Por Cambio16
19/07/2017
El Tribunal de Cuentas ha decidido activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias previas y en su caso proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
El procedimiento incluye reclamar al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta, Joana Ortega, y a la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, el dinero público que se gastó en aquella consulta.
En concreto, el departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuya titular es la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, ha dictado sendos autos sobre este procedimiento.
En uno de ellos, el Tribunal de Cuentas desestima el recurso de revisión interpuesto por la Generalitat contra las decisiones adoptadas hasta entonces por el órgano fiscalizador y en el otro ordena que se dé traslado de sus actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que ésta proponga a la Comisión de Gobierno del Tribunal el nombramiento de un delegado instructor que practique las citadas diligencias previas.
La labor del delegado instructor que se nombre próximamente será contrastar la denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes para determinar si son ciertas las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consellers y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.
El caso
Tanto a Mas como a sus entonces consejeros se les está investigando para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros de dinero público en la consulta del 9N.
Listos los recursos de la Generalitat y los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas ha decidido continuar el procedimiento y nombrar un delegado instructor para que asuma la investigación, lo cual puede recurrir la Generalitat en un plazo de cinco días.