Por Cambio16
28/04/2018
La sentencia a La Manada no ha dejado indiferente a ningún sector de la sociedad española. El contexto en que se dieron los hechos. La fría narración que hace la sentencia de los hechos probados y las divergencias de opinión sobre la interpretación judicial. Todos estos elementos configuran un caso digno de ser estudiado por las escuelas de derecho en el futuro.
No entraremos a valorar aquí lo condenable del delito cometido. La sentencia a La Manada describió un acto de violencia sexual muy repugnante e intimidante. Lo qué si hay que llamar la atención es que, más allá del debate sobre las definiciones legales y tecnicismos, o las complejidades de cómo el tribunal navarro ha interpretado el Código Penal, es la necesidad de mantener el respeto al sistema judicial, aunque no se compartan sus decisiones. Toda decisión jurídica está (y debe estar) sujeta a ese escrutino público. Fundamentalmente porque éstas son emanadas por un poder público del Estado. Por consiguiente, nadie debe poner el más mínimo cuestionamiento sobre el derecho a la crítica pública de toda decisión jurídica. Y mucho menos al derecho y absoluto respeto a la libertad de expresión y de protesta.
Los derechos se respetan, las vías también
Pero ambos derechos civiles no deben tergiversarse a ser interpretados como aval para el irrespeto al sistema judicial. En un entorno como el actual, dominado por las redes sociales y una suerte de «infoxicación» de lo público, es importante mantener el talante. En el marco de las legítimas manifestaciones convocadas por la sociedad civil y las plataformas de defensa de derechos de la mujer, tanto en las calles como en las redes, se han mezclado algunas voces que usan la violencia como arma de reclamo. Otros han usado la sobreactuación política para forzar un perfil feminista con tintes electorales. Y otros han optado por la descalificación al sistema, incluso personas que ostentan responsabilidades públicas.
Todas estas actitudes contribuyen en poco o nada a la convivencia ciudadana. Y mellan la confianza en el sistema del cual esperamos no sólo la reparación de un fallo. Sino además que sea el lugar donde se reciban las demandas sociales y se obtenga una respuesta apegada a derecho. La justicia tiene un sistema de recursos establecido en el ordenamiento jurídico español para recurrir los fallos. Y toda manifestación, cuando es cívica, parte de la premisa de que la misma busca que el reclamado resuelva la demanda que sustenta la manifestación. Se puede incluso discrepar de la valoración de los encargados de impartir la justicia. Pero una cosa es eso y otra descalificar al sistema.
El debate sigue…
La sentencia a La Manada del pasado jueves es apenas el pistoletazo de salida lo que será en las semanas por venir una batalla judicial que, insistimos, debe ser estudiada en el futuro a fin de solidificar los criterios ante estos condenables hechos. Las partes, tanto acusadora como defensora, tienen un plazo de diez días para recurrir la sentencia conocida. Y la Fiscalía de Navarra también hará lo propio, al considerar que la calificación de los hechos probados debería ser la de agresión sexual. Por consiguiente, el escenario del debate seguirá abierto. El llamado es a seguir incesantemente reclamando lo correcto. Con los mecanismos correctos.
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