La aplicación del estado de alarma está cruzando unas lineas rojas para convertirse en un estado de excepción, en el que se prohíben derechos fundamentales como el de expresarse libremente. La razón: los funcionarios policiales reciben «órdenes políticas» desde las delegaciones del Gobierno.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, denunció que se ha desvirtuado el propósito inicial del estado de alarma decretado para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Giraldo solicita a los tribunales pronunciarse sobre si se han rebasando los límites del estado de alarma. «Les corresponde a los jueces, no a la policía, determinar si las medidas tomadas son acordes a la Constitución», anotó.
Hacia un estado de excepción
«Esto no es un estado de alarma, hay que llamarlo de otra manera. Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales tan básicos como el derecho a manifestarse. Estamos llegando a situaciones límite. Hay un toque de queda a las 23 horas. Yo no sé por qué a esa hora de noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa. Hay cosas ilógicas», aseguró el portavoz de este sindicato que cuenta con representación en el Consejo de la Policía.
«La población entender que la Policía recibe órdenes directas de unos políticos y a los que les vota. Son sus representantes y los que toman las decisiones. A la Policía se le dan órdenes claras y precisas para que se sancione cuando se está a una determinada hora en la calle o se realicen manifestaciones prohibidas por la Delegación del Gobierno», declaró.
Derecho a manifestarse
En una entrevista para Es Noticia, informativo de esRadio, dijo no entender la decisión del fin de semana de prohibir una concentración en Madrid. La manifestación se había convocado en vehículos, por lo que lo no había problemas con el espacio interpersonal.
Recordó que es la Delegación del Gobierno la que debe autorizar o prohibir las manifestaciones que convocan los ciudadanos. Pero con el estado de alarma «las están prohibiendo por norma».
Igualmente se refirió a las denuncias de los ciudadanos que se encontraban en las cercanías de donde se había convocado, quienes aseguran que se identificaba a todas las personas que estaban en los alrededores y portaban la bandera de España.
«La consigna es clara. Hay una manifestación que no está autorizada. Una manifestación en la cual, los que organizaban, o los que querían organizar lícitamente esa manifestación, decían o pedían como condición para esa manifestación, que se porten banderas de España y en algún caso que vayan dentro de los vehículos para salvar las distancias de seguridad», explicó.
El uso de la bandera
«La Policía cuando recibe desde la Delegación del Gobierno la orden directa de que esa manifestación se ha prohibido, también recibe de alguna manera ese comunicado de que quien organizaba la manifestación y decía que los manifestantes deberían ir con banderas de España. Entonces, es cuestión de lógica. Personas que paseen con la bandera de España no se les va a prohibir, lógico, pero sí que se les va a decir que por favor no circulen en ese momento por esa calle debido a que esa manifestación está prohibida», continuó.
«No es a la bandera de España lo que se criticaba o se identificaba o se rechazaba. No. Era a la manifestación y a los manifestantes que estaban convocados a ir con una bandera de España», precisó el portavoz policial.
Pronunciamiento de los tribunales
Finalmente destacó que los tribunales deben pronunciarse sobre si se están rebasando o no los límites del estado de alarma. En este sentido, recordó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que autorizó una manifestación con motivo del 1 de mayo, que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno en Zaragoza.
«Cuando se conculcan derechos de ciudadanos, cuando se vulneran derechos fundamentales, yo creo que los tribunales de justicia deberían dar un paso adelante también. No la Policía, sino los tribunales de justicia. O son acordes a la Constitución o no. Si ess un estado de alarma o un estado de excepción lo deben definir los tribunales de justicia, no un simple policía como yo», finalizó.
Lea también:
Ganaderos de Valencia dicen que Compromís les hará sacrificar 6.000 reses
Ganaderos de Valencia dicen que Compromís les hará sacrificar 6.000 reses
Conforme a los criterios de 
Saber más
