Por Jorge Zavaleta Alegre (Lima)
31/07/2016
La oportunidad de construir en el Perú un nuevo orden democrático, después de casi dos siglos de vida republicana, debería empezar esta semana, si el gobierno del presidente Pedro Pablo Kucynsky cumple fielmente su programa anunciado durante su campaña y ratificado en el Congreso, después de su juramentación constitucional. Hijo de un médico que laboró en las zonas más alejadas de Lima, como Iquitos, la capital de la Amazonía, anunció puntos esenciales: agua para todos, educación de alta calidad, salud pública para todos, la formalización de un 60% de la actividad laboral y la invitación al inversionista extranjero previo cumplimiento de las normas ambientales.
Enfatizó que este sueño será posible si cuenta con el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía en general. Y su objetivo es alcanzar las metas el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional. Una de ellas es el ingreso a la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, con sede en París. Cuando el PPK, el partido de Kucynsky, pide respaldo de la ciudadanía se dirige al poder legislativo, dominado por el partido del expresidente Alberto Fujimori, preso por violación de derechos humanos y corrupción, pero con 67 de un total de 120 parlamentarios.
Como respuesta a su programa, un centenar de organizaciones que estudia permanentemente la realidad latinoamericana, como Oxfam y Bien Común, en su décimo Informe 2010-2016 propone la necesidad de atención prioritaria a la gestión de las tierras comunales por sus comunidades, incidiendo sobre la pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú”. Las tierras comunales tienen vigencia en todas las regiones del mundo. Pero en Perú todos los líderes de opinión cuestionan que el Estado moderno deba incidir en las políticas de parcelación e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas.
“No hay verdadero desarrollo sin inclusión social, una adecuada política de redistribución y una política de Estado con el norte apuntando claramente en dirección del bien común”. El informe incluye el pensamiento de distinguidos investigadores sobre la codicia por la Amazonía, el “boom” agroexportador, el abandono de la pequeña agricultura y el lado oscuro de un “milagro” económico.
La aritmética del poder en las regiones
Al hablar de un nuevo equilibrio, se le plantea al Gran Kambio del flamante jefe de Estado que más allá de lo económico se espera cambios que logren un balance entre el Estado y el mercado. “No existe hoy ninguna posibilidad de que un ciudadano pueda encontrar solución o respuesta clara en torno a un reclamo frente a una empresa internacional y peor aún si está alimentada por la cotidiana informalidad”.
Otro análisis relacionado con el futuro económico de la selva, que ha pasado de ser insignificante a esencial en el país, lo ofrece el científico Marc J. Dourojeanni. Varios proyectos en marcha escarapelan cualquier vaticinio positivo sobre los efectos futuros si no se toman en cuenta la consulta a las poblaciones “para conceder tres cuartas partes de la selva a empresas petroleras”.
La explotación del gas de Camisea, del petróleo, oro y otros minerales y el potencial hidro energético constituyen un gran atractivo para inversionistas poderosos, proyectos que se complican con los cultivos ilícitos, la “narcoguerrilla” instalada en los valles de ceja de selva, donde su población sufre el quebranto de Salud Mental y la inexistencia de servicios, en tanto el ”narcoterrorismo” y el andamiaje de un narcoestado acerca al Perú a lo que sucedió en México y otras rutas de la violencia.
La asimetría del “modelo”, según el economista Francisco Durand, muestra a la frágil pequeña agricultura que abastece a la mayor parte de la población. Pero que en los últimos 15 años no ha tenido el mínimo apoyo del presupuesto público en tanto han resurgido los latifundios que a través de oligopolios imponen precios a los pequeños productores, que son el grueso de la pobreza rural y cuya propiedad comunitaria está en riesgo de desaparecer o quedar debilitada como nunca antes.
En el otro extremo están diez grupos económicos que concentran más de 198.000 hectáreas productivas, entre los cuales destacan los Rodríguez, los Wong, los Perales Huancaruna y los Oviedo. El capital extranjero está conducido por Camposol, integrado por el grupo Dayer y capitales noruegos, el grupo colombiano Manuelita y el norteamericano Maple. El promedio es de casi 19,682 hectáreas por grupo económico.
