Catorce países de América Latina y el Caribe firmaron en la sede de la ONU en Nueva York el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional vinculantea nivel regional jamás creado.
El pacto, titulado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el primero que surge tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
El objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Los primeros países en rubricar el instrumento legal fueron: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay, República Dominicana y Haití.
Tras la firma, cada país deberá iniciar los trámites correspondientes para su ratificación. La entrada en vigor del Acuerdo requerirá la ratificación, aceptación o aprobación del acuerdo de once Estados Parte.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, indicó que este 27 de septiembre es un día histórico ya que supone la culminación de seis años de duro trabajo.
“Están dando un paso decisivo para lograr una mayor democracia ambiental y para hacer de este acuerdo una realidad”, dijo.
El tratado medioambiental regional aborda el tema social
Bárcena destacó el carácter popular del Acuerdo ya que “sobre todo, es un acuerdo para los ciudadanos; hecho por y para las personas”, y, a su vez, innovador porque incluye a la toda la sociedad civil.
La ejecutiva señala en el documento que el tratado medioambiental regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental; pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables.
En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas; se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.
Desde un enfoque basado en los derechos, destaca la alta funcionaria, se reconocen principios democráticos fundamentales. E incluso se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada.
A través de la transparencia, la apertura y la participación, el Acuerdo Regional contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo; además, hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en la región.
En ese sentido, en el Acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados; y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás.
Lea el documento completo
Para más información relacionada visite Energía16
Conforme a los criterios de 
Saber más
