Apuntando hacia abajo

Por Manuel Domínguez Moreno

Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Bien. A partir de ahí, la justicia escucha, recapitula testimonios, contrasta y barema mentiras y verdades. De este cóctel sale una sentencia. Pero antes de todo este proceso ha habido una instrucción judicial que ha dirigido una investigación policial. Y el escandaloso caso de los ERE fraudulentos en Andalucía durante años y años sin control alguno por parte de la institución autonómica ha sido una realidad más que evidente. Por tanto, la responsabilidad política está ahí antes de que el juez dictamine su veredicto final. De ahí que no valen las excusas que la presidenta en funciones de Andalucía, la socialista Susana Díaz, viene enarbolando a modo de parapeto para no pedir las actas de diputado y senador a sus predecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Las primeras comparecencias escalonadas de los aforados ante el Supremo y el TSJ andaluz, imputados por la juez Mercedes Alaya en este caso en el que se han perdido más de mil millones de euros de todos los andaluces, con una causa que suma casi 300 imputados, han dejado claro que la estrategia marcada por los ex altos cargos andaluces es apuntar siempre hacia abajo sin negar la mayor, o sea, que se produjo “un gran fraude”, en palabras del propio Griñán tras declarar ante el juez Alberto Jorge Barreiro. Si los subordinados de los subordinados mantienen la estrategia ante el tribunal que finalmente los juzgue es muy posible que terminen pidiendo explicaciones incluso a los propios andaluces por este colosal desfalco público.

El diputado socialista y exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, comenzó rotundo: “El declarante es de profesión maestro y no tiene formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios; confiaba plenamente en sus subordinados”, según consta en la transcripción de lo declarado en el Supremo.

Días después, Griñán ahondó en la misma estrategia pero desde un sillón aledaño al que ocupaba Viera, puesto que mientras este fue titular de Empleo entre 2000 y 2004 Griñán ocupó el cargo de consejero de Economía entre 2004 y 2009 para posteriormente ser vicepresidente andaluz antes de dirigir los designios de los andaluces entre 2009 y 2013. También Griñán ha optado por apuntar hacia abajo al reconocer que este “gran fraude” no es producto de un “gran plan” pero sí de un exceso de confianza hacia sus subordinados.

También los exconsejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo se han sumado a esta estrategia de negar la mayor y derivar responsabilidades hacia sus subordinados. El TSJA expone que pueden haber cometido delitos de prevaricación y malversación “habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas”.

Tras estas primeras comparecencias de los aforados ante los altos tribunales, un andaluz cualquiera de la calle podría preguntarse: ¿en manos de quiénes estamos que no saben controlar los dineros que con el sudor de nuestra frente ponemos en sus manos para dirigir nuestros designios?

La de maestro es una profesión muy digna, pero no un escudo protector para que un alto cargo institucional la utilice a su antojo cuando no ha sabido custodiar como corresponde una cantidad ingente de dinero que supuestamente iba dirigido al bien común de los andaluces y no al de cuatro desalmados que deben dar cumplida cuenta de sus actos ante la justicia.

Otro tanto se puede decir de Griñán, que para colmo es inspector técnico de Trabajo con sus oposiciones aprobadas y todo. Por tanto, reconocer “un gran fraude” es una evidencia que no necesita su corroboración, pero asegurar tajante que no ha habido “un gran plan” no queda tan claro y será la justicia la que finalmente le dé o no la razón.

Mientras tanto, la responsabilidad política es muy anterior a todo esto, y a día de hoy, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Viera son diputados aforados, Griñán es senador aforado, y los exconsejeros Mar Moreno, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio también son diputados autonómicos aforados. Y mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez y de Susana Díaz alardea en este clima preelectoral constante de no llevar ningún imputado en sus listas para las municipales y autonómicas del 24 de mayo. Pero, ¿qué ocurre con la responsabilidad política inexcusable de todos los citados durante su gestión mientras se produjo el impresentable caso de los ERE?