El turismo puede convertirse en el mayor depredador de patrimonios naturales o culturales si llega a superar la capacidad de los recursos existentes en el lugar de destino al que dirige un número desproporcionado de personas. El vulnerable medioambiente del Amazonia colombiana ya se está sintiendo los primeros embates de estas oleadas de turistas y las poblaciones autóctonas intentan hacerle frente antes de que sus daños sean irreversibles.
En los últimos años se ha convertido en una fuente importante de ingresos para las comunidades indígenas, pero si agotan los recursos naturales existentes se quedan sin negocio. La mayor preocupación en cuanto a lograr un equilibrio se manifiesta en Lagos de Tarapoto, a más de dos horas de Leticia, en el extremo sur de Colombia y sobre las márgenes del río Amazonas. Un lugar de gran interés turísticos y científicos para observar los delfines rosados, únicos del Amazonia.
Las comunidades indígenas allí asentadas, que principalmente viven de la pesca, presentaron al gobierno una propuesta para que sean ellas las que se encarguen de la regulación del turismo en sus territorios. Lo llaman turismo comunitario y están muy cerca de que se reconozca legalmente
Lilia Java, líder de los vigías encargados del resguardo de la zona, manifestó que la intención es que este tipo de turismo sea reconocido y beneficie a las comunidades, no solo a las agencias y operadoras. «Tenemos otras formas de gobierno y de ver la vida. Queremos que las comunidades organicen el turismo a su manera, a su medida, en sus propios tiempos», añadió.
Turismo en auge
Puerto Nariño es uno de los sitios más turísticos de esta zona de la Amazonia colombiana. Al año recibe cerca de 24.000 visitantes, algo que hace 50 años era imposible. Pero todo ha cambiado. Actualmente cuenta con 22 hoteles y 19 agencias y operadoras de viajes. La Secretaría de Turismo y Cultura del departamento calcula que hay más de 400 servicios entre agencias, operadores y alojamientos que reciben alrededor de 30.000 turistas al semestre en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo.
Colindante con Puerto Nariño, Lagos de Tarapoto fue el primer complejo de humedales en la Amazonia colombiana en tener la designación de Ramsar, la máxima medida internacional para la protección de tan valiosos ecosistemas. Una superficie de 54.643 hectáreas que se encuentra en medio del Resguardo Ticoya que integran 22 comunidades de los pueblos indígenas ticuna, cocama y yagua.
La industria del turismo es una de las principales generadoras de ingresos económicos para el municipio. Después del Acuerdo de Paz de 2016 tuvo un auge que ahora comunidades locales cuestionan por el impacto social y ambiental que incluye. Su interés es que se maneje como ecoturismo, turismo comunitario o etnoturismo.
El mismo interés
La secretaria de Cultura y Turismo del Amazonas, Marcela Velásquez, asegura que el Plan de Desarrollo Territorial actual incluye fortalecer “cadenas de valor como el turismo comunitario y especializado”. El año pasado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantó un proyecto para posicionar el turismo indígena en el país. Esto ceñido a un documento que elaboraron las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación.
El vigía Luis Ahue apoya el trabajo con la Organización Nacional Indígena de Colombia. Reconoce que el turismo en la zona tiene un gran potencial. “Es el único sector que ha estado generando empleo. Pero si no hacemos un buen trabajo y nos unimos, va a ser un problema mayor”, asegura. Cerca de Leticia ya se dio un proceso similar, específicamente en Lagos de Yahuarcaca. Allí habitan siete comunidades indígenas. A partir de la asociación Atica de pescadores de esas comunidades, que también adelanta proyectos de investigación junto al Instituto Sinchi y la Universidad Nacional, se constituyó una asociación de turismo comunitario denominada Painu. La integran tres de las comunidades y hacen salidas con turistas a los lagos.
