Por Cambio16
19/10/2017
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El Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat de Cataluña de suspender cautelarmente la intervención de sus cuentas acordada por el Gobierno mientras resuelve el fondo de los recursos interpuestos por el Ejecutivo catalán.
Se trata de una decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que rechaza suspender cautelarmente el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado 15 de setiembre y la orden del Ministerio de Hacienda de cinco días después, ambos recurridos por la Generalitat.
El acuerdo y la orden referidos declararon la no disponibilidad de créditos en el presupuesto catalán para este año.
La medida cautelar desestimada fue solicitada por la Generalitat mientras se resuelve sobre el fondo de los dos recursos que tiene planteados en el Supremo contra el acuerdo y la orden.
En dos autos el Supremo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat para lograr que se suspendiese cautelarmente la decisión del Gobierno español y de Hacienda.
Así, destaca que no existe riesgo de que la no suspensión provoque la pérdida de la finalidad legítima del recurso ni que vaya a causar perjuicios irreparables.
«Ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado», señalan los magistrados.
Resaltan además que el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómico debe ser ajustado a Derecho, «y no es ajustado a Derecho que se destinen a financiar una actividad inconstitucional, un referéndum ilegal, lo que refuerza la apariencia de legalidad del acuerdo impugnado».
Hacienda garantiza los recursos
Entretanto, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado este jueves que el Gobierno está garantizando «hasta el último céntimo de euro de la financiación que le corresponde a Cataluña» y ha señalado que tras la última respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Hacienda queda «al requerimiento» que efectúe el Senado para aplicar el artículo 155.
El miércoles se dio a conocer que el Ministerio de Hacienda ha abierto una cuenta en el Banco de España con el fin de ingresar en ella el remanente de la financiación autonómica y controlar que este excedente no se destina a ningún fin al margen de la legalidad.
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