Mientras la comunidad LGBTIQ recibe un espaldarazo global cada vez más amplio y sincero, desde la ONU, gobiernos, líderes e instituciones, en Uganda no solo le cierran los espacios a sus miembros, sino que pueden ser castigados hasta con cadena perpetua y pena de muerte.
Las autoridades de ese país han dado un brinco atrás en los derechos humanos. A finales de mayo, su presidente Yoweri Museveni, promulgó una polémica ley contra la homosexualidad en ese país de África oriental. Una de las más duras del mundo contra el colectivo LGBTIQ, aunque el parlamento suavizó el texto inicial en los últimos dos meses.
La aprobación de ese texto generó un contundente rechazo dentro y fuera del país. El presidente de EE UU, Joe Biden, condenó la ley calificándola de «vergonzosa» y una «trágica violación de los derechos humanos universales». Y Amnistía Internacional consideró “inadmisible que estas personas se arriesguen a perder la vida, la privacidad, la libertad de expresión y la capacidad de vivir sin discriminación”.
Y, ciertamente, aunque los actos homosexuales ya eran ilegales en Uganda, ahora cualquier condenado puede enfrentarse a cadena perpetua. Con la ley se exacerban los señalamientos.
Al menos nueve personas han sido acusadas en el primer mes de vigencia de la ley, según una organización local de asistencia legal.
Pero tanto las personas LGBTIQ fuera como dentro del armario dicen que el impacto es mucho más amplio. Surgen la amenaza de violencia y chantaje que los somete a una intensa presión psicológica por temor a que su identidad pueda ser utilizada como arma contra ellos.
“Es como si hubiera una cámara y te estuvieran observando. Cualquier cosa puede llevarte al peligro”, dijo Ángel a openDemocracu. Un estudiante universitario queer encerrado en Kampala. Dice que su hipervigilancia la ha llevado a la ansiedad.
Altos riesgos para la comunidad LGBTIQ en Uganda
La nueva ley en Uganda prescribe la cadena perpetua por el delito de homosexualidad y, en virtud del artículo 14, impone la obligación legal de denunciar a las personas LGBTIQ a las autoridades, con la amenaza de cinco años de prisión por no hacerlo.
Según una encuesta del Foro de Concientización y Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), la nueva ley ha desatado una ola de violencia contra la comunidad LGBTIQ. Más del 69% de los consultados dijo tener conocimiento de “algún tipo de trato negativo o acción dirigida a las personas debido a su presunta Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género (SOGIE)”.
Para las personas LGBTIQ que son conocidas abiertamente en sus comunidades, incluidas aquellas que son organizadoras comunitarias, sus días ahora están plagados de incertidumbre y miedo.
Nicholas Nyanzi, una trabajadora sexual trans de 26 años, atraviesa mayores dificultades financieras y de seguridad desde que la ley entró en vigor. “(La ley) ahora es un sello para los homófobos. El sufrimiento y la tortura son demasiados”, comentó. “Hay mucho riesgo involucrado. Si la policía te atrapa y revisa tu teléfono, implicas (a otras personas queer) también”.
Reunirse con clientes ahora es difícil: Nyanzi dejó su casa de alquiler por problemas de seguridad, pero usar moteles para trabajar es arriesgado. También ha tenido que eliminar nuevos clientes porque no sabe si puede confiar en ellos. “No puedo saber si se toman su propia seguridad tan en serio como yo la mía”, afirmó. Con las finanzas menguando y las opciones reduciéndose, Nyanzi ha recurrido a lavar la ropa a mano en una casa de huéspedes a cambio de una paga.
Al momento de aprobarse la ley, la portavoz parlamentaria Anita Among se mostró satisfecha. Y alegó que esta «protegerá la santidad de la familia».
Redes sociales, ataques a personas queer
Joan Amek, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres Rella, que tiene un enfoque queer, enfrenta dificultades similares. La fundación administra un refugio, algo que está penalizado por la sección 9 de la ley, que hace que sea ilegal alquilar locales “con fines de homosexualidad”. Con la amenaza de una sentencia de prisión de siete años. Esto ha puesto nerviosos a los propietarios sobre el alquiler de propiedades a personas que sospechan que pueden ser homosexuales, y muchos informan desalojos de casas y refugios.
