Stop a los plásticos de un solo uso

Un anteproyecto de Ley sobre Residuos, aprobado en el Consejo de Ministros, establece limitaciones a estos productos en el mercado interno y le impone un impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables

España incursiona con mayor aplomo en una legislación de avanzada, directa y comprometida con el medio ambiente. Lo hace a tono con otros marcos jurídicos de la Unión Europea y del mundo que buscan preservar la vida en el planeta, en condiciones de sostenibilidad y permanencia.

Antes de la temible emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, en España se abonaba una conciencia sobre el cambio climático y sus desafíos. Era uno de los países con un intenso uso de las energías renovables. Se sustenta en una veintena de leyes dirigidas a cuidar la biodiversidad, las aguas, los bosques, los parques nacionales y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

A principios de junio, en pleno avance de la cautelosa desescalada, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Un extenso texto propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica que, según su exposición de motivos, trata de «impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos y luchar contra la contaminación», entre otros objetivos.

La propuesta legislativa apenas se abre paso en la discusión formal y la consulta amplia. Pero el debate ya cala en las organizaciones empresariales, entidades ecologistas y variados colectivos. El foco central es la limitación progresiva y radical de los plásticos de un solo uso. Son medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana.

Con el anteproyecto, el Gobierno aprobó también la Estrategia Española de Economía Circular –España circular 2030–, y un real decreto que mejora la trazabilidad y el control de los traslados de residuos. Tres aspectos clave del Marco de Economía Circular que el Ejecutivo pretende incorporar en la recuperación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19.

Limitaciones a los plásticos de un solo uso

Por primera vez, la legislación española recoge limitaciones a determinados plásticos de un solo uso. A partir del 3 de julio de 2021 quedará prohibida la introducción en el mercado de los siguientes productos: bastoncillos de algodón, excepto si entran en el ámbito de los productos sanitarios, cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos), platos, pajitas y agitadores de bebidas.

También palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, con excepción de los globos para usos y aplicaciones industriales y profesionales que no se distribuyen a los consumidores. Asimismo, los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones. Igual se prohíbe cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable y el uso de cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los envases para bebidas y los recipientes para alimentos

En relación con las botellas se regulan objetivos de recolección en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77% en peso, respecto al introducido en el mercado, y aumentará al 90% en 2029.

El Foro Económico Mundial ha advertido que para 2050, de no tomar decisiones para revertirse, habrá más plástico que peces en el mar. Con los océanos cada vez más llenos de este material no biodegradable, es necesario llevar a cabo medidas para contener la avalancha plástica que pone en peligro el planeta.

Presión fiscal contra el desborde del plástico de un solo uso

El impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

En marzo de 2019, la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente acordó reducir el consumo de plásticos de un solo uso y manifestó en su declaración final: «Abordaremos el daño a nuestros ecosistemas causado por el uso y la eliminación insostenibles de los productos plásticos, incluso mediante la reducción significativa de los productos plásticos de un solo uso para el año 2030, y trabajaremos con el sector privado para encontrar productos asequibles y respetuosos con el medio ambiente».

Las botellas de plástico son un problema ambiental. Cada año acaban en el océano unos ocho millones de toneladas de plástico, un material que puede tardar siglos en desaparecer. En España, de acuerdo con estadísticas de Greenpeace, cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas. Lo peor es que el 50% de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados.

Freno por la vía impositiva

El anteproyecto de ley restringe la introducción en el mercado de algunos de ellos y establece un impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables. Esta figura tributaria responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde. De hecho, según datos de 2017, España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales con respecto al PIB de la UE, con apenas el 1,83% frente a una media de la UE del 2,40%.

El impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables será de carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria que se utilicen en el mercado español. Un impuesto similar al que pretenden implantar el Reino Unido e Italia, en otros países.

El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase. Conforme a la información correspondiente al último año disponible (2017) sobre la cantidad de envases de plástico que España puso en el mercado, se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.

Entre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes para alimentos. Para estos productos se espera conseguir en 2026 una reducción del 50% en su comercialización, con respecto a 2022. Y en2030, esa reducción debe ser del 70%, también con respecto a 2022. Para cumplir con estos objetivos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciado en el ticket de venta.

Cronograma de reducción de residuos y desperdicio alimentario

Con la finalidad de romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos en la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos, la norma da un papel esencial a las medidas de prevención. El calendario para reducir el peso de los residuos producidos, que se añade al vigente del 10% en 2020, es el siguiente: en 2025, un 13%, y en 2030, un 15%, en todos los casos en relación con los generados en 2010.

De igual forma y para luchar contra el desperdicio alimentario, la propuesta incluye medidas para reducir los residuos alimentarios, que incluyen sugerencias dirigidas a la industria alimentaria, las empresas de distribución y de restauración colectiva.

Además, se insta a las administraciones competentes a tomar medidas para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino, una contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

Para alargar la vida útil de los productos y combatir la llamada obsolescencia programada, el texto insiste en fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizable. En cuanto al resto de residuos, marca los objetivos y medidas para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclado.

Con tal fin fija un calendario de implantación para las recogidas separadas. En el caso de los biorresiduos, el calendario se adelanta al 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000 habitantes y al 31 de diciembre de 2023 para el resto. Textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024. El proyecto de ley también incluye los suelos y revisa el régimen de sanciones. Así, será considerado infracción muy grave el abandono —incluido el de la basura dispersa (“littering”)—, el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos, así como de cualquier otro tipo de residuos que deteriore de forma grave el medio ambiente.

La entrada en el territorio nacional de residuos peligrosos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero tendrá la consideración de muy grave, así como la salida de residuos peligrosos hacia los citados lugares sin los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria. Las sanciones pueden llegar hasta los dos millones de euros, en caso de infracciones muy graves.

Agua para todos

La ley que será enviada al Congreso de los Diputados para su aprobación señala que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias. Así, deberán proveerse de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrar agua en envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y educativos se permita la comercialización en envases de un solo uso.

A partir de 2023, queda prohibida su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio diferenciado en el tique de venta

En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrán que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento, siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano y que presenta las condiciones sanitarias debidas. El debate apenas empieza.

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