Por Juan E. Ballesteros
28/3/2017
La organización Transparencia Internacional ha exigido que se ponga coto a los casos de “puertas giratorias” en el Banco Central Europeo (BCE) y que se aplique la regulación que está vigente para funcionarios en la Unión Europea, así como las exigencias del código de conducta para comisarios europeos que entrará próximamente en vigor. Se trata, según se recoge en el informe ¿Dos caras de la misma moneda? Independencia y responsabilidad del BCE, de que la gestión de esta alto organismo sea mucho más responsable, que se someta al control de la Eurocámara y que deje de formar parte de la denominada troika (Comisión Europea, BCE y FMI) en la negociación y monitorización de las condiciones para recibir un rescate.
El informe propone reforzar el papel del comité ético del BCE para que sea este órgano el que valore la idoneidad de los empleos y cargos a los que acceden los exfuncionarios del banco central, en lugar del comité ejecutivo, que es quien analiza en la actualidad estas circunstancias. Aconseja igualmente que el presidente del comité de ética no sea un expresidente de la entidad para reforzar la independencia e imparcialidad de sus decisiones.
Transparencia Internacional sostiene que muchos miembros del Comité Ejecutivo del BCE, que incluye al presidente y vicepresidente de la entidad, han aceptado empleos en compañías privadas de finanzas sin tener experiencia previa en el sector antes de trabajar en la institución.
En la misma línea, Transparencia Internacional se muestra favorable a que los altos cargos del BCE, es decir, los miembros del Consejo de Gobierno y del comité ejecutivo, publiciten sus estados de cuenta, activos bancarios y declaraciones al fisco.
Se quiere agilizar asimismo el procedimiento para que los particulares puedan denunciar situaciones irregulares en el seno del BCE. En el transcurso de 2016 solo se registraron dos denuncias de particulares, lo que acentúa la opacidad y dificulta una culta de integridad.
El estudio solicita que las comunicaciones entre el banco y los Gobiernos nacionales sobre condiciones para aprobar medidas de apoyo monetario sean públicas y estén firmadas por el presidente del Eurogrupo y el Parlamento Europeo. Por último, apuesta por reforzar el papel del Parlamento Europeo en la designación de los componentes del comité ejecutivo y sobre los posicionamientos internacionales del BCE.
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