“Estamos tratando de mantenernos discretos para que los propietarios no se enteren y nos desalojen. Estoy caminando sobre cáscaras de huevo”, dijo Amek. La salud mental de las personas del albergue y del personal se ha visto muy afectada por estas ansiedades e “incógnitas”.
Las redes sociales tampoco son un refugio, ni antes ni después de aprobada la ley contra la comunidad LGBTIQ en Uganda. Según HER Internet, ha habido un éxodo de los espacios en línea tanto para individuos como para organizaciones queer. Las intensas conversaciones homofóbicas sobre la ley durante los últimos meses han tenido un efecto.
“Tuvimos que encontrar un lenguaje alternativo, cambiando las palabras que usamos para describirnos o identificarnos para que podamos continuar haciendo el trabajo que hacemos”, señaló la organización.
Los ataques en línea también se han convertido en ataques físicos para algunas personas queer. Sanie, una mujer lesbiana que regularmente publicaba mensajes de promoción en su cuenta de TikTok, fue acosada por algunos de sus seguidores.
“La gente se ofendió porque estaba usando una plataforma pública de esta manera”, dijo. “Los extraños en línea comentarían que me habían visto por (la ciudad) y sabían dónde me quedaba”.
La vida les ha cambiado
Una noche de mayo, mientras regresaba de visitar a su hermana en un albergue universitario, Sanie y una amiga no binaria fueron brutalmente atacadas y agredidas física y sexualmente. Sanie, que pidió a openDemocracy que no publicara su nombre completo, no se sintió lo suficientemente segura como para denunciar el ataque a la policía. Y, aún recuperándose, tuvo que huir a Nairobi, donde se encuentra hoy.
“Dejé de usar mi TikTok y de hacer vidas (transmisiones en vivo en plataformas de redes sociales)”, dijo. “Antes, me erguía como una orgullosa mujer negra africana queer. Ahora solo soy una mujer rara que fue violada. Eso no es algo que puedas resolver (fácilmente) mentalmente”
Pero en medio de todo esto, los ugandeses queer están decididos a que los tiempos mejoren y se están organizando para contrarrestar el odio y la violencia que enfrentan.
“Mi trabajo en este momento es agregar al fuego que cambia la forma en que suceden las cosas. Incluso si los resultados no se ven necesariamente en mi vida. Se trata del juego largo”, señaló Freddie. Mientras que para Amek, salir del país no es una opción y el trabajo continúa. “Todavía elijo ser un activista queer. Viviré en este país y seré enterrada aquí”, agregó.
El mes pasado se presentó ante el tribunal constitucional de Uganda una petición de impugnación de la Ley contra la homosexualidad. Pero no se espera una sentencia sobre el caso hasta dentro de varios meses o años. Los activistas de derechos humanos mantienen la esperanza de que pueda anularse, al igual que finalmente se anuló una ley similar de 2014.
EE UU podría presionar
Estados Unidos advirtió previamente a Uganda de posibles «repercusiones» económicas si la legislación contra la comunidad LGBTIQ entraba en vigor.
El país norteamericano es un importante socio comercial de Uganda.
Este se beneficia de la Ley de Crecimiento y Oportunidades Africanas, que le aporta una mayor facilidad de acceso a los lucrativos mercados estadounidenses.
EE UU, Onusida y el Fondo Mundial también han jugado un papel importante a la hora de apoyar los esfuerzos de Uganda para frenar el VIH/sida durante décadas. En 2021, el 89% de las personas positivas en VIH en Uganda eran conscientes de su situación. Más del 92% recibían terapia antirretroviral y el 95% de las que estaban en tratamiento mostraban supresión viral, según datos de estas organizaciones.
«Pedimos que se reconsidere la ley para que Uganda pueda continuar en su camino de garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud y poner fin al sida como una amenaza a la salud pública para 2030», instaron.
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