El cuestionario tiene nueva páginas y seis bloques con un sinfín de preguntas directas al trabajador del campo, cuyo contenido ya ha generado inquietudes entre los mismos inspectores. Interrogantes relacionadas con violencia física y verbal, restricciones a la libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno engloban una parte importante del documento que la dirección de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a las jefaturas provinciales para que entre este mes y junio le permita detectar posibles casos de “explotación laboral” y “esclavitud” por parte de los empresarios agrícolas en España.
¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?, ¿Muestra el trabajador signos de ansiedad?, ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, ¿Muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento?, ¿Realiza el trabajador declaraciones incoherentes o muestra signos de pérdida de voluntad por presión del empleador?, ¿Notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia?, ¿Existe algún indicio de que el trabajador haya sido objeto de intimidación o chantaje (con o sin la complicidad del empleador)? y ¿Muestra el trabajador un comportamiento ansioso? son las ocho preguntas que constituyen el apartado de Signos de violencia física y verbal.
Las inspecciones permitirán comprobar si se cumplen las medidas de seguridad social, especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la propagación por el coronavirus, qué medidas adoptarían en caso de que algún trabajado dé positivo para la COVID-19 o si se ponen a su disposición los Equipos de Protección Individual (EPI).
Pero también el objeto último es “garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores” y “salvaguardar” su dignidad frente a posibles agresiones y abusos, reseña El Independiente.
¿Está el trabajador encerrado en el lugar de trabajo?
Justifica el Ministerio de Trabajo y Economía Social que distintos tipos de asociaciones, medios de comunicación y dependencias administrativas han alertado sobre “el posible incremento de casos de explotación laboral en España y de trata de seres humanos en el sector agrícola dada la excepcional situación que se está viviendo actualmente”.
Explica la institución que dirige Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que debido a las restricciones de movilidad que ha impuesto el coronavirus podría pensarse que el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no realizarán en estos meses las campañas agrícolas.
Por las características de los cuestionarios, los inspectores se preguntan si la idea del Ministerio y de la Dirección General es que el sector agrícola español es una plantación de esclavos en pleno siglo XXI.
Sobre las restricciones a la libertad de movimientos, las preguntas abordan si ¿Está el trabajador encerrado en el lugar de trabajo?, ¿Se obliga al trabajador a dormir en el lugar de trabajo?, ¿Hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes s u otras limitaciones de este tipo?, ¿Se amenaza al trabajador para que no abandone el lugar de trabajo? y ¿Tiene el trabajador la capacidad de salir del lugar de trabajo?.
La guía que debe facilitar la actuación de los inspectores debe detectar no solo las infracciones administrativas sino aquellos actos que constituyan ilícitos penales, en “especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”.
Equipo de inspección de cuatro personas
El tercer bloque tiene que ver con las restricciones en las comunicaciones con su entorno y los miembros de sus familias. ¿Tiene el trabajador la posibilidad de comunicarse con su familia?, ¿Existen condiciones de infraestructura física para que el trabajador fácilmente regrese a su lugar de origen? ¿Cuánto tiempo pasa sin que el trabajador regrese en su hogar? y ¿Existen multas y/o sanciones económicas en caso que el trabajador libremente abandone el lugar de trabajo por motivos de salud u obligaciones familiares? Son las cuatros preguntas que complementan las otras 13 para un total de 17.
Un inspector, un subinspector laboral y dos agentes de la Guardia Civil conformarán cada grupo operativo mixto durante la visita. Los desplazamientos deben hacerse en dos vehículos del instituto armado español.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social también justifica el cuestionario partiendo de la base de que el cierre de fronteras limitó la contratación del tradicional personal extranjero que durante los meses de abril, mayo y junio ayudaban en la siembra y recolección de las cosechas, y “las alarmantes noticias con respecto a las condiciones de vida de las personas trabajadores empleadas de forma temporal en el sector, fundamentalmente en cuanto al alojamiento (fenómeno de asentamientos chabolistas)”, subrayó El Independiente.
Explotación laboral en España
Hace dos años, la empresa de consultoría berlinesa Löning, especializada en derechos humanos y negocios responsables indicó que la agricultura española atentaba contra los estándares labores de Europa.
En un documento que llevaba por título “Cómo las compañías pueden lidiar con la explotación laboral en el sector de la agricultura” se refería a España e Italia como dos países donde las condiciones laborales son indignas de Europa.
“Cuando hablamos de esclavitud y de malas condiciones, a menudo pensamos en países que no están en Europa, pero ahí están, por ejemplo, España e Italia”, dijo el director de la consultora, Markus Löning.
El documento redactado por las asesoras Cecilia Barral y Lisa Szeponik citaba los casos de los cosechadores de ensaladas del campo andaluz y de los 59 inmigrantes de los campos de ajo de Cuenca que debían trabajar de sol a sol y con salarios y alojamientos de miseria. También daban cuenta de casos con salarios de seis euros al día, o de 25 euros al mes. Igualmente aludían a las condiciones que imponían algunos responsables de explotaciones agrícolas, que dejaban hasta 20 personas “en apartamentos insalubres”.
En Italia se ha registrado el caso de un grupo de mujeres rumanas que debía laborar en los campos de Sicilia en jornadas de 12 horas sin agua pese al calor extremo, pagadas con salario que podían no llegar, y donde había que sumar en ocasiones abusos sexuales, agregó el informe de Barral y Szeponik.
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