Las prioridades están sobre la balanza. Proteger y salvar el medio ambiente o proteger y salvar la economía, o proteger y salvar vidas. Es la encrucijada en la que España, como el resto del mundo, se encuentra inmersa. Se debía atender dos frentes, y la pandemia abrió un tercero. No se puede priorizar uno y desechar el otro. Y resulta casi imposible afrontarlos todos a la vez. No obstante, el Observatorio de Sostenibilidad lanzó una propuesta que ofrece, en teoría, abrir una puerta o al menos una ventana.
La salida toma como palanca los fondos del plan NextGenerationEU, el programa inversor de la Unión Europea para recuperar la economía tras la crisis generada por la pandemia. Es cierto que esta iniciativa, enmarcada en el Pacto Verde Europeo, aún tiene algunas costuras a la vista, pero sería una tabla de salvación para la economía. Son 750.000 millones de euros y de ese total España espera captar 72.000 millones en subvenciones.
Crear empleos
La oferta del Observatorio de Sostenibilidad es ambiciosa y tentadora. Asegura que ayudará a generar 1,13 millones de empleos en un año usando las subvenciones del NextGenerationEU. La meta será posible si, desde el ámbito público, se emprenden medidas acertadas en ámbitos como la energía, el transporte sostenible, las ciudades y las infraestructuras. También se requiere del acompañamiento de la iniciativa privada. Al mismo tiempo se avanzaría hacia la descarbonización de la economía española.
Adicionalmente, se podrían generar otros 600.000 empleos en una década «si se aprovecha todo el potencial de sectores como la economía circular, la ganadería extensiva y la gestión forestal». En concreto, el proyecto calcula que la gestión forestal sostenible y la adaptación al cambio climático podrían crear 280.000 empleos. Mientras, la ganadería y agricultura extensiva y ecológica supondría 150.000 puestos de trabajo potenciales. La economía circular unos 160.000.
Compromiso de todos
La propuesta toma como punto de partida las estimaciones del Gobierno en los planes, estrategias, decretos y leyes que ya apuntalan su transición ecológica. En los ámbitos en los que no hay cálculos, el Observatorio de Sostenibilidad saca sus propias cuentas. Toma como base los datos disponibles de diversas fuentes.
También defiende las medidas planteadas por el Ejecutivo. Mientras, aconseja ir más allá en algunos sectores en los que consideran que la estrategia se queda corta. Por ejemplo, la propuesta aplaude que se haya avanzado en las subastas de renovables. Pero exige avances en la llamada «renta climática», que implica un pago directo a los sectores de población más vulnerables mientras que se aprieta las tuercas a los más ricos, que son más emisores.
Los planes del Gobierno antes de la pandemia planteaban crear 300.000 empleos al año. Con la llegada de los fondos europeos, el Ejecutivo decidió adelantar la inversión pública prevista. Pero no actualizó sus previsiones de puestos de trabajo. Ahora, el Observatorio de la Sostenibilidad realiza las estimaciones tomando en cuenta la crisis climática. También destaca la necesidad de rescatar el tejido económico fuertemente golpeado por efecto de la pandemia.
Aspiraciones del Gobierno
Uno de los cuatro grandes ejes del Plan de Recuperación de la economía española que impulsa el Gobierno para afrontar la crisis por la COVID-19 es la transición ecológica. A este ámbito –la reconstrucción verde– irá buena parte de los fondos de recuperación europeos. El plan le permitirá a España obtener financiación por hasta 140.000 millones euros. De este monto, 72.000 millones serán transferencias y el resto préstamos.
La previsión inicial del Gobierno se apalanca en gran parte sobre el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (2021-2030). Marca el camino para pasar de un sistema energético basado en los combustibles fósiles a uno descarbonizado. Para el 2030, las emisiones de gases de la economía española deberán reducirse un 23% respecto a los niveles de 1990. Para 2030, al menos el 70% del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable.
Cambio climático y transición energética
El informe del Observatorio de Sostenibilidad destaca que es necesario aprobar cuanto antes la Ley de Cambio Climático. Si no en su totalidad, al menos la parte referida a las subastas para la instalación de energías renovables. La medida incluiría un mecanismo de adhesión a las subastas para que las pequeñas cooperativas puedan participar de la transición energética.
También considera necesario facilitar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo. De lograrlo, se podría cumplir el escenario previsto en el PNIEC y el año que viene se puedan instalar 3723 MW de potencia renovables adicionales.
La promoción de este tipo de energías implicaría inversiones privadas de 6.908 millones de euros, con una creación de 11.4.741 puestos de trabajo. Además, consideran necesaria la inversión adicional de aproximadamente 1.067 millones de euros en infraestructuras de transmisión y distribución de energía eléctrica para que la red eléctrica pueda manejar la volatilidad de las energías renovables y limitar los vertidos. Esta inversión en redes eléctricas supondría otros 16.545 empleos directos e indirectos.
Movilidad sostenible
También se estima necesario acelerar la implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible impulsando una inversión pública de 4.000 millones de euros para avanzar las obras relativas a zonas de bajas emisiones, carriles bici, carriles bus o peatonalizaciones. Según el PNIEC, estas iniciativas servirán para reducir en 35% los desplazamientos en coche en las ciudades al final de esta década.
Además, hay que incrementar la inversión pública en infraestructuras ferroviarias a 6.000 millones para potenciar que las mercancías, además de los pasajeros, sean transportadas en ferrocarril. Para reducir el uso del coche y del avión hay que incrementar el aprovechamiento de todas las infraestructuras ferroviarias ya construidas. Para lograrlo, se incluyen algunas propuestas como la reintroducción de los trenes nocturnos.
También se debería mejorar las conexiones internacionales a través del tren. Se requiere además incrementar la financiación del transporte público de las ciudades desde el Gobierno central en hasta 630 millones de euros, para aliviar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que en la actualidad sufragan el déficit tarifario. Tales iniciativas tendrán un importante efecto ambiental. El sector transporte en España es el que más emisiones de gases de efecto invernadero vierte a la atmósfera. Representa un 25% del total.
Rehabilitación de viviendas y saneamiento
El programa también pide acelerar sustancialmente la promoción de la rehabilitación energética de edificios prevista en el PNIEC. «Consideramos que sería posible llevar a cabo en un año un programa que utilice una inversión pública de 3.000 millones de euros, para movilizar una inversión total de 12.215 millones y rehabilitar unas 653.000 viviendas»,
Adicionalmente, hay que hacer que las políticas agrarias relacionadas con la Política Agraria Común «no bajen de presupuesto y hay que reformarlas para que sean una herramienta para la transformación hacia la agricultura regenerativa, la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, etc.»
Los autores aspiran a que se realicen todas las inversiones necesarias para asegurarse de que España cumpla, al menos, con los requisitos básicos de la legislación europea de aguas. El monto destinado sería de 3.152 millones de euros en infraestructuras de depuración y saneamiento. También se requiere incrementar el gasto en mantenimiento de las infraestructuras existentes en 2.500 millones. El sector de la depuración y saneamiento de agua, supondría 114.280 de posibles empleos.
Restauración de ecosistemas y fiscalidad ambiental
Adicionalmente, el Observatorio de Sostenibilidad insiste en que deben realizarse las inversiones necesarias para proteger y restaurar los ecosistemas para asegurar que España siga siendo un país habitable. Hay que invertir 6.076 millones de euros anualmente para ejecutar las infraestructuras verdes ante la llegada de los peores efectos del cambio climático y que, además, crearán empleos verdes en las zonas de España que más los necesitan, las zonas rurales.
Finalmente, hay otros aspectos relacionados con la fiscalidad ambiental. Recomiendan introducir un impuesto creciente al CO2 emitido por el transporte privado de pasajeros en coche y avión y por el sector residencial. Este impuesto sería inicialmente de 30 euros por tonelada, y sus ingresos de devolverían a la ciudadanía en forma de una Renta Climática, que, con el esquema propuesto en el informe, alcanzaría aproximadamente 90 euros por persona en el primer año.
El objetivo de esta medida, que beneficiaría al 60% de la población con menos ingresos, sería incentivar más aún la transformación ecológica en el transporte y en el sector residencial.
Las estimaciones de generación de empleo realizadas por los técnicos del Observatorio para la Sostenibilidad podrían ser aún mayores. No se han incluido los empleos asociados al trabajo de cuidados. Es previsible que tras la COVID-19, se reconozca aún más la importancia de estos empleos.
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