Incurrir en supuesto transfuguismo mientras está de baja por maternidad se convirtió en el boleto de salida de Podemos de Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas de Adelante Andalucía. Contrario a todo lo esperado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, apoyó esta moción alegando simplemente que «la política no para».
Montero defendió su veredicto aludiendo su ejemplo personal. Dos embarazos no impidieron que cumpliera con sus responsabilidades políticas, ¿por qué no habría de ser así para los demás? Una ministra de Igualdad abocada a su trabajo ¿O será que simplemente cambió de opinión?
Apenas el 28 de febrero Montero defendía que el embarazo no puede ser motivo de despido porque las mujeres necesitan sentirse seguras, respetadas y también cuidadas. Un postura que defendió desde su cuenta de Twitter, donde en su biografía se jacta de ser «#Feminista»; entonces ¿por qué Teresa Rodríguez no puede disfrutar de esa seguridad?
Feminismo a conveniencia
La respuesta ante la justificación de Montero a la decisión de Podemos e Izquierda Unida no se hizo esperar. «Las mujeres necesitan sentirse seguras durante el embarazo excepto si te llamas Teresa Rodríguez y no comulgas con la doctrina de Moncloa. En ese caso la ministra de Igualdad te manda para casa aunque estés criando a tu hija». Fue el mensaje que publicaron desde la cuenta de Adelante Andalucía, todavía gestionada por el sector anticapitalista. Pero ese no fue el final de la discusión porque las palabras de Montero, líder de Unidas Podemos, dieron paso a cuestionamientos sobre su cargo en el Ministerio de Igualdad.
La exdirigente del partido morado Tania Sánchez fue una de las que decidió tomar postura entre la ola de críticas y reproches, señalando lo que ya era un hecho. La imposición del patriarcado de la que no se libran muchísimas mujeres, además de la desacreditación política y la simple falta de respeto al permiso de maternidad.
También aludió a su propia experiencia, en el año 2019, cuando fue la primera mujer en ejercer el voto telemático por maternidad en la Asamblea de Madrid. En aquel momento, enfatizó, la política ni se paraba ni se adaptaba a la maternidad. Su llamado fue a no permitir retrocesos «por jugadas de mirada corta».
Rodríguez no se esperaba nada de esto, sobre todo porque en febrero llegó a un acuerdo con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, para que Anticapitalistas tuviese una «salida amistosa» y «sin batalla interna» de Podemos. Su formación abandonó el partido morado en mayo por descontentos con el Gobierno de coalición con el PSOE.
Además, critica que la situación se dé mientras se encuentra de baja maternal. Una crítica que especialmente concierne a Unidas Podemos por haber levantado la conciliación y los derechos laborales como una de sus banderas políticas más importantes.
Expulsión por «transfuguismo«
Podemos Andalucía pidió en el Parlamento andaluz, a través de Izquierda Unida Andalucía, que Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella salieran del grupo parlamentario por estar en situación de «transfuguismo» porque abandonaron Podemos. La formación por la que lograron los escaños dentro de la confluencia andaluza.
Además de Rodríguez, los otros siete diputados para los que se pide expulsión son algunos de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos Ángela Aguilera, portavoz adjunta; José Ignacio García, otro portavoz adjunto, y los parlamentarios Nacho Molina, Luz Marina Dorado, María Gracia González y Diego Crespo.
La solicitud al Parlamento parte de un documento que firmó el exdiputado andaluz Jesús de Manuel, quien ahora es el secretario de la Organización Podemos Andalucía. En el texto sostiene que Rodríguez, de baja maternal, y sus afines, «retienen el acta» de diputados sin el «consentimiento o tolerancia de Podemos Andalucía».
Las posiciones políticas vs el feminismo que se abandera
¿El argumento de Irene Montero sobre las responsabilidades y el permiso de maternidad puede tener impactos laborales externos a la política? La respuesta de Teresa Rodríguez es positiva. Puede que, tras el argumento de Montero, quizás a algún empresario se le ocurra despedir a una empleada por ser madre. La línea es muy fina.
Tan delgada como la línea entre sororidad e intenciones políticas de quienes, como Montero, se hacen llamar feministas. Se trata de un consenso que debería ir mucho más allá de las posiciones políticas y centrarse en el género, pero no. Esta vez no ocurrió así y Teresa lo apuntaló.
Algo que Montero calificó de bochornoso porque no, la posición de diputada de Teresa al parecer no la pone en el mismo nivel que una «trabajadora precaria» tan solo por percibir un sueldo político, aunque haya salido del partido. «Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas», argumentó Montero, como si el propio machismo no se hubiese colado en sus declaraciones.
Fue así como se dio un enfrentamiento del que Internet fue testigo y convergieron los intereses políticos y posturas feministas que, al parecer, no se cumplen en acciones.
De la palabra a la práctica, la carencia de Podemos
Si hay algo de lo que presume Podemos es justamente de «hablar en femenino», de la defensa de los derechos y de la importancia de la igualdad. Factores que fácilmente cualquiera podría defender con la palabra, pero que implican mucho más que simplemente apoyar cuando se lleva a la práctica.
Justamente eso es lo que criticó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, tras el episodio entre Montero y Rodríguez. No hay justificación para la expulsión de Rodríguez cuando estaba de baja de maternidad. Es una acción que no tiene nada que ver con lo que no se cansan de pregonar.
Con el feminismo en alza, Unidas Podemos fue uno de los partidos que levantó su bandera por la igualdad y la lucha en contra de la violencia de género. En 2019, Pablo Iglesias hablaba de reducir la jornada laboral a 34 horas, aumentar los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas e incluso una ley de igualdad retributiva.
A esto se le sumaban mejorar la protección del trabajo a tiempo parcial, una prestación para el cuidado de niños o aumentar la inversión pública en la infancia. Además, el partido morado propuso un plan estatal contra las violencias machistas dotado con 600 millones de euros anuales, una prestación igual al salario mínimo para mujeres víctimas durante al menos 6 meses y la solución habitacional para ellas y sus hijos.
Todo aquello parece haber quedado sepultado por las declaraciones de Montero, sobre las que, por cierto, las asociaciones de mujeres no quisieron pronunciarse, alegando que se trata de una cruzada política y no feminista. Lo que sí es cierto es que una sola refriega bastó para poner en duda las premisas que defiende el partido y dejar evidencia de que cuando de intereses políticos se trata, los intereses sociales quedan descartados.
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