El atascamiento en el proceso de tramitación de los expedientes de solicitud del ingreso mínimo vital sigue atizando el fuego. Tragsatec, la filial tecnológica del Grupo Tragsa y la empresa encargada de “capturar” y tramitar la gestión electrónica de las prestaciones por el IMV, negó que haya establecido una norma interna con miras a retrasar o alterar los plazos de tramitación, con lo que se perjudica a los demandantes de la ayuda económica.
De este modo, la compañía respondió a la denuncia de un trabajador que fue despedido. Este dijo que una anomalía en el procedimiento de clasificación de los expedientes afecta la tramitación. Por ende, alarga el tiempo de espera —y la agonía— en perjuicio de los posibles beneficiarios.
Retraso en el proceso
La semana pasada se supo que había un atascamiento en el proceso. Ello repercute en el grupo de la población a la que está dirigido el IMV. Deben esperar más tiempo pese a su vulnerable situación económica.
De acuerdo con el Gobierno central, el IMV es una medida de la Seguridad Social para garantizar ingresos mínimos mensuales con miras a ayudar alrededor de 850.000 hogares o casi 2,3 millones de personas. Forman parte del 17% de la población más pobre del país y requiere la ayuda para superar los problemas económicos agravados por la COVID-19.
La empresa pública Tragsatec recibió el encargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social para “capturar” y tramitar la gestión electrónica de las prestaciones del IMV. El Consejo de Ministros aprobó el otorgamiento del beneficio el 29 de mayo y se empezó a tramitar a mediados de junio.
Sin embargo, esta semana se supo que un extrabajador de la empresa denunció que los obligaban a registrar los expedientes como pendientes de información aunque cumplían con todos los requisitos. La anomalía afecta el proceso y alarga la espera de los solicitantes.
En un principio el INSS tenía ocho o nueve categorías de clasificación de los expedientes que fueron reducidos a tres: “iniciado”, “paralizado” o “requerido”. Explicó que los expedientes que debían ser procesados como “conformes”, dado que cumplían con toda la información, pasaban a ser clasificados como “requeridos”, lo que prolongaba el proceso.
Las órdenes internas que atrasan trámites no están en los manuales
Un expediente en ‘requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información, que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que se tenía de ese expediente o recabado de ese expediente.
Cuando el expediente es clasificado como “requerido”, pero de manera injustificada, la solicitud queda en un limbo. Además, ese método de clasificación no aparece en ninguno de los cuatro manuales formativos y, por tanto, había sido “una orden interna”. De acuerdo con un e-mail que se publicó, a los tramitadores se les comunicó la decisión del siguiente modo:
“Estados que deben aparecer en el checklist Campo Estado Tragsatec: iniciado, requerido (tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la información aportada es la correcta y no falta nada) y parado. Por favor, nosotros no vamos a poner otros estados”.
Debido al daño que se le hace a los solicitantes, el denunciante habría tomado la decisión de no apegarse a las instrucciones. “Objeción de conciencia”. Por ese motivo, lo despidieron a los pocos días.
El Grupo Tragsa aclaró que la clasificación de los expedientes tiene como único objetivo gestionar adecuadamente y de manera eficaz cada una de las solicitudes recibidas. «Es falso la existencia de una norma interna dictada desde Tragsatec con el fin de retrasar o alterar los plazos de tramitación de los expedientes”, agregó
Posiciones encontradas
La empresa explicó que los funcionarios del INSS son los que aprueban o deniegan la solicitud del ingreso mínimo vital. De ahí que desde el momento en el que se recibe el expediente hasta que se tramita la solicitud pasa por distintos estados.
Con respecto a la denuncia sobre el mal uso de la clasificación “requerido”, explicó que cuando el tramitador finaliza la evaluación de cada expediente (disponiendo de la documentación que se necesite y, si no, se la pide al solicitante), se lo entrega a un superior con la asignación de “requerido”.
Con esto señala que el expediente “está listo para su revisión posterior y control de calidad. Este término ‘requerido’ indica simplemente que está listo para pasar a la siguiente fase del proceso. De esta forma, en la categoría de ‘requerido’ se encuentran tanto los expedientes que cuentan con toda la documentación correcta como aquellos que están pendientes de subsanar algún error sin quedar ninguno de ellos paralizado.
Se trata de una nomenclatura, un código interno utilizado únicamente para pasar el expediente a la siguiente fase del proceso. Por ningún concepto, paraliza o ralentiza el proceso”.
El denunciante agregó, entre otros asuntos, que el contrato de Tragsatec asciende a 7,6 millones de euros para emplear a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo durante 4 meses y asistir telefónicamente a los solicitantes.
Aun así, las jornadas, que debían ser de siete horas y media, se alargaban a hasta 11 horas por el procedimiento. A su vez, las horas extras no figuraban por ninguna parte y el pago apenas superaba el salario mínimo interprofesional de 950 euros.
La dilación encendió las alarmas y la necesidad ahoga
La semana pasada saltaron las alarmas ante el atascamiento que lleva el proceso de tramitación de los expedientes para el ingreso mínimo vital.
Los sindicatos tildaron de “caótica” la gestión del procesamiento de los expedientes, que, a su juicio, apenas se ha resuelto el 0,5%, la Revista de Seguridad Social informó que el INSS ha reconocido el beneficio para más de 80.000 hogares: “Esto representa el 56% del total de las solicitudes analizadas, que pasan de 143.000”.
Aun así, afirmó que la mitad de los hogares por beneficiarse, alrededor de 850.000, tienen menores a cargo. Además, entre 70.000 y 100.000 son monoparentales. Cabe destacar que los 850.000 hogares perciben una renta media que no llega a los 310 euros mensuales.
Al tiempo que los sindicatos amenazaron con movilizaciones si la situación no cambia, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que el retraso en la concesión del ingreso mínimo vital se debe, entre otros motivos, a la búsqueda de fraudes y duplicidades en las solicitudes.
En septiembre se hará una evaluación del proceso de tramitación. La prestación tendrá carácter retroactivo desde junio para aquellos que cumplan con la documentación. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y las necesidades aumentan.
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