En un país donde se persigue la disidencia, se inhabilitan a los líderes opositores y se ejerce un control social intimidatorio, los temores sobre las libertades democráticas siguen invariables en Venezuela. Más de sesenta ONG se hacen eco de esas inquietudes de la ciudadanía e instituciones y piden a la ONU monitorear el rumbo de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
En una carta, dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, las organizaciones no gubernamentales expresan la “necesidad” de reorientar la “visión del trabajo” hacia Venezuela.
Aseguran que “el gobierno venezolano” “avanza” en una “narrativa falsa” de “supuesta cooperación y mejora” en la “situación humanitaria, de derechos e institucional”. Esta actuación “invisibiliza” el sufrimiento de millones de venezolanos que “están atravesando una emergencia humanitaria compleja”. Y de una gigantesca migración que casi alcanza a los 8 millones de personas que buscan mejores condiciones de vida.
Cristina Ciordia, coordinadora de Incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advierte que “el gobierno venezolano ha creado hábilmente una imagen de ‘normalización de la situación en el país’. E incluso de colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. Esta imagen se erige a costa del pueblo: menos países están dispuestos a abrir sus puertas a los refugiados venezolanos, menos ayuda humanitaria llega a la población. Y sencillamente, menos atención se presta a la crisis venezolana, que persiste en todas sus dimensiones.Desde la perspectiva institucional, social, económica, humanitaria y, sobre todo, de derechos humanos”.
La visión de Cepaz es que la ONU, y en particular la ACNUDH, podría estar alimentando, tal vez sin darse cuenta, la noción de que la crisis venezolana ya ha sido superada. En la forma en que diferentes mecanismos interactúan con el gobierno.
ONG piden a la ONU monitorear a Venezuela
Las ONG, lideradas por Cepaz, insisten en su «preocupación» ante «actuaciones de distintas agencias y mecanismos” de la ONU que «contribuyen a esta imagen de normalización” de Venezuela
Afirman en la carta que la actuación de la Organización de Naciones Unidas en el país «debe estar orientada, sobre todo, a velar por el máximo estándar de goce de derechos humanos de los venezolanos«. Por lo que sus esfuerzos «deben abocarse primero a la población» y la «búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones» a los Derechos Humanos.
«Para realizar estas aspiraciones, es necesaria una diplomacia efectiva y coordinada desde la organización», sugieren las ONG.
Por tanto, solicitan entre otras medidas, «procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada». Además, de «priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno», y «atender a los migrantes y refugiados».
A juicio de las organizaciones firmantes, “los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en Venezuela. La celebración de una elección presidencial en 2024. Y procesos electorales que renovarán todos los cargos de elección popular en 2025, generan la posibilidad de avanzar en la reinstitucionalización democrática. Y también crear las condiciones necesarias para reconstruir la confianza, restaurar el estado de derecho. Así como emprender la búsqueda de justicia y paz duraderas”.
Sin embargo, estas organizaciones prevén un aumento de la “represión y persecución”, durante los próximos comicios electorales.
En este contexto, también solicitan a la ONU “velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras” de derechos humanos, “periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros”.
Continúa violación a los derechos humanos
Aseguraron que la “represión y persecución aumentan en períodos preelectorales y electorales”. Por lo que el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) “debe acelerar la adopción e implementación de un marco de protección de respuesta rápida para personas en riesgo de persecución”.
Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron el oficialismo y la oposición el pasado octubre en Barbados. En un texto firmaron un “acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, que contempla, entre otros puntos, la observación internacional.
Las organizaciones reiteran que el Estado venezolano suma más de tres mil recomendaciones, en su mayoría aún sin implementar. Provenientes tanto de mecanismos de protección, como de comités de tratado, el examen periódico universal, entre otras instancias.
“Las organizaciones independientes hemos demostrado y denunciado de forma reiterada la falta de voluntad del Estado por cumplir e implementar estas recomendaciones. A pesar de ello, en los foros intergubernamentales pareciera que se instala la opinión de que existe una mejora de la situación humanitaria, de derechos e institucional. Esta falsa narrativa dificulta el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hemos actuado como muro de contención en favor de una población con cada vez menos recursos y bajo riesgo de persecución”, indican.
En el escrito también se manifiesta la preocupación por actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar esta imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela. Como por ejemplo, “los nombramientos de representantes del Estado venezolano a una vicepresidencia en la Reunión de Estados Parte a la Convención contra la Tortura de 2023. Y la relatoría de la Tercera Comisión de la Asamblea General”.
Presos políticos y cierres de medios
Según el Foro Penal, hay 275 presos políticos en Venezuela. El 54% de estas personas fueron identificadas como funcionarios militares, quienes principalmente fueron privados de libertad por el gobierno de Nicolás Maduro. Acusándolos de planificar o intentar, presuntas operaciones militares desestabilizadoras o también vinculándolos con líderes de la oposición venezolana.
Durante las últimas dos décadas, los medios informativos han desaparecido en Venezuela. Entre 2013 y 2022, más de 60 periódicos venezolanos dejaron de circular indefinidamente por falta de fondos, el control del gobierno o la incapacidad de comprar papel suficiente para imprimir sus ediciones. Las cadenas de televisión se han visto obligadas a autocensurarse o han desaparecido. Diez cadenas extranjeras también han sido expulsadas del país.
Las emisoras de radio, sin embargo, son las más vulnerables a los cierres. Entre 2003 y 2022, al menos 285 han cerrado. Este dato supone el 71% del total de medios de comunicación cerrados durante ese período, según la ONG venezolana Espacio Público. Sólo en 2022, el gobierno ordenó la clausura de al menos 95 emisoras radiales.
Además de la censura, el Gobierno también ha recurrido a acciones legales para reprimir la libertad de expresión. Las autoridades han acusado a periodistas y trabajadores de los medios de delitos como difamación, calumnia y terrorismo. Esto pone un impedimento para que los medios y los periodistas sigan informando. Otros han tenido sus bienes confiscados y sus oficinas incautadas por el Gobierno. En otros casos, los medios independientes no han sido cerrados sino comprados para influir en su cobertura.
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