Las principales diferencias de política entre Donald Trump y Joe Biden sobre las regulaciones que rigen la energía y el medio ambiente podrían tener un impacto importante para la transición energética en los Estados Unidos. Cuando ya se comienza a anunciar el triunfo del ex vicepresidente, aún tras llegar a la Casa Blanca tendrá que salvar escollos importantes para avanzar en sus planes.
En su campaña, el demócrata prometió 2 billones de dólares en gastos federales para facilitar la transición energética al expandir rápidamente la generación de las renovables e impulsar el ahorro y otras tecnologías de reducción de carbono, mientras reduce las emisiones industriales con mayores regulaciones.
Mientras, el republicano había ofrecido continuar con una política de desregulación y los esfuerzos para promover el crecimiento en los sectores energéticos existentes, principalmente la industria del petróleo y el gas, incluso poniendo a disposición tierras federales adicionales para la exploración de minerales.
Transición energética con Biden
Los analistas prevén que el nuevo gobierno podría introducir regulaciones restrictivas del metano, por ejemplo. También dificultar la obtención de permisos para nuevos oleoductos, gasoductos u otra infraestructura. Además se podría ver un esfuerzo federal más concertado para enfrentar el desafío del cambio climático.
En una primaria competitiva, Joe Biden luchó por obtener el apoyo de los votantes más jóvenes y los activistas climáticos que preferían a Bernie Sanders. Por ello, ha tratado de unir al partido haciendo de la transición energética y la política climática una pieza central de su agenda electoral.
Su plan de energía ofrece colocar a los Estados Unidos en un «curso irreversible» hacia emisiones netas cero para 2050. También promete un sector de energía eléctrica libre de fósiles para 2035. Se trata de metas previstas para ser convertidas en ley por el Congreso. Abordar el cambio climático y promover la justicia ambiental son valores esenciales para la política energética demócrata.
Planes concretos
Una prioridad clave en el plan de transición energética es la creación de un Estándar federal de eficiencia energética y electricidad limpia (EECES). Su objetivo brindar incentivos a los productores de energía para descarbonizar sus operaciones.
El programa expresa su apoyo a algunas fuentes de energía existentes, como la hidroeléctrica y la nuclear. Pero al mismo prevé la inversión del gobierno para promover la instalación de millones de paneles solares y miles de turbinas eólicas. Con ello busca impulsar para las tecnologías renovables.
No será fácil
Pero tener un plan es una cosa. Ponerlo en marcha es otra. Los conteos ya están dando la victoria a Joe Biden. Pero también hacen prever que el Senado se mantendrá dominado por el Partido Republicano. Esto significaría que el gobierno demócrata perdería la oportunidad de cancelar los procesos desregulatorios del presidente Trump, utilizando el mismo procedimiento que los republicanos usaron de manera efectiva para eliminar las regulaciones de Obama.
Sin una mayoría en el Senado, los demócratas podrían necesitar meses o años y tortuosas batallas legales para hacer retroceder las acciones de la administración Trump que debilitaron los programas ambientales y climáticos.
La única forma de avanzar con la celeridad que Biden quisiera, sería a través de una herramienta legislativa conocida como Ley de Revisión del Congreso o CRA. Este instrumento permite que ambas cámaras del Congreso aprueben una resolución conjunta para poner fin a las regulaciones recientemente implementadas.
Estas resoluciones solo requieren una mayoría simple de votos del Senado. Pueden pasar por alto muchas discusiones y llegar rápidamente a su aprobación. Sin embargo, si Mitch McConnell -líder de la mayoría republicana- retiene el control del Senado, la CRA no estaría disponible para un presidente demócrata.
En cambio, Biden tendría que trabajar a través del proceso normal de creación de reglas de la Agencia de Protección Ambiental. Esto lleva mucho tiempo y brinda a los oponentes oportunidades para detener o alargar el proceso.
Una vieja herramienta
La CRA ha existido durante décadas, desde 1996. Pero se usó poco hasta 2017, cuando la administración Trump y el Congreso -controlado por los republicanos- la usaron para eliminar más de una docena de regulaciones implementadas durante la gestión de Obama.
Las normas derogadas incluyeron una iniciativa para el control de la contaminación del agua para la minería del carbón. También una norma que permite una mayor participación del público en las decisiones federales de gestión de la tierra.
Hay varias reglas de la administración Trump que podrían estar sujetas a un ataque de la CRA. Por ejemplo, la eliminación de la regulación directa del metano -de potente invernadero- de las instalaciones de petróleo y gas. También las revisiones de los requisitos de permisos ambientales.
Cualquier regla que la administración Trump termine en los próximos dos meses también sería vulnerable. La Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo, ha señalado que espera terminar las principales prioridades para fin de año, incluida una regla que cambia la forma en que calcula los costes y beneficios para justificar los límites de contaminación y una regla para restringir qué tipos de ciencia la agencia puede considerar en la toma de decisiones. Ambas regulaciones se ubican en la parte superior de la lista de blancos de los ambientalistas.
Más obstáculos para la transición energética
Aun así, los defensores del medio ambiente dicen que la CRA nunca habría sido una solución milagrosa para la administración de Biden. Incluso si los demócratas lograr controlar el Senado, ello no garantiza el éxito de la CRA, especialmente porque es probable que el margen en la cámara sea escaso, sin importar los resultados finales.
De hecho, la administración Trump tuvo problemas para avanzar en su agenda de la CRA en 2017. Un intento de eliminar los controles de la era de Obama -sobre el metano de las operaciones de petróleo y gas en tierras federales- fracasó cuando el ex senador republicano John McCain bloqueó la resolución.
Sin la CRA, un eventual gobierno de Biden aún tendría herramientas a su disposición para combatir las acciones de la administración de Trump más rápidamente. Es probable que que la Oficina de Administración y Presupuesto proponga una moratoria sobre las regulaciones aún en trámite, para realizar una revisión sistemática. Eso es normal cuando las administraciones de un partido diferente toman el poder.
No todos los cambios serían necesarios
Sin embargo, los partidarios de la agenda desreguladora de Trump tienen la esperanza de que la era Biden pueda encontrar algo en común con su predecesor.
El plan Biden propone un gasto significativo en investigación y desarrollo en tecnologías emergentes, incluida la energía nuclear avanzada, el hidrógeno, la geotermia y la captura de carbono.
Al incentivar a los estadounidenses a usar y producir automóviles, viviendas, infraestructura y edificios comerciales más sostenibles, este plan también tiene un claro beneficio político. Promete crear millones de puestos de trabajo en el sector de la automoción y la fabricación con requisitos «Made in America» y políticas favorables al empleo, para obtener apoyo en los estados clave del Medio Oeste.
Aparentemente, por la misma razón, el plan de transición energética tiene cuidado de no pedir que se detenga la producción de combustibles fósiles, incluida la fracturación hidráulica o las empresas de servicios de energía que emiten gases de efecto invernadero, que probablemente habrían alejado a los votantes en estados clave y a los demócratas moderados en el Congreso por igual.
Hay otros elementos de la agenda de reforma regulatoria de Trump que tal vez no deberían descartarse. Por ejemplo, las acciones de Trump para brindar más transparencia a la orientación de la agencia y reducir la cantidad de regulaciones que emite el Gobierno Federal.
Lea también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
