Por Cambio16
17/08/2017
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El comité de huelga de Eulen no propondrá el nombre de ningún mediador para redactar el laudo obligatorio con el que el Gobierno pretende zanjar el conflicto laboral en el Aeropuerto de El Prat y dejará éste en manos del Ejecutivo.
El asesor del comité, Juan Carlos Giménez, ha explicado a la agencia Efe que los representantes de los trabajadores de Eulen no ven sentido a participar en este proceso «cuando creemos que el laudo es ilegal y lo vamos a denunciar ante los tribunales».
«Al final va a ser el Gobierno el que pondrá a su árbitro. Será así sí o sí porque tampoco hay tiempo para que las partes se pongan de acuerdo. No vamos a proponer a nadie», ha subrayado Giménez.
El Gobierno ha notificado a las 11.00 horas de este jueves el laudo de obligado cumplimiento para solucionar la huelga indefinida en Eulen Seguridad y las partes disponen ahora de un plazo de 24 horas para designar un árbitro.
En el caso de que no lo consigan, el Ministerio de Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá, con carácter previo, a las partes para que formulen cuantas alegaciones estimen oportunas en relación con su imparcialidad.
El árbitro dictará su decisión en el plazo de diez días a contar desde la fecha de su designación.
Al mismo tiempo, el asesor del comité de huelga ha asegurado que, desde que la Guardia Civil ha incrementado su presencia en los controles del aeropuerto, «la seguridad ha bajado».
Según Giménez, «se está primando que no haya colas en los controles de seguridad y eso supone que los pasajeros pasan muy rápido», con lo que, a su juicio, no se realiza un control adecuado.
La posición oficial
La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de “circunstancias”, ha explicado este miércoles el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Entre estas circunstancias figuran la duración de la huelga y las “posiciones irreconciliables” que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.
De la Serna también ha aludido al “perjuicio para la economía nacional” derivado del conflicto debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, “deterioro de la Marca España” e impacto en sectores vinculados al turismo.
El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene “carácter excepcional” y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones porque las empresas subcontratadas son diferentes.
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