo, el Estado tiene corrupción en todas las esferas de poder y por ello apuesta por «la desmemoria ciudadana».
«Es un error suponer que no hablar de un problema lo resuelve», subrayó Oliva, quien consideró que al principio se hizo hasta apología del crimen cuando se llevó a los medios de comunicación «de tour» por el penal y el túnel. Con el Chapo en libertad y su arresto presumiblemente lejano, ambos especialistas coincidieron en que el sistema de cárteles no registrará grandes mutaciones.
Sin embargo, es probable que aumente el poder del omnipresente cártel de Sinaloa y de una de sus organizaciones hermanas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en meses pasados puso el Estado en jaque con violentos ataques contra las fuerzas de seguridad, agregaron.
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