Jose Mateos Mariscal
A menudo olvidamos que sus problemas son los nuestros, que todos somos uno en un mundo cada vez más pequeño. La emergencia sanitaria impuesta por el coronavirus ha tenido un fuerte impacto económico y social en todos los sectores, pero evidenció una vez más las duras desigualdades estructurales presentes en la sociedad. Es verdad que el virus no discrimina y puede afectar a todos, pero algunos tienen con qué combatirlo y otros no, como los inmigrantes.
Un día cualquiera en Wuppertal, Alemania. Hace mucho frío, muchos comercios continúan cerrados y se ve muy poca gente en las calles. Quienes pueden permanecen en sus casas. Vicente Ramos, de 28 años de edad, transita las calles y recorre los mostradores de alguna institución, pero la mayoría está cerrada. Está buscando una solución para su situación y la de otras 35 familias migrantes que habitan en una pensión de Wuppertal.
Acaba de estafarlos quien vivía allí y enfrentan un proceso de desalojo fijado para el lunes 8 de febrero. «Fui a la intendencia, pero no me dieron certezas. Fui a Fiscalía y estaba cerrada. Tomé un número del Colegio de Abogados para asesorarme y ver qué se puede hacer. Realmente uno no quiere quedarse en un lugar que no es de uno, pero ¿para dónde se puede ir?», se pregunta.
Caritas declara: El desconocimiento de los derechos de las personas migrantes lleva a que «se juegue con su miedo» y que las «exploten con promesas falsas».
«Quiero dejar claro que, aunque no tengas la documentación en regla, no quiere decir que no tengas derechos laborales. Puedes denunciar y tienes derecho a pedir un abogado de oficio con tu pasaporte. A las personas que estén en situación irregular si necesitan asesoramiento les recomiendo que acudan a las ONG».
Inmigrantes denuncian que han sido amenazados y estafados en Alemania
Varias instituciones, entre ellas Caritas, han intervenido y presentarán la denuncia en la Fiscalía. Los inmigrantes que viven en los pisos en Wuppertal dicen que los dueños quieren desalojarlos.
Los problemas empezaron hace varios meses. La habitación que costaba 300 euros hace un año, ahora cuesta 500 euros en plena pandemia del coronavirus. Dejaron de pagar y aseguran que los dueños nunca les dieron recibo y que no tienen autorización para funcionar.
Los inmigrantes denuncian también que no hay limpieza ni mantenimiento, y que el techo del baño le cayó en la cabeza a un emigrante que se fue. Desde que reclaman todo empeoró. Estuvieron 11 días sin agua hasta, que se reconectó por la intervención Cáritas. En Caritas les dijeron que la factura mensual era de 300 euros, y no de 500 como les decían los dueños.
Los inmigrantes dicen que los amenazan y que el viernes pasado personas del entorno de los dueños desalojaron sin orden judicial a dos personas que vivían en Wuppertal, que corresponde a la misma edificación.
El negocio de estafar a familias de inmigrantes pobres en Alemania
Caritas denunció el modus operandi de personas y grupos delictivos que estafan a familias de inmigrantes pobres mediante la venta fraudulenta de habitaciones en construcciones abandonadas y pensiones que no son suyas. Y que después denuncian por ocupación ilegal a los estafados, que los desalojan por orden de la Fiscalía y no pocas veces los acusan penalmente.
Caritas verificó las indignas condiciones de habitabilidad de “un edificio casi abandonado y destruido, sin baños” ni infraestructura mínima del que desalojaron un grupo de 27 personas, incluyendo a 3 menores y bebés, tras pagar el hospedaje correspondiente. Fueron estafados. Fue un “lanzamiento por usurpación”. Lo ordenó el sistema de justicia de Alemania a la policía ante una denuncia contra los estafados.
“Al grupo de inmigrantes les vendieron el cuarto de pensión y a los pocos días les notificaron que debían desalojar el lugar. Si no lo hacen los llaman a declarar. Lo que supondrá la apertura y formalización de un proceso legal”, denunció Caritas.
Se aprovechan de que “las personas damnificadas”, casi siempre inmigrantes, carecen de dinero, contactos y garantías para alquilar un apartamento u otro tipo de vivienda. “Terminan siendo rehenes y víctimas de una especie de negocio fraudulento y mafioso en función del cual “te venden un cuarto y en diez días te mandan a la policía para que te desaloje”, describió el entrevistado de Caritas Wuppertal.
“Esta semana hubo otro desalojo en Solingen y también fue contra inmigrantes. Las estafas las perpetran con total impunidad personas que luego no son perseguidas ni sancionadas por el sistema de justicia. Naturalmente, “no hay comprobante de pago o arrendamiento”. El delito se comete abusan de la buena fe y la credulidad de los estafados. Además, al propietario” no se le aplica ninguna sanción”.
Explicó el responsable de Caritas que con el objetivo de paliar las dramáticas situaciones de vida en que quedan las personas estafadas “existe una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos”. Apelar a la Fiscalía para que adopte recaudos. “La gente no puede quedar en situación de calle”. Sin embargo, eso no se cumple y los inmigrantes quedan además a merced de la aplicárseles la Ley de Faltas.
También recordó Caritas que las personas desalojadas padecen todo tipo de “violencia estatal e institucional” desde que son citadas a declarar. Sin embargo, cuando la Policía efectúa el desalojo afirma que cumple órdenes de la Fiscalía. “Es muy despiadado”. Asimismo, en los casos en que posteriormente a la estafa y a la denuncia las personas tienen la suerte de no ser objeto de imputaciones legales, deberán seguir deambulando por edificios con cuartos de alquiler “y es muy difícil que las pensiones acepten a personas con niños a cargo”.
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