Tampoco se debe ignorar la deuda social pendiente de aquellos latifundistas que trataron a los campesinos con atroces métodos de explotación. Basta revisar la historia de las haciendas de La Libertad, Sunchubamba, por ejemplo, donde arrancar los lóbulos de las orejas a los campesinos fue una práctica permanente.
La agropexportación presenta cifras para el asombro, empezando por el régimen laboral que vuelve vulnerables a sus trabajadores, sin posibilidades de sindicalización. El régimen tributario fue ventajoso para los exportadores, al ser reducido a la mitad del sistema general, en tanto el pequeño agricultor es presa del abandono.
La repartición de la bonanza. En 2010, la carga tributaria impuesta a las mineras osciló entre 42% y 44%, por debajo de otros países. Ese porcentaje ha subido, no obstante que existe un margen para ampliar los impuestos.
La bomba étnica en los Andes
El antropólogo Rodrigo Montoya revela que después de la rebelión de Bagua (2009), los pueblos indígenas de la Amazonía recién se hicieron visibles como parte del país. Hubo que esperar 190 años para que este reconocimiento se produjera.
Montoya advierte de que el Banco Mundial y otras multilaterales regionales que viven endeudando más a los pobres pretenden que los pueblos indígenas se mantengan dentro de la esfera estrictamente étnica, como sujetos de ayuda a través de proyectos incluyentes y no den el salto político para afirmar su autonomía. “Sus funcionarios más influyentes están convencidos de la necesidad de desactivar la bomba étnica en los Andes”.
Rocío Valdivieso, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, sostiene que el Perú ha prometido que el 2021 no existirá ni un bosque deforestado, pero desde otro frente continúa otorgando concesiones para la explotación de recursos naturales en ecosistemas frágiles.
Uno de los últimos temas planteado por las organizaciones sociales es el racismo y el comportamiento de los medios. En este campo, el nuevo presidente PPK, dada su amplia formación musical, anuncia que la cultura recibirá atención esencial del Estado, empezando por impulsar el rescate de las manifestaciones de la historia peruana, insertando su desarrollo como parte de Sudamérica.
Las nuevas cifras en 2016
Cifras oficiales indican que el régimen comunal titulado o en posesión representaría el 49% de la superficie del Perú. Esto lleva a afirmar “que la invisibilidad oficial de las comunidades y sus tierras comunales no deriva de su bajo número, ni de sus dimensiones insignificantes, ni de su lejanía. Tampoco obedece a la falta de fondos, en parte de tecnologías o de fuentes de información. Son consecuencia, porque en parte los gobiernos no dan suficiente importancia a este tema por considerarlo un asunto del pasado. La invisibilidad de las comunidades permite la invisibilidad de estas organizaciones para encubrir el tráfico de tierras comunales en el Perú.
En la actualidad, señalan Oxfam, Bien Común y otras ONG, una de las metas es hacer comprender que la justicia económica y social son alimentos esenciales para un verdadero desarrollo sostenible. En esa línea, se suman esfuerzos con unas tres mil organizaciones locales en más de 100 países con intención de influir en quienes tienen capacidad de decisión y así se generen políticas y prácticas que pongan fin a la pobreza.
La ciudadanía peruana ve con escepticismo el anuncio de la Reforma Judicial del Perú, teniendo en cuenta la burla a la Ley de los presidentes García y Humala, ambos comprometidos, respectivamente, en negociados con el indulto a centenares de narcotraficantes, la pareja presidencial Humala-Heredia, comprometidos en negociados millonarios con la empresa Odebrechet para la construcción del Gasoducto Sur Peruano en una suma alzada de más de 7.000 millones de dólares, en tanto que en diciembre ese mismo proyecto por menos del 50% de ese monto fue denegado por la administración que deja el poder.
El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú. La declaración y proclamación de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de América. Por ello fue que el Ejército Unido Libertador del Perú, al mando del general José de San Martín, arribó al Perú procedente de Chile. Ya en territorio peruano recibieron el apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista sin violencia, bajo el mando del marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo, sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría truncado la Independencia.
Cuenta García Márquez, al escribir sobre Bolívar, que su lugarteniente José Sucre le comentó que mientras él alienta y lucha por la Unidad de América, cada día ocurre lo contrario. La respuesta de Bolívar fue: “aun cuando sea cierta esa realidad, carajo no la digas”.
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