El Senado Federal de Brasil considera que los errores cometidos por el presidente Jair Bolsonaro en el manejo de la pandemia de la COVID-19 le costó la vida a miles de personas y ha decidido recomendar que se le enjuicie por homicidio al mandatario. La votación relacionada con el informe está programada para la próxima semana. Sin embargo, es muy poco probable que Bolsonaro se enfrente a un juicio por tales cargos.
Con 603.855 fallecidos por la COVID-19, Brasil es el segundo país con la mayor cantidad de muertes, detrás de Estados Unidos. La alarmante cifra activó las alarmas. El senador opositor Renan Calheiros terminó una investigación al presidente del país sobre su gestión de la crisis. Calheiros, en el informe conclusivo de casi 1.200 páginas, alega que «Bolsonaro rechazó las primeras oportunidades para que el gobierno adquiriera vacunas y retrasó la campaña de vacunación. Como resultados murieron unas 95.000 personas.
Bolsonaro restó significación a la investigación. La descartó «por tener motivaciones políticas». Para que sea enjuiciado, el fiscal general de Brasil (designado por Bolsonaro) tendría que presentar cargos en su contra.
Qué dice el informe del Senado de Brasil
Al mandatario de Brasil lo acusan por ser «el principal responsable de los errores del gobierno cometidos durante la pandemia de COVID-19». Además, actuó en contra del consejo de su Ministerio de Salud al fomentar el uso de tratamientos no probados científicamente. El documento afirma que durante la pandemia Jair Bolsonaro se ha guiado «por una creencia infundada en la teoría de la inmunidad colectiva y la existencia de un tratamiento, que en realidad empeora las condiciones del enfermo».
El escrito del Senado agrega que «sin la vacuna, las muertes serían estratosféricas, como resultó ser». La propuesta del Senado de Brasil aún debe votarse la semana que viene. La Presidencia y el Ministerio de Salud no se han pronunciado.
El informe también sugiere que se presenten cargos contra tres de los hijos de Bolsonaro. El senador Flavio, el diputado federal Eduardo y el concejal Carlos «difundieron desinformación que incentivó el incumplimiento de las medidas sanitarias para contener la pandemia». Además, señala a otros presuntos responsables por una serie de acciones y una red de desinformación, dentro y fuera del Gobierno, Subrayan que promovían una “estrategia macabra”.
Calheiros recomienda que se presenten 13 cargos penales contra Bolsonaro, incluido el genocidio contra la población indígena de Brasil y «por acciones que dejaron a sus comunidades vulnerables al virus».
Bolsonaro descarta la investigación en su contra
Desde el primer momento, el gobernante minimizó el impacto de la pandemia y recomendó a los ciudadanos optar por métodos y remedios no aprobados. Incluso, cuando se contagió con el virus aseguró que se estaba tratando con hidroxicloroquina y azitromicina. Además, con frecuencia se ha negado a usar mascarillas en público y ha dicho que de vacunarse sería el último en hacerlo.
Tras publicar el informe del Senado de Brasil, Bolsonaro dijo a sus partidarios que la investigación era «una broma» que no le preocupaba porque «tiene motivaciones políticas».
El Senado retira del informe los cargos de «homicidio»
Los senadores que lideran la investigación en contra de Bolsonaro se reunieron para discutir el informe de Renan Calheiros. Acordaron eliminar las acusaciones de homicidio y genocidio por «razones técnicas». «Las decisiones fueron técnicas, no políticas», dijo el senador opositor Humberto Costa. «No podemos correr el riesgo de que un juez desestime el informe porque la caracterización de los delitos no fue precisa», agregó.
Costa dijo que los senadores determinaron que «no había pruebas suficientes para cargos de genocidio», según lo definido por la Corte Penal Internacional. Agregó que un cargo de homicidio sería difícil de fundamentar, pues requiere una víctima individual. De igual forma, esta decisión no cambia para nada el estatus del documento, pues aún queda esperar su aprobación y lo más probable es que quede totalmente invalidado por los funcionarios designador por el mandatario.