Imputar a Puigdemont. Otro caso contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña está en los tribunales. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona solicitó la imputación de Carles Puigdemont por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental al desviar un millón de euros destinados al servicio de agua para comprar una colección de arte.
De acuerdo con la juez Elena Román “se ideó un artificio desde los presupuestos del equipo de Gobierno que fue asumido con mayor o menor conocimiento por once concejales en el Pleno del 14 de febrero. Y llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua”.
Todo comenzó cuando la CUP denunció en 2016 a miembros del consejo de administración de Agissa, cuyo bloque accionario pertenece en un 80% a la empresa privada Girona S. A. El 20% restante está en manos de los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter.
En esa oportunidad, el partido político de izquierda denunciaba irregularidades en esta concesionaria del servicio público de agua, cuyos ingresos se generan por la venta del agua y del mantenimiento de contadores.
Puigdemont, como alcalde Girona, prorrogó 2 veces su contrato. La última fue el 11 de marzo de 2013. Como condición Agissa debía abonar un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los 3 consistorios que forman parte de la empresa mixta.
Girona recibió 2.625.000 euros entre 2013 y 2015 para mantenimiento, saneamiento y calidad del agua, pero un millón se utilizaron en comprar el primer lote de una colección de arte del crítico e historiador fallecido Rafael Santos Torroella.
Imputar a Puigdemont
Anticorrupción señala que en el proceso de compra y financiación de la colección autorizada ese 14 de febrero de 2014, por un gasto plurianual excepcional de 2,9 millones de euros en el periodo 2015-2019, se «ocultó» , el origen del dinero.
Una semana antes, Puigdemont como alcalde de Girona había firmado los denominados «Acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona».
La exposición de la jueza señala que el ciclo de agua dejó de recibir en 2014 la cantidad de 1,1 millones de euros, a pesar de estar presupuestado por el Ayuntamiento.
Tanto la instructora Román como la Fiscalía Anticorrupción intuyen que «se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de su financiación».
Entre los documentos que la Fiscalía Anticorrupción entregó al juzgado figura un informe técnico de la empresa Mind Engineers que especificaba que los tres ayuntamientos requerían 1,5 millones de euros al año, aproximadamente, para actualizar la red hídrica, cuyo sistema de cañerías es antiguo, con tuberías de fibrocemento.
“La naturaleza del material de las tuberías junto con la reducción de la velocidad del agua supone una rebaja notable en la calidad del agua, con el consiguiente riesgo del consumidor”, subraya la Fiscalía.
La Fiscalía sigue los rastros de Puigdemont desde hace año y medio. El 9 de diciembre pidió al Tribunal Superior investigar al expresidente, quien huyó del país en octubre de 2017, luego de su llamado independentista.
No obstante, por su condición de eurodiputado, la sala de lo Penal del Supremo debe decidir por la continuidad de la causa en su contra.
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