España, en especial Cataluña, se ha convertido en un hervidero. En poco más de 72 horas ha pasado de todo. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la sentencia que inhabilita a Quim Torra para ocupar un cargo público. La decisión se produce en medio del crecimiento de las tensiones en la región, que ya habían alcanzando un punto álgido a raíz la ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos en la 69ª promoción de jueces que se celebró el viernes en Barcelona.
La policía catalana había puesto a los agentes en alerta máxima por posibles protestas antes de la decisión, que confirmó el fallo de diciembre contra el presidente del gobierno regional.
Decisión por unanimidad
«La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, a 1 año y 6 meses de inhabilitación especial (…) al considerar que desobedeció las órdenes para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat», se lee en la sentencia que fue dictada por unanimidad.
En la sentencia, el Supremo desestima el recurso de casación de Quim Torra contra la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el delito de desobediencia. La inhabilitación no se hizo efectiva entonces porque el presidente de la Generalitat recurrió al máximo tribunal.
La resolución es firme, por tanto, será ejecutada de inmediato por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Cuando ello ocurra, Torra deberá dejar la presidencia de la Generalitat.
Apagar el fuego con gasolina
La sentencia del Supremo, en la que inhabilitan a Quim Torra, se produce en medio de las tensiones que ha generado la decisión del Gobierno de que el rey no estuviera presente el viernes en Barcelona en la entrega de despachos a la 69ª promoción de jueces salida de la Escuela Judicial.
Es la primera vez que algo así ocurre. Desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI ha presidido todos los años la ceremonia de entrega a los nuevos jueces de los documentos que les acreditan como miembros del Poder Judicial, lo que les da la capacidad de juzgar en su nombre. Antes de él lo hacía su padre, Juan Carlos I, como establece la Constitución. La ausencia ha tensado casi hasta el punto de quiebre las relaciones del Ejecutivo y el Judicial.
Desde Gobierno nunca hubo una explicación clara de los motivos. Tampoco habló de su posible vinculación con la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Torra, que se esperaba que se produjera en estos días, como de hecho ocurrió. Pero es previsible que la sentencia pueda derivar en protestas. Además, está próximo el tercer aniversario del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, declarado ilegal.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había explicado el día antes del acto que la medida fue tomada por la necesidad de “proteger las instituciones”, entre ellas la Monarquía.
Molestia en la carrera judicial por ausencia del rey
Sin embargo, un sector importante de los miembros de la carrera judicial, sobre todo en el ala más conservadora, ha calificado esta decisión del Gobierno como una cesión política a los independentistas y un desaire a la magistratura y al propio Monarca. En su discurso en el acto del viernes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, reprochó al Gobierno que no había motivos suficientes para excluir a Felipe VI de la ceremonia. Las palabras de los nuevos jueces también giraron en torno a la ausencia del jefe del Estado. Incluso, José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ, al finalizar el acto conminó, desde la platea, a los asistentes a gritar “¡Viva el rey!”.
La llamada de la discordia
Lesmes, además, reveló que Felipe VI le había telefoneado. Dijo que en esa llamada el rey le informó de que le hubiera “gustado estar” en el acto. Este hecho desató las críticas de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno, mientras que el PSOE guardó silencio.
En concreto, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó al rey de maniobrar contra el Gobierno, por haber hecho esa llamada. En un mensaje de Twitter dijo que «la posición de una Monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible».
El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo en la misma red social que el «respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales».
En respuesta, el presidente del PP, Pablo Casado, pidió el cese inmediato del ministro Alberto Garzón. También anunció que su partido llevará la reprobación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al Congreso. Les acusa de atacar al jefe de Estado en las redes sociales.
El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, pidió una rectificación «inmediata» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro Alberto Garzón, por «atacar» a la Corona. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), exigió a Sánchez que reprenda públicamente a Garzón.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, también exigió a Iglesias y Garzón que rectifiquen su «ataque directo y frontal» contra el jefe del Estado
No termina aquí
El PP y Vox van a aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para pedirle cuentas por el veto a la presencia del rey. Los populares van a centrar en este asunto su interpelación. La propia portavoz del grupo, Cuca Gamarra, será la encargada de pedir explicaciones al Ejecutivo.
El PP muestra su preocupación por «las posiciones del Gobierno de España derivan a pasos agigantados hacia postulados extremos, completamente ajenos a su obligación de defender la Constitución que juraron guardar al tomar posesión de sus cargos».
Vox aspira a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responda por la ausencia del rey. «¿Por qué el ministro ha impedido la presencia del rey en acto de entrega de despachos a los jueces de la 69ª promoción?», reza la pregunta que ya registró ese partido para la sesión.
Reacciones en toda España
El veredicto del Supremo, en el que inhabilitan a Quim Torra, volvió a agitar la política catalana. Se espera que Pere Aragonès asuma como presidente. Torra tenía la intención de celebrar elecciones anticipadas para apuntalar el apoyo al movimiento separatista este año. Pero ese plan se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Los catalanes elegirán un nuevo Parlamento a principios del próximo año.
Las reacciones a esta decisión definitiva sobre la inhabilitación a Quim Torra, no se han hecho esperar. El presidente del PP, Pablo Casado, fue uno de los primeros en pronunciarse. «Gracias a la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central, Torra ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo. El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Catalunya, donde se deben convocar elecciones de inmediato», publicó en un tuit.
Por su parte, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural convocaron concentraciones en las plazas de los ayuntamientos a las 19:00 horas. Asimismo, a las puertas del Palau de la Generalitat de Catalunya se ha juntado un pequeño grupo para protestar por la inhabilitación de Quim Torra.
El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, publicó que «inhabilitar al presidente de la Generalitat por ejercer el derecho de la libertad de expresión es impropio de un sistema democrático».
La polémica continúa
El líder de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa, dijo en rueda de prensa que «se ha hecho justicia» y que «ha ganado la libertad». Criticó que Torra se haya valido «de su posición de presidente de la Generalitat para usar un edificio público para hacer propaganda de una candidatura electoral».
El ministro de Universitats, Manuel Castells, dijo, en una entrevista en TVE, poco antes de que se oficializara la sentencia, que «la Junta Electoral es un órgano administrativo y, personalmente y respetando las decisiones judiciales, me parece exagerado que se proponga inhabilitar«.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reaccionó a la decisión en la que inhabilitan a Quim Torra. Aseguró que el Estado está «corrompido desde la Corona hasta la Judicatura». «Una vez más, el Estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas. De destitución en destitución hasta la república final. ¡A tu lado, president Quim Torra!», escribió en su cuenta de Twitter.
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