Igualmente, en la comunidad indígena de Arara, que está a medio camino entre Leticia y Puerto Nariño, se emprendió una iniciativa que va en ese sentido. En el lugar viven unas mil personas. “Pensamos ir formando una asociación de turismo. No queremos intervención de agencias, sino que la logística sea directamente nuestra. Alojamiento, salidas a la selva, alimentación, para que beneficie a nuestras familias”, dice Jaime Vento, quien está impulsando un emprendimiento de turismo comunitario con alojamiento en su casa. “Nosotros como dueños de la selva sabemos manejar la naturaleza, transmitirles a los turistas cómo cuidarla y hacerlo con buenas prácticas. Ese punto es muy importante”.
Derecho a la defensa
Paula Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), asevera que “la mayoría de los paquetes turísticos y productos de las regiones se hacen de la mano de las comunidades”. Afirma que la intermediación de agencias y operadores turísticos no tiene incidencia en que se presente un turismo masivo. El departamento no cuenta con un protocolo ambiental para el sector turismo, aunque la secretaria Velásquez afirma que se encuentran conformando un Plan de Desarrollo Turístico que lo incluirá.
Por su parte, el Ministerio de Comercio indica que entre los proyectos que ha desarrollado esa cartera en el Amazonas se incluye la dotación de cuatro embarcaderos fluviales (una suerte de puentes sobre el agua para subirse a una lancha) en zonas no municipalizadas. Igualmente estaría impulsando, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el desarrollo de productos con un enfoque de turismo regenerativo, la formulación de proyectos asociados al aviturismo y el turismo indígena.
Juan Monteiro, de la asociación Painu en Lagos de Yahuarcaca, cree que para ellos, asociarse con agencias u operadoras “sería una gran cosa» pues tendrían visitas turísticas y venta de artesanías. No obstante, su temor es que luego las agencias les impongan ofrecer ciertos servicios o paquetes, o que terminen concentrando la mayoría de las ganancias.
Pesca de tranca
La declaración de Lagos de Tarapoto como sitio Ramsar se dio a la par de que las comunidades lograran 10 acuerdos de pesca responsable para aumentar las poblaciones de peces. Incluyen restricciones para proteger ciertas especies en períodos específicos del año, acorde a sus ciclos de reproducción. También define cuáles son las especies completamente vetadas para pesca, y cuáles son las redes y los motores permitidos.
La sequía ha golpeado fuertemente la Amazonia colombiana. A inicios de la década pasada, disminuyeron especies de peces como los arowanas, las cachamas blancas, los bagres y el pirarucú. Las comunidades se acercaban a los bosques inundables. Estos son unos árboles que crecen entre el agua a orillas de los ríos, donde normalmente es más fácil hallar los peces. Pero ahora no los hallaban igual que hace varias décadas.
Antes un indígena se demoraba en promedio 15 minutos capturando lo necesario para su familia y para comerciar. Hoy pueden tardar incluso toda una noche, especialmente en temporada de verano. Esto además afecta la alimentación de los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Cada familia necesita para alimentarse una sarta y media al día (una sarta tiene en promedio diez pescados). Cada una equivale a 2 kilogramos diarios cuando hay aguas bajas, y 0,67 kilogramos en temporada de aguas altas. Los acuerdos permiten pescar diariamente hasta 10 sartas o 20 kg por pescador. Aunque la pesca diaria por especie no puede exceder los 10 kg por pescado.
Acuerdos a medias
Para tratar de garantizar el cumplimiento de que los acuerdos se creó una estación en la boca del complejo de humedales. Allí los vigías de las 22 comunidades del Resguardo Ticoya se rotan cada dos semanas para revisar las mallas que utilizan los pescadores, el motor de las balsas y las especies que pescan. El vigía Juan Ahue Cuello, de Puerto Esperanza, asegura que cumplir los acuerdos también trae beneficios “para los que vienen atrás: los nietos y bisnietos. Nosotros como vigías estamos aportando para que los peces sigan reproduciéndose; si no, nos quedaremos sin nada”.
Aunque los acuerdos han servido para recuperar poblaciones de especies, han surgido discordias entre las comunidades porque algunos pescadores no cumplen con el tamaño de las mallas permitido. Santa Clara es la comunidad en la que los pescadores cumplen menos los acuerdos. Están más cerca del lago principal y no les importa seguir las reglas de otras comunidades del mismo resguardo que vienen a lo que consideran su lago. “Los pescadores no están de acuerdo. Yo quisiera que incluso no hubiera mallas en verano”, opina Jerónimo Ahue, otro vigía, especialmente en casos como el año pasado, cuando se alargó el periodo seco.
Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, hay dos problemas clave. Primero, no sancionan a quienes incumplen los acuerdos. Y la mayoría de vigías “son personas mayores y, desafortunadamente, no tienen mucha autoridad” entre los pescadores y las autoridades del resguardo que no reconocen los acuerdos.
Estudio de impacto
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada señala que entre 2001 y 2020, la Amazonia completa perdió más de 54,2 millones de hectáreas. Según diferentes estudios, como los realizados por el Panel Científico de la Amazonia, si la región sobrepasa el 20% de deforestación llegaría a un punto de no retorno. Dejaría de regenerarse y se convertiría en una sabana. Hasta ahora, la cifra se ubica en 17%.
Una investigación del World Weather Attribution encontró que el cambio climático aumentó en 30 veces la probabilidad de una sequía. Una situación que podría empeorar a medida que la Tierra se siga calentando. Además, otra publicación reciente en la revista PNAS advierte que el 37% de toda la Amazonia está tardando más en recuperarse de las sequías.
Santiago Saavedra, PhD en Economía por la Universidad de Stanford y profesor de la Universidad del Rosario, estudió el impacto del ecoturismo en 76 municipios de Colombia, incluido Puerto Nariño y Leticia. En un artículo publicado en abril en la revista Economic Development and Cultural Change afirmó que donde se promueve el ecoturismo, aumenta el empleo en un 16 % y se reduce la deforestación de la Amazonia colombiana en un 50 %. Además, se disminuyen otras actividades agresivas con el ambiente como la sobrepesca.
Turismo mal llevado
Jeimy Cuadrado, coordinadora de Recursos Naturales y Medios de Vida Sostenibles de WWF Colombia, coincide en la importancia de apostar por actividades que demuestren el valor de mantener el bosque en pie “y cambiar los sistemas de producción que han tenido una tendencia a potrerizar el bosque”. Considera esencial recordar que en regiones como la Amazonia “el turismo vive de buenas condiciones de biodiversidad para ofertar, lo que a la vez garantiza servicios ecosistémicos como la absorción de carbono”.
Hace años se promueve el turismo con las comunidades locales en varias zonas de Colombia, principalmente en regiones del Pacífico y el Caribe. Sin embargo, aunque se ha incluido más a las comunidades, sigue habiendo un turismo masivo manejado por agencias y operadoras, como en el caso de Capurganá (Chocó).
A juicio de Cuadrado, un turismo mal regulado puede convertirse en una presión que genera desbalances tanto ambientales como sociales. Para evitarlo, propone crear modelos de turismo que “no sean masivos, con un enfoque experiencial que le permita a la gente entrar a valorar lo que hay en el territorio: la cultura, los usos y costumbres tradicionales, el respeto y dependencia de los ecosistemas”.
Manifiesta que se debe insistir en el desarrollo de buenas prácticas. No solo en la capacidad de gente que puede soportar un ecosistema, sino también en las actividades que se hacen, “como que el avistamiento de delfines no sea invasivo”. O que el turismo sea “sostenible y regenerativo, es decir, que contribuya a que el lugar pueda mantenerse en sus ritmos propios de recuperación”. En el caso de Ticoya ya se han adelantado capacitaciones en observación responsable de delfines y de aves.
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