Por Energía16
05/06/2018
El nombramiento de Teresa Ribera como cabeza del «megaministerio» de cambio climático, Energía y Medio Ambiente no sorprendió.
Voces calificadas vaticinaron su posible designación al cargo. Argumentaron que Pedro Sánchez sigue los pasos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien entre 2004 y 2011 la empleó en su gabinete, primero como directora de la Oficina Española de Cambio Climático y posteriormente en la secretaría general del Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Teresa Ribera de 49 años, no es nueva en las lides gubernamentales y políticas. Pero tampoco lo es en materia ambiental y de cambio climático. En 2016 fue reclutada por Sánchez para que participara como miembro de su grupo de expertos. Y hoy preside el Consejo Asesor para la Transición Energética de la Economía (Capte) del PSOE.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y fue profesora asociada del Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde su salida del Gobierno, Ribera ha seguido vinculada a cuestiones relacionadas con el clima. Es directora del IDDRI, el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París. Es además una de las 12 representantes de la Comisión Mundial de Geopolítica de Transformación Energética (IRENA).
Un megaministerio con tareas titánicas
Desde su tribuna en Capte, Ribera elaboró y presentó dos propuestas de trabajo en materia ambiental, la “Agenda urbana 2030-2050, una propuesta urbana integradora y saludable para las personas y sostenible con el entorno”. Y “Territorios rurales, recursos, usos y personas inteligentes”.
Ribera manejará uno de los temas claves en España. Tendrá la tarea de llevar adelante la nueva Ley de Transición Energética. El documento deberá generar las políticas adecuadas para lograr los compromisos de los españoles en el Acuerdo de París.
La ley deberá delimitar acciones concretas relativas a la política de cambio climático, transición energética y descarbonización. Así mismo deberá contener medidas y legislaciones en materia de biodiversidad, agua, meteorología, entre otros tópicos relativos a la protección del medio ambiente.
Pero la agenda de Pedro Sánchez incluye también de manera urgente más renovables y autoconsumo. Su plan de detener el cambio climático requiere adoptar medidas excepcionales, basadas en el conocimiento científico. Conforme a ello el proyecto precisa aumentar la eficiencia energética y afrontar el cambio del esquema fósil a fuentes renovables. También pretende cambiar el modelo alimentario, responsable de un 20% del calentamiento global, ha dicho Sánchez.
Sin embargo, la agenda del PSOE toca también temas polémicos. Ribera ha plasmado en el Capte medidas como el cierre ordenado de las centrales de carbón antes de 2025, el impulso de la electrificación de la movilidad y el transporte o el cierre de las centrales nucleares cuando cumplan los 40 años de vida.
La administración de Sánchez también prevé la abolición del polémico impuesto al sol. Así como la prohibición de la venta de vehículos con motores a combustión para 2040. Estima además impulsar la eficiencia energética mediante incentivos fiscales. La idea es crear un “presupuesto del carbono” sectorial para los próximos cinco años o conseguir que un 80% del mix energético sea renovable para 2030.
Teresa Ribera y su polémica actuación en el caso Castor
Pero Teresa Ribera también resultó inmersa en un hecho polémico. Fue investigada por la Fiscalía por su informe medioambiental del almacen de gas Castor, al que Ribera dio luz verde en materia de impacto ambiental.
La historia cuenta que durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, Ribera suscribió un informe otorgando la buena pro ambiental al proyecto Castor. Sin embargo, la ahora ministra no exigió previamente los informes que hubieran evaluado los riesgos de la actividad.
«La actividad en el almacén provocó que durante el pasado mes de septiembre (2013) se produjeran 512 terremotos. De ellos 15 percibidos por la población. Por tanto, el Ministerio de Industria ordenó la paralización de la actividad el 26 de septiembre de 2013», reseña Intereconomia.com.
La Fiscalía de Castellón se basó en los informes realizados por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España. Ambos coincidían en que los terremotos que se producían en la costa de Tarragona y Castellón se debían a la inyección de gas y no a una ruptura natural del estrato.
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