Nada más transcurrieron 48 horas del toque de queda obligatorio en toda España y ya el Gobierno lo levantó. Así lo indica la petición de prórroga que enviaron desde el Consejo de Ministros al Congreso de Diputados, además de aclarar que a pesar de que la restricción durará 13 días más, hasta el 9 de noviembre, luego dejará de ser obligatoria.
A partir de ese momento las decisiones políticas quedarán a merced de los 19 gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas.
Esto no quiere decir que Pedro Sánchez no quiera continuar con la excepcionalidad constitucional por seis meses y medio, hasta mayo; pero ya no considera que las restricciones de movilidad nocturna se mantengan vigentes. Ahora lo deja en manos de cada presidente de la comunidad autónoma.
Además, no será el presidente el que defienda en el Congreso la petición de prórroga de seis meses. Lo hará ahora el ministro de Sanidad, Salvador Illa. No se afectan derechos fundamentales y porque debe coordinar políticas contra el virus en conjunto con líderes europeos. Lo informó la ministra portavoz María Jesús Montero.
Un decreto sin restricciones
El Gobierno modificó los artículos sobre limitaciones de circulación que dictó hace tan solo 48 horas en un Consejo de Ministro extraordinario convocado de urgencia un día antes. Ahora se trata de un decreto sin restricciones o «un caparazón», como lo llamó Montero. Eso sí, con la puerta abierta en caso de que los gobiernos autonómicos decidan limitar si así lo desean.
De acuerdo con los criterios de cada presidente autonómico se decidirá si deben imponerse restricciones de movilidad y cuáles. La decisión se tomó porque las medidas deben adoptarse de acuerdo a la evolución de cada territorio.
En todo caso, la orden es clara. Se suprime la vigencia actual para todo el país de las restricciones de movilidad entre las 23:00 horas y las 6:00 de la mañana. Solo la autoridad competente delegada puede modificar esta medida. Es decir, si un presidente autonómico decide simplemente levantar esta restricción puede hacerlo; aunque durante los primeros 15 días de alarma la flexibilidad solo se limita a adelantar o atrasar una hora el inicio y final del toque de queda.
El carácter voluntario del cumplimiento de medidas
La medida más «contundente» que decretó el Gobierno y que justificó un Consejo de Ministros de urgencia el pasado domingo se convirtió en discrecional. Ocurrió igual con el documento aprobado el pasado jueves en el Consejo Interterritorial, con indicadores comunes y cuatro niveles de alarma compartidos que se quedaba en una suerte de guía voluntaria de actuación.
La ministra Montero explica que lo que pretende el Gobierno es dar amparo constitucional a las medidas que van a ir aplicando las comunidades autónomas de forma progresiva. Al final la responsabilidad recaerá en los 17 Gobiernos regionales y los de las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todo a pesar de que muchos pedían medidas mucho más contundentes en esta segunda ola de contagios. Siguen aumentando los casos y no se doblega la curva.
Con las nuevas decisiones, el escenario será el siguiente: los presidentes autonómicos serán quienes comparezcan en sus parlamentos regionales para dar cuenta de la efectividad del estado de alarma y las medidas en sus territorios. Montero apuntó que al final será toda su responsabilidad. De no imponer restricciones, el estado de alarma dejará de tener efecto alguno.
Un estado de alarma «no es delegable por decreto»
En medio del contexto actual de España, expresidente socialista Felipe González cree que el país atraviesa una crisis de «cogobernanza». Para él el estado de alarma que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es «delegable» a las comunidades autónomas.
González, además, considera que España está en medio de una «crisis de gobernanza» que se ha intensificado con la pandemia. Sobre todo «después de la desescalada de la primera ola, cuando las competencias se dispersaron en las autonomías e inició una carrera para ver quién acababa primero con el desconfinamiento». A su juicio, el país ha metido la pata de «una manera inimaginable».
González es enfático. El verdadero problema es tener una crisis de gobernanza en un estado descentralizado y enfrentarse a la incertidumbre de la propia crisis sanitaria. «Al final termina generando consecuencias sociales y económicas». Sostiene que un estado de alarma durante seis meses no aporta certidumbre al que tenga que invertir. «Que no se esté tomando esto en cuenta le llena de preocupación», insistió.
Asimismo, confesó no entender el estado de alarma y defiende los acuerdos para darle resolución a los problemas institucionales del país. González también es uno de los que no cree que el confinamiento sea necesario, pero sí subraya la importancia de tener restricciones claras que permitan frenar la curva. Aboga por normas básicas que sean claras e iguales para todos y que no se permita que cada gobierno regional vaya por el camino que le plazca. «Tantas reglas distintas entre comunidades es un problema de gobernanza», puntualizó.
Empezar de cero con los presupuestos debido a la pandemia
Sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, González asegura que no se trata de cumplir con acuerdos que se establecieron antes de la pandemia. Todo ha cambiado desde la aparición de la COVID-19 y para poder abordar el nuevo escenario se debe hacer «borrón y cuenta nueva».
Defiende una premisa clave: establecer acuerdos. Es el único mecanismo de gobernanza que ve posible para hacerle frente a la incertidumbre de los tiempos actuales. Su voto es por la verdad, por decirle a la ciudadanía que sí, que se avecinan tiempos complicados.
Y a pesar de que estos tiempos cuentan con sus propias complicaciones como que los presidentes de las comunidades autónomas cargan sobre sus hombros la responsabilidad de imponer restricciones para que el estado de alarma funcione, España ha dado un paso importante. Una esperanza que se asoma en medio de los desencuentros institucionales. Fue autorizado el primer ensayo clínico internacional de una vacuna española contra la COVID-19.
Ensayo clínico internacional de vacuna española contra el coronavirus
La vacuna RUTI contra la COVID-19, desarrollada por un investigador del Hospital Germans Trias Pujol y fabricada por Archivel Farma, es la primera española en obtener la autorización para realizar un ensayo clínico internacional. Se hará en Argentina.
La compañía informó que si bien la vacuna inicialmente se diseñó contra la tuberculosis, se prevé eficaz para combatir otras afecciones víricas como el coronavirus. Por esto recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina para hacer el ensayo.
Será un estudio de doble-ciego con placebo, que durará nueve meses, para evaluar la eficacia de la vacuna RUTI en la prevención de la infección. Además, también se estudiará la disminución de la mortalidad por SARS-Cov-2 en el personal sanitario.
La vacuna está basada en la inmunidad innata, que es la primera línea de respuesta del sistema inmune a patógenos desconocidos. Podría ser la base de una serie de vacunas antivíricas de gran espectro y primer recurso contra nuevas infecciones.
Hasta este martes 27 de octubre en España iban 1.116.738 casos diagnosticados y un acumulado de 35.298 personas fallecidas, de acuerdo con la Sanidad. Todavía habrá que esperar cómo se da el desarrollo de las nuevas medidas de restricción que impondrán en cada comunidad autónoma y si ciertamente funcionan para doblegar la curva. Aunque con una posible vacuna en la mira, pareciera que no todo son malas noticias y queda espacio para una posible esperanza. Sin embargo, no queda más que esperar.
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