Por Cambio16
31/10/2017
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió la querella presentada este lunes por la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y cinco de los miembros de la Mesa de la cámara, por su participación en la declaración de independencia de Cataluña tramitada el pasado 27 de octubre en el seno de esta institución.
El Fiscal General del Estado, Jose Manuel Maza, fundamenta sus querellas en la acusación por los delitos rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos.
La querella interpuesta se ha presentado contra seis diputados del Parlament, cinco de los cuales mantienen su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara: la expresidenta, Carme Forcadell; el ex-miembro de la Mesa y aún presidente del grupo JxSi, Lluís Maria Corominas; los miembros de la Mesa y también diputados Anna Simó, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuiet i Pujals, que ejerció de secretario tercero de la Mesa.
El proceso contra estos parlamentarios se produce en el Tribunal Supremo porque cinco de ellos forman parte de la Diputación Permanente del disuelto Parlamento de Cataluña, por lo que gozan de la condición de aforados y no pueden ser juzgados en otro órgano.
Nuet perdió esa condición tras la disolución de la cámara el pasado viernes, pero el Tribunal Supremo decidió, en concordancia con lo exigido por la Fiscalía, no separar su causa de la del resto de exmiebros de la Mesa.
Por tanto, su proceso se desarrolla de forma paralela al referente a la querella presentada por el Fiscal General del Estado contra todos los miembros del cesado Gobierno catalán en la Audiencia Nacional, que es la instancia competente para este tipo de delitos a ojos del Ministerio Público.
Las penas
El Código Penal español contempla penas de hasta 30 años de prisión para aquellas personas que sean declaradas culpables de delitos de rebelión.
De acuerdo con el artículo 472 del Código Penal, son reos del delito de rebelión aquellas personas que «se alzaren violenta y públicamente» en escenarios que supongan —entre otras cuestiones— la suspensión de la Constitución, despojar de sus facultades al Rey, o declarar la independencia unilateral de una parte del territorio.
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