El Tribunal Supremo admitió dar trámite al recurso planteado por las oenegés Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Gobierno de España. La demanda se basa en la «insuficiente» acción oficial contra el cambio climático. De esta manera, se comienza el primer litigio climático contra el Ejecutivo. España se incorpora a la senda que ya trazaron otros países que van desde Estados Unidos hasta Australia.
Ahora las organizaciones ambientalistas preparan el arsenal jurídico para hacerle frente al Ministerio para la Presidencia, que tiene un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo correspondiente al caso por el que se le demanda.
Entonces, el Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda. Allí deberán exponer los argumentos por los que consideran que el Gobierno incurre en una grave inactividad frente al cambio climático. Y para esta etapa se están armando hasta los dientes. Con herramientas jurídicas, claro.
Apoyo internacional
«Desde el anuncio de la interposición del recurso, numerosas organizaciones internacionales tanto ambientalistas como jurídicas nos han contactado para manifestar su interés en el caso y brindarnos su apoyo», dijo Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.
«La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio, para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole», agregó.
El argumento de las ONG
Las organizaciones ambientalistas consideran que el Gobierno incurre en una grave inacción frente al cambio climático. El incumplimiento principal es que diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la UE, el Ejecutivo continúa sin aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que definan la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsable del calentamiento global.
Por otro lado, las organizaciones demandantes denuncian que en el Pniec se establece una reducción de tan solo el 23% de las emisiones en 2030 respecto a 1990. Mientras tanto, la ELP propone una descarbonización muy tardía, es decir, para 2050.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón consideran que estas metas son insuficientes. En el caso del Pniec, afirman que la reducción planteada está muy lejos de las recomendaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU. El IPCC (por sus siglas en inglés) calcula que el Estado español debería fijar un recorte de al menos el 55% para mantener el objetivo acordado en el Acuerdo de París de no superar el aumento global de la temperatura del planeta en 1,5 ºC a final de siglo.
Las tres organizaciones reconocen que las políticas del Gobierno han mejorado respecto a los gobiernos anteriores. Sin embargo, creen que siguen siendo muy insuficientes para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable. Avanzar en estos compromisos es indispensable para que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables.
Demandas mundiales
Con esta demanda, España se suma a una creciente lista de países cuyos gobiernos han enfrentado algún tipo de litigio climático en los últimos años. Este grupo de naciones incluye a los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, la India y Nueva Zelanda.
Quizás el caso más representativo sea el de los Países Bajos. La Fundación Urgenda logró que el Tribunal Supremo dictaminara que el Gobierno tiene el deber de reducir de manera urgente y notoria las emisiones. Fue el primer caso en el mundo en el que los ciudadanos logran, mediante un litigio, que se establezca el deber del gobierno de trabajar contra el cambio climático.
Lorena Ruiz-Huerta explicó que en España es difícil plantear un litigio climático como el de Holanda con base en el derecho internacional. En lugar de ello, se requiere hacerlo frente a incumplimientos concretos, como, en este caso, la inacción climática ante un plan determinado.
“Recibimos, por tanto, con alegría y esperanza la admisión a trámite de este procedimiento”, afirmó Ruiz-Huerta. «Manifestamos nuestra confianza en la justicia para que se dé un paso más en la lucha común contra el cambio climático devastador. Nos va la vida en ello”, agregó.
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