Europea ha sido uno de los continentes más abanderados en la sostenibilidad ambiental y en la promoción de las energías renovables.La UE ha planteado la revisión para el mes de marzo, del Tratado de la Carta de la Energía y sugiere el abandono progresivo en 10 años de la protección otorgada a los combustibles fósiles.
La propuesta ocurre después de que algunos países pidieran el cese del acuerdo, a menos que se pueda adaptar a los objetivos climáticos.
El Tratado de la Carta de la Energía (1994) cuenta con 53 países y partes contratantes, tanto de la UE como de Euratom (Comunidad Europea de Energía Atómica). Entre sus objetivos, está la protección de las inversiones extranjeras. Basada en la extensión del trato nacional, o el trato de nación más favorecida. Y la protección contra riesgos no comerciales clave.
Se espera que los signatarios reanuden el próximo mes las negociaciones para revisar este tratado, que ha sido objeto de críticas por parte de gobiernos europeos, entre ellos el de España. Y de grupos ecologistas, quienes afirman que socava los esfuerzos por acabar con el uso de los combustibles fósiles. Por cuanto permite a los inversores extranjeros demandar a los países por las normas que afecten a sus capitales.
La propuesta de la UE pondría fin inmediatamente a las medidas de protección para nuevas inversiones en carbón y petróleo. Así como para la energía producida a partir de estas fuentes.
La UE en el tratamiento de los combustibles fósiles
El planteamiento de la UE sobre el abordaje a los combustibles fósiles, también incluye a las nuevas inversiones en infraestructuras eléctricas.
Aquellas que estén alimentadas por gas natural, mantendrían su protección hasta finales de 2030. Si emiten menos de 380g de CO2 por kWh y pueden utilizar gases de baja emisión de carbono. Esto es más estricto que los 550g de CO2 / kWh de la propuesta inicial de la UE. Pero sigue siendo superior al límite de 100gCO2 / Kwh en la taxonomía de finanzas verdes de la UE.
Precisa además, que si esas centrales de gas sustituyen al carbón, estarían protegidas durante 10 años después de la entrada en vigor de la modificación del Tratado, o hasta 2040 como máximo. Este plazo también se aplicaría a la protección de las inversiones ya realizadas en cualquier combustible fósil.
Asimismo, la UE sostiene que el tratado protegería el hidrógeno producido con combustibles fósiles, siempre y cuando se recurra a la tecnología de captura de carbono para frenar las emisiones resultantes.
Los países de la UE están divididos sobre la reforma del tratado. España, Francia y Luxemburgo cuestionan algunos aspectos del tratado. Mientras que los estados de Europa del Este se resisten al cambio.
Entretanto, grupos de activistas señalan que es poco probable que se produzcan reformas significativas, ya que los cambios necesitarían el apoyo unánime de los miembros, entre ellos Japón, Turquía y la UE.
El boom de demandas tras el Tratado
Ningún acuerdo de comercio e inversión del mundo ha dado lugar a tantas demandas entre inversores y Estados que este Tratado, indica el portal Energy Charter Dirty. En marzo de 2020, se tenía conocimiento público de un total de 134 demandas de inversores en virtud del Tratado.
Durante los primeros 10 años de vigencia se registraron solo 19 demandas (1998-2007). Basta comparar esa cifra con las 102 demandas que se han presentado la última década (2010-2019). Esto representa un incremento de 437% de demandas contra Estados. Una tendencia en auge.
En los primeros 15 años del acuerdo, el 89 % de las demandas afectaron a países de Europa Central y Oriental y Asia Central. Entre el 2013 y 2020 el 62% de las demandas fueron contra países en Europa Occidental.
Las empresas y personas con sede registrada en los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, el Reino Unido, y Chipre, representan el 58% de los 171 inversores implicados en las demandas hasta finales de 2019.
A principios de este mes, el gigante del carbón alemán RWE utilizó el tratado para buscar una compensación del gobierno holandés por sus planes de eliminar gradualmente la energía a base de carbón para 2030.
Los contribuyentes podrían pagar hasta 1,3 billones de euros en arbitrajes como este, y poco menos de la mitad de ese monto lo pagarán los ciudadanos de la UE, según un estudio de expertos OpenExp.
Agrega el reporte de la citada página web, que debido a la amplia definición del término “inversor” e “inversión”, muchas de las compañías que demandan son empresas pantalla. Es decir, con casi ningún empleado pero utilizadas por las grandes corporaciones para mover capital y evitar pagar impuestos.
A la par, se mantienen las discusiones en la UE sobre los combustibles fósiles y la letra pequeña del Tratado.
Dimes y diretes sobre el Tratado y su visión
El ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, se refirió al planteamiento de la UE sobre los combustibles fósiles. Señaló que las propuestas son «ambiciosas» y «en línea con el Acuerdo de París» sobre el cambio climático. «Marzo es nuestra última oportunidad para un trato».
Contrariamente, Cornelia Maarfield, gerente de proyectos de comercio y clima en Climate Action Network Europe considera que “esta propuesta es poco entusiasta”. Estima que “continuará permitiendo que las corporaciones de carbón, gas y petróleo obtengan compensaciones de los gobiernos, que persiguen políticas energéticas compatibles con París”.
Por otra parte, un funcionario eslovaco al sitio de noticias Politico, dijo que «apoyamos la propuesta actual de la Comisión». Pero «no apoyamos ningún criterio más estricto sobre plazos o umbrales» que socaven las inversiones en infraestructura de gas.
Austria apoya una eliminación gradual de las protecciones de combustibles fósiles durante 10 años. Siempre que las nuevas protecciones para el hidrógeno se centren en el hidrógeno renovable.
España envió una carta en la que expresa la importancia de actualizar el Tratado sobre la Carta de la Energía para hacerlo compatible con el Acuerdo de París. Así como el Pacto Verde Europeo, el objetivo de neutralidad climática para 2050 y la defensa de la integridad y primacía del sistema legal de la UE en todos los Estados miembros.
Si no se logra este objetivo, “el Gobierno de España considera que la UE y sus Estados miembros deberán considerar su retirada del Tratado en las condiciones más favorables para nuestros intereses”.
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