En Europa se abre paso un proyecto gasífero que deja en entredicho las promesas comunitarias por una neutralidad climática. Por tierra y alta mar se erige sin descanso, un nuevo gasoducto que transportará ese recurso energético entre Noruega, Dinamarca y Polonia, es el Baltic Pipe. Levanta polvaredas en su construcción y fuertes críticas de los grupos ambientalistas.
El proyecto, cuyo costo total es de 215 millones de euros, cuenta con el apoyo político y financiero de la Unión Europea y conectará a Noruega con el mercado energético de Dinamarca y de Polonia. Su inauguración está prevista para 2022.
El plan de trabajo de la obra para 2021 compromete aún más el medioambiente. Incluye la excavación en primavera de zanjas subterráneas para las secciones del gasoducto cerca de la costa polaca y danesa. Asimismo, el tendido del gasoducto en el Mar del Norte comenzará en verano.
Baltic Pipe se desarrolla mediante una alianza de varias compañías, como el operador danés del sistema de transmisión de gas y electricidad Energinet y el operador polaco del sistema de transmisión de gas GAZ-SYSTEM.
Jacob Sørensen, investigador de la organización ambiental NOAH, dice que el gasoducto “hará que casi imposible cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea”. El propósito de Baltic Pipe es transportar gas en los próximos 15 años, por lo menos, según la Comisión Europea.
Ay, el gasoducto Baltic Pipe
En Europa hay varios gasoductos como el Nord Stream 1 y el polémico Nord Stream II. Así como el TurkStream. Todos tienen en común el gas de Rusia, que se convierte en el gran proveedor del combustible fósil en el continente.
El Baltic Pipe fue aprobado en 2019, exactamente en el momento en que la UE determinó reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y se comprometió con la neutralidad climática para 2050.
En ese sentido, Sørensen asegura que “el gasoducto entra en contradicción directa con la transición energética”. Y apunta que “aunque la UE acordó un camino hacia una producción de energía más respetuosa con el clima, el gasoducto lo inclina en la dirección opuesta”.
En su opinión “los inversores privados y las empresas internacionales no creen en la UE pueda cumplir con los objetivos climáticos”. A este razonamiento se une un grupo de activistas que gritan consignas en contra de ese proyecto en la plaza Gammeltorv de Copenhague.
Katherine Andersen, una joven danesa, forma parte de la campaña Baltic Pipe Nej Tak (Baltic Pipe, no gracias). Una plataforma independiente que aglutina las voces contrarias a la construcción del gasoducto.
“Algunos políticos ya lo dijeron. No es un secreto que el Baltic Pipe es un juego geopolítico. La UE quiere abastecerse de energía en lugar de obtenerla de Rusia”, comenta Andersen al tiempo de mirar los riesgos ambientales. “La construcción del gasoducto significa que seguiremos usando combustibles fósiles en plena emergencia climática”.
La Unión Europea y los motivos ambientales
La UE calificó el Baltic Pipe como un Proyecto de Interés Común. Estableció que estos proyectos de gas serán posibles a partir de este año si su producción se basa en las ‘nuevas tecnologías’. Es decir, como la captura y almacenamiento de CO2, la combinación de generación de calor y energía. O, la mezcla de gases renovables con el gas natural fósil. Otro argumento que sostiene la construcción del Baltic Pipe es que Polonia podría reducir sus emisiones de CO2, con el gas.
Asimismo, las empresas constructoras Energinet y GAZ-SYSTEM apuntan a que el nuevo gasoducto permitirá cerrar las plantas nacionales de carbón y sustituirlas por gas natural. Una energía fósil con una emisión menor.
Sin embargo, Sørensen de NOAH sostiene que “a largo plazo, esto causará mucha más contaminación”. Cree que lejos de ir hacia los recursos verdes, se crea una dependencia de los recursos fósiles en las próximas décadas. “Este gasoducto cierra las puertas a la verdadera transición ecológica”. De la misma manera que “sienta el precedente de que los acuerdos no se cumplirán como están estipulados”, añade.
Lobby político e implicaciones económicas
Enagás (Estado español), Fluxys (Bélgica), GRTgaz (Francia) y Snam (Italia) son los cuatro principales gestores de la red de transporte de gas en Europa. Juntos poseen más de la mitad de las terminales de GNL de la UE y más de 100.000 kilómetros de gasoductos. Con otros proyectos en marcha. Actualmente se construyen 6.200 kilómetros de gasoductos y, por lo menos, una terminal más de GNL.
Los cuatro están en manos de empresas privadas, aunque se encuentran bajo control estatal. En conjunto, generaron más de 2.000 millones de euros de beneficio en 2018. Casi tres cuartas partes se distribuyeron en forma de dividendos entre los accionistas, como las empresas de gestión de inversiones BlackRock (GRTgaz y Snam) y Lazard (Enagás y Snam).
Estas empresas, según Corporate Europe Observatory, no presentan el perfil de grandes nombres como Shell, Total o BP. Pero tienen la misma influencia para que Europa siga dependiendo del gas.
En 2018 los 4 gastaron hasta 900.000 euros en hacer lobby en Bruselas. Emplearon a un total de 14 lobbistas. Según el registro de transparencia de la UE, han logrado asegurar casi 50 reuniones con los principales funcionarios políticos de la Comisión Europea para discutir sus últimos proyectos de gasoductos u ofertas de adquisición.
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