La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró estar «conmocionada por la presunta tortura» del capitán Rafael Acosta Arévalo, en Venezuela.
Tras acoger la tesis de la práctica repudiable para obtener confesión, urgió a las autoridades a que se realice una investigación profunda e independiente. Instó a tomar medidas para evitar la «reincidencia» de la tortura y malos tratos.
«Es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, dijo en un comunicado este lunes en la tarde.
La petición de la representante de la ONU se suma a las exigencias de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Grupo de Lima de iniciar una investigación transparente.
Los países advierten que la muerte sospechosa del joven militar, bajo custodia castrense, es señal de que no hay garantías de derechos humanos en Venezuela.
El rechazo internacional ocurre en medio del clamor de opositores y de ONG de que se investigue con base al Protocolo de Minnesota y de Estambul que garantizan transparencia.
#29Jun Informamos la muerte nuestro defendido Cap Rafael Acosta Arevalo, producto de las salvajes torturas de las que fue víctima por parte de la DGCIM
Hemos denunciando estas prácticas inhumanas, pero la complicidad de las instituciones ha permitido este horror @mbachelet pic.twitter.com/Ys5YifrfVy
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 29, 2019
Prevenir la tortura
Bachelet lamentó que las «alegaciones de tortura» no hayan sido incluidas en los cargos imputados a los dos funcionarios de inteligencia militar detenidos y procesados como responsables, el domingo.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recabó la información desde el domingo en la noche, para emitir la declaración.
También instó a que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo, recibir visitas de sus abogados y familiares.
“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, según el comunicado.
El hecho sucede ocho meses después de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien cayó del décimo piso del Sebin, donde estaba detenido.
El régimen de Maduro afirma que fue un suicidio, pero opositores están convencidos de que Albán fue lanzado, luego de ser torturado.
En ambos casos se alegó conspiración.
Sin derechos humanos
Acosta Arévalo fue detenido sin explicación -junto a otros militares- el 21 de junio, horas antes de que Bachelet culminara su visita a Venezuela. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se lo llevaron arbitrariamente al relacionarlo con un presunto y develado golpe de Estado.
El oficial subalterno desapareció por siete días. El organismo no dio información, según la denuncia de sus familiares. En ese tiempo, no fue imputado de los cargos, a pesar de la obligación legal.
El viernes 28 funcionarios de inteligencia militar trasladaron a Acosta Arévalo al tribunal castrense, en silla de ruedas y en visible mal estado de salud, constataron familiares y su abogado Alonso Medina Roa.
Denunciaron que lo torturaron, debido a que no se pudo levantarse de la silla ni hablar. Solo pudo pedir auxilio y se desvaneció. Falleció horas después en un hospital.
Denunciamos oportunamente la detención de nuestro representado el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo, venimos denunciando las torturas de las que son víctima los Oficiales que son detenidos por causas políticas, pero la cobardia y el silencio se impusieron
— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) June 29, 2019
Reacciones
La portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, cuestionó duramente el sistema judicial venezolano ante la muerte de Acosta Arévalo.
«Es otra cruda ilustración de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en el país y de la falta de garantías y derechos para quienes están detenidos», expresó en un comunicado.
Instó a una investigación “completa e independiente necesaria para que los responsables rindan cuentas». Manifestó su apoyo a «los esfuerzos del Alto Comisionado de la ONU, para garantizar que los derechos humanos de todos los venezolanos son protegidos completamente».
También EEUU condenó «el asesinato y la tortura» de Acosta Arévalo «bajo la custodia de los matones de Maduro». En un comunicado del Departamento de Estado, pidió a las «democracias del mundo» unirse para «ejercer presión».
We denounce the senseless death of Captain Acosta Arevalo at the hands of the Maduro regime. Venezuela’s military counterintelligence agency (DGCIM) is responsible for his torture and death, along with its Cuban minders. https://t.co/VFsFjczP9i
— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 30, 2019
«Este acto de barbarie nos debe llevar a la acción», indicó John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, a través de Twitter, y responsabilizó al organismo militar de practicar torturas.
En una declaración conjunta, también el Grupo de Lima urgió «a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Michelle Bachelet) a actuar sin dilación».
El Grupo de Lima condena el asesinato del Capitán de Corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo y expresa su pesar y solidaridad a su familia. https://t.co/3VjJCwyBcT pic.twitter.com/50heMoIowT
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 30, 2019
Investigación dudosa
El domingo en la noche, los dos funcionarios de inteligencia militar detenidos como presuntos responsables, fueron llevados al tribunal civil. Se les imputó homicidio simple. Sin tortura. No se informó la identidad de ellos ni detalles del procedimiento.
Nicolás Maduro ordenó una «investigación exhaustiva», según informó en un comunicado, publicado un día después de la muerte de Acosta Arévalo.
El Gobierno Bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela pic.twitter.com/PzkgRPqSjS
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) June 30, 2019
También el Ministerio de Defensa difundió otro comunicado. Según el texto Acosta Arévalo «se desmayó» durante la audiencia y que el juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció.
Opositores cuestionaron ambos comunicados. Consideran que evidencian violación de derechos humanos al tratar de ocultar las circunstancias del homicidio y justificar procedimientos ilegales por un supuesto golpe de Estado.
El comunicado señala que a Acosta Arévalo lo imputaron por «actos graves de terrorismo» entre otros delitos. No lo fue porque perdió el conocimiento en el juzgado.
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