Resulta incoherente en un mundo cada vez más ganado a respetar el medioambiente que no existan penas aleccionadoras en el derecho internacional para los que atenten contra la naturaleza. Grupos ecologistas manifiestan y protestan ante los ataques contra los ecosistemas, pero ahora hay un resurgir de abogados interesados en tipificar el ecocidio como un delito y sumarlo a otras faltas graves contra el planeta y la humanidad.
Derrames de petróleo, deforestación, lanzamiento masivo de plásticos a océanos y mares. Son algunas de ls graves daños causados al mundo natural por los Estados y las empresas en su afán de poder y lucro. Y, a la vuelta de los años, nos topamos con la amenaza cierta de ecosistemas enteros que ponen en peligro la vida en el planeta
¿Son crímenes o prácticas nocivas sin intencionalidad? Muchos piensan que son crímenes de lesa naturaleza. Ya la idea de criminalizar el ecocidio, entendido como la destrucción sistemática del medioambiente, empieza a tomar terreno.
«La gente está empezando a darse cuenta de que si no nos tomamos en serio el cambio climático y las amenazas a la biodiversidad, entonces no tendremos nada para nosotros ni nada para nuestros hijos y nietos», dijo Rob White, profesor de criminología en la Universidad Australiana de Tasmania.
El ecocidio estaba propuesto para ser el quinto crimen contra la paz cuando iba a constituirse la Corte Penal Internacional de la Haya en 1998. Pero quedó por fuera. Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos se opusieron a incluirlo en los delitos que juzga este tribunal. Como sí ocurre con el genocidio, la lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión contra estados o territorios.
Ecocidio, un delito grave fuera de la CPI
A pesar de este frenazo, grupos, asociaciones y ONG no cesan en su lucha porque se reconozca al ecocidio como un delito de gravedad, de lesa naturaleza. Es el caso de Ecocide Projet de la Escuela de Estudios Avanzados, de la Universidad de Londres. Un foro académico que facilita y promueve la investigación sobre el ecocidio, sus implicaciones en los derechos humanos.
Su intención es convertirlo en el quinto crimen contra la paz. El proyecto busca, además, integrar los intereses compartidos de académicos, profesionales y activistas en los campos del medio ambiente.
También está la Fundación Stop Ecocide que motiva a la concienciación sobre la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, advierte que actualmente no existe una caracterización del ecocidio acordada internacionalmente. «Usamos una especie de definición en nuestros trabajos. Lo catalogamos como el daño masivo y la destrucción de un ecosistema. Generalizado, severo o sistemático, y que está comprometido con el conocimiento de los riesgos», dijo Jojo Mehta, presidente de la Fundación Stop Ecocide.
El grupo creó recientemente un panel de abogados y jueces internacionales para redactar una definición. Espera que el ecocidio se agregue a los delitos procesados por la Corte. Maldivas y Vanuatu, plantearon el asunto en la asamblea general de la CPI en 2019.
Maldivas y Vanuatu, junto a Kiribati, son pequeñas islas paradísiacas que reciben a muchos turistas. Sus habitantes ya se preparan para mudarse a otros lugares. El cambio climático, el deshielo y la crecida de los océanos es una amenaza real: estos territorios quedarían bajo agua.
«La idea ya no puede ser ignorada por los líderes», comentó Dreli Solomon, un diplomático de Vanuatu en Bruselas, dando la bienvenida a un «creciente movimiento social» sobre el tema.
Grupos y organizaciones no se rinden
¿Debe un delito de ecocidio referirse solo a los daños causados a sabiendas? ¿Qué tan grande debe ser el daño para calificarlo de ecocidio? Los activistas dicen que debería ser «a gran escala», como la deforestación del Amazonas, los derrames de petróleo, la pesca industrial, la extracción de petróleo y minería o la contaminación del aire.
«El ecocidio no tiene la intención de castigar al pequeño. Como con el genocidio, no se castiga a los soldados, se castiga a los que dieron la orden», dijo Jojo Mehta.
A algunos les preocupa que la propia CPI sea demasiado limitada. «Que la institución no funcione bien, no le impide abordar un asunto de vital importancia. El hecho de que un tema sea complicado no significa que debemos rendirnos», señaló la abogada y activista Valerie Cabanes.
Asimismo, sostuvo que las leyes civiles existentes que cubren la negligencia o daños corporativos podrían ser ignoradas por firmas con grandes presupuestos legales. Pero el derecho penal es «un elemento disuasorio en un nivel diferente», y los ejecutivos son más responsables personalmente.
«Si usted es el director ejecutivo de una corporación que comete un ecocidio, le importa mucho porque su reputación depende de ello. Y, por lo tanto, el precio de sus acciones y el éxito de su empresa dependen de sus actuaciones», destacó.
Líderes y voces claman por justicia ambiental
La destrucción deliberada del medio ambiente en la guerra tiene una larga historia y fue un conflicto de ingrata recordación. La intervención de Estados Unidos en Vietnam fue lo que dio forma al concepto de ecocidio. Durante sus operaciones contra la guerrilla comunista del Vietcong, en los años sesenta y setenta, el ejército estadounidense arrojó herbicidas tóxicos, incluido el Agente Naranja, sobre los bosques y cultivos vietnamitas. Murieron personas y tierras. Los impactos en la salud y el medio ambiente persisten todavía.
Entretanto, el estatuto de Roma, que formó la base de la Corte Penal Internacional de 2002, describe los crímenes de guerra. Como los «daños generalizados, duraderos que serían claramente excesivos» en relación con los objetivos militares. Pero los activistas quieren que el ecocidio también sea un crimen en tiempos de paz.
Mientras el debate continúa, una docena de países sí han tipificado el ecocidio como un crimen dentro de sus fronteras. Son ellos, Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusia, Ecuador, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, Vietnam y Francia.
La comunidad internacional ha dado algunos pasos en ese senido. En 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada Hacia un Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que busca sentar las bases de un Derecho Ambiental Internacional.
En 2019 su campaña ha cobrado un nuevo impulso, con el apoyo de la activista sueca Greta Thunberg. Así como del presidente francés Emmanuel Macron y el papa Francisco. «Un sentido elemental de justicia exige que la conducta, a menudo de las corporaciones, no quede impune», precisó el santo padre.
Destacó acciones «que pueden ser consideradas como ‘ecocidio’: la contaminación masiva del aire, la tierra y los recursos hídricos, la destrucción masiva de flora y fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema».
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