Por Benito Guerrero
31/05/2016
Los dos miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a los que se les culpaba de delitos de cooperación al suicidio y contra la salud pública, han sido condenados a dos años de cárcel. Con esta rebaja de la pena, ya que la Fiscalía de Asturias pedía seis años y cinco meses de pena por los actos de los que se les imputaba, evitarán su entrada en prisión.
Los acusados han sido juzgados en el mismo proceso aunque estaban implicados en dos casos diferentes ocurridos uno en Avilés y otro en Cádiz.
El caso principal, y el más mediático, ocurría en marzo de 2012 cuando una de las víctimas se puso en contacto con un miembro de DMD Cataluña. La mujer afirmaba sufrir una fuerte depresión y quería quitarse la vida.
El voluntario de Barcelona se puso en contacto con un voluntario de DMD de Madrid, acusado también en el caso y médico de profesión, para que le proporcionara pentobarbital sódico. Posteriormente el socio barcelonés y la mujer quedaron el 17 de mayo de 2012 en Valladolid, lugar en el que se produjo el polémico intercambio.
La mujer le dió al voluntario 6.000 euros, que fueron encontrados posteriormente en su domicilio, según se ha podido conocer tras la investigación, y a cambio éste le entregó el medicamento que usó posteriormente para quitarse la vida y que necesitaba de receta médica para su dispensación.
La Asociación DMD incluye en sus estatutos que ningún socio podrá lucrarse de las actividades que realice relacionadas con el trabajo de la misma. Así, al encontrarse en el domicilio del miembro de DMD los 6.000 euros se ha visto cuestionada la lucratividad de la asociación. Fernando Marín, miembro del colectivo, ha afirmado en una rueda de prensa en Madrid «sentirse defraudado por él».
Este caso se resuelve con un acusado, el voluntario de DMD Madrid, ya que el voluntario de Barcelona falleció con anterioridad al juicio y se acordó la extinción de su condena.
En el segundo caso, ocurrido en Cádiz, uno de los acusados ofreció enviarle a Cádiz los medicamentos necesarios para realizar una «sedación paliativa profunda». El paquete fue interceptado y no llegó a su destino. Éste es al caso que más ha molestado a la Asociación, pues consideran desmesurado que se les inculpe de cooperación al suicidio en grado de tentativa cuando su único objetivo era facilitar la sedación de un enfermo terminal.
Este proceso judicial ha abierto el debate