Por Manuel Domínguez Moreno
La mayoría abrumadora del Parlamento Andaluz ha dicho por tercera vez “no” a la investidura de la socialista andaluza Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Sólo un día después de estallarle en sus propias manos el primer gran caso de presunta corrupción de la Administración autonómica, al constatar una juez de Sevilla graves irregularidades en la concesión de la explotación minera de Aznalcóllar (Sevilla), que fue enarbolada por la propia Díaz como una de sus promesas estrella para la creación de empleo en Andalucía.
En una jornada de desconcierto total en el ejecutivo autonómico en funciones, en el que la presidenta en funciones sólo se decidió a suspender la concesión de la explotación minera una vez que la noticia saltó a los medios, pese a tener constancia de la investigación policial y judicial puesta en marcha tras detectarse irregularidades, desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se insistía por activa y por pasiva en la “absoluta transparencia” del proceso.
Incluso dos de los principales implicados en la presunta trama de corrupción que pueden ser acusados de hasta cinco delitos, el secretario general de Industria y Minas, Vicente Fernández, y la directora general, María José Asencio, se permitieron cuestionar la capacidad de la juez para “entender” el concurso de adjudicación de la explotación minera. Es más, ponen “la mano en el fuego” por un concurso que califican de “innovador” pese a las rigurosas deficiencias detectadas por las investigaciones policiales de la UDEF y de la propia juez encargada del caso.
De este modo, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía -pese a su victoria insuficiente en las urnas el pasado 22 de marzo- tendrá que lidiar, en el momento más inoportuno para sus intereses, con su primer gran escándalo relacionado presuntamente con la corrupción institucional en la Junta.
Una juez de Sevilla ha citado a declarar a varios altos cargos autonómicos por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), la misma que el 25 de abril de 1998 sufrió uno de los desastres ecológicos más importantes de la historia reciente de este país.
En un auto firmado el pasado 7 de mayo por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, se cita a declarar a varios altos responsables de la Junta de Andalucía bajo mandato de Susana Díaz, entre ellos la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asencio Coto, y todos los relacionados con la concesión de la explotación minera, para que expliquen las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación a la entidad hispano-mexicana Minorbis-Grupo México o Minorbis S.L. de la explotación del yacimiento minero sevillano.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla asegura que “de la información recabada hasta la fecha y, en particular, del atestado elaborado por la UDEF se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la presente investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante, no apreciándose que la entidad Minorbis-Grupo México o Minorbis S.L. cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación”.
Además, la juez del caso de la presunta concesión irregular de la explotación de Aznalcóllar no observa “el más mínimo rigor en la actuación de la Administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998”.
Esta actuación judicial se produce justo cuando la lideresa andaluza del PSOE mantiene su empeño de conminar a los partidos de la oposición a facilitar su investidura al frente de la Junta de Andalucía. Ya ha recibido tres noes consecutivos de la oposición en pleno. Díaz sigue escudándose en el “postureo” de Ciudadanos y Podemos en plena campaña electoral y en la teoría de la conspiración del no auspiciada directamente por Mariano Rajoy. Pese al caso Aznalcóllar, Díaz sigue apelando a la responsabilidad institucional.
Este presunto caso de corrupción en la concesión de la explotación de Aznalcóllar se produce justo cuando Ciudadanos le venía exigiendo al PSOE la firma de un pacto anticorrupción por escrito, que Díaz se ha negado a firmar hasta después del 24 de mayo. También pedía, junto con los representantes de Podemos, la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados del expresidente andaluz Manuel Chaves, punto que provocó que los socialistas se levantaran inmediatamente de la mesa de negociación en cuanto se planteó.
Ahora, esta presunta concesión irregular de la explotación minera de Aznalcóllar a un consorcio que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla entiende que ni siquiera está configurado como tal en un proyecto que “no parece exceder de una declaración de buenas intenciones” le estalla en las manos al ejecutivo en funciones de Susana Díaz precisamente cuando ésta corre contra el reloj para cerrar un acuerdo antes del 5 de julio que le posibilite una legislatura en minoría. En caso contrario, estaría abocada a la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas.
En el duro auto, la juez de Sevilla subraya la evidencia de “irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante”, Emerita Resources España, la otra candidata a la explotación de la mina sevillana que quedó apeada del concurso en detrimento de Minorbis-Grupo México. La titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla no aprecia “que la entidad Minorbis-Grupo México o Minorbis S.L. cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación”.
Promesa estrella
La reapertura de las minas de Aznalcóllar ha sido una de las promesas estrella de Susana Díaz, con la que se conseguirían cientos de puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. Este proceso de selección, al que concurrieron sólo dos candidatos, se realizó en los meses previos a las pasadas elecciones autonómicas y, para sorpresa de todos, la ganadora fue la filial 100% del Grupo Magtel, con fuertes vínculos con la Junta de Andalucía tras recibir hasta 15 millones de euros en ayudas en cuatro años y con un exalto cargo socialista de la Junta entre sus filas.
La resolución de adjudicación se firmó el 25 de febrero pasado, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas. La juez del caso recrimina en este sentido que se hiciera “pese al anuncio de un recurso con efectos suspensivos”. El 16 de marzo, solo unos días antes de la cita electoral, la Junta le otorgó a Minorbis los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años y con un canon a pagar a la Junta de 200.000 euros más un porcentaje sobre las ventas.
El auto de la juez da orden a la Policía Nacional para que investigue una reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la que el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, acudió a la sede de Emerita Resources. Esta última denunció que López Magdaleno les propuso asociarse porque el concurso ya estaba adjudicado de antemano y no tendrían ninguna posibilidad de hacerse con el contrato. Para probar su capacidad de influencia directa en la Junta, el directivo de Magtel anunció la llamada de un alto cargo autonómico nada más ausentarse él de la reunión. Así fue, puesto que apenas cinco minutos después de irse, el secretario general de Industria llamó para interesarse por la reunión.
Las cifras de inversión en el yacimiento sevillano eran dispares entre las dos candidatas al concurso de adjudicación. Así, la ganadora, Minorbis-Grupo México, un supuesto consorcio que no está compuesto como tal a día de hoy, prometió una inversión total de de 304,6 millones y la creación de 476 empleos directos y otros 700 indirectos. La aspirante perdedora, Emerita Resources España, estimaba su inversión en 642 millones, además de la creación de 892 puestos de trabajo directos.
También la cifra de negocios de una y otra aspirantes eran desiguales. Minorbis-Grupo México preveía un volumen de negocio de 1.620 millones. Emerita Resources elevaba esta cantidad hasta los 6.800 millones de euros que planteó en su oferta.
Entre los numerosos requisitos que incumple la opción ganadora del concurso, según la juez, están los medioambientales, precisamente en un yacimiento de infausto recuerdo para este país tras el desastre de 1998.
Asimismo, en el auto de la titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, al que tuvo acceso de manera exclusiva Cambio16 antes de que estallara el caso, se recalca el incumplimiento de otros requisitos importantes, como el seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1,5 millones de euros. La suscrita por Minorbis, recuerda la juez, “es solo una póliza de responsabilidad civil general”.
También se incumple la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil o la declaración del volumen global de negocios. Asimismo, critica la juez que “simples capturas de pantalla de las web del Grupo México y referencias genéricas suplen el deber de acreditar el capital social suscrito, la experiencia de trabajos similares y el volumen de negocio análogo”.
Otra evidente irregularidad detectada es que el equipo técnico mínimo es puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica “pese a las evidentes carencias que presenta”, con múltiples documentos no convalidados siquiera y evidentes deficiencias “cuantitativas y cualitativas”.
En el apartado de maquinarias, material y equipo técnico no se observan tampoco cumplidas las exigencias requeridas y se subraya que esta maquinaria citada “se encuentra además en América”.
Ante esta disyuntiva, las negociaciones del PSOE andaluz con las formaciones de la oposición dan a partir de ahora un vuelco de 180 grados en un proceso que ya se había enconado lo suficiente sin que este caso le hubiese estallado en las manos a la única candidata a presidir la Junta. Ahora, la investidura es probable que se aleje aún más y la repetición de nuevas elecciones autonómicas comienza a verse ya como una realidad cada vez más cercana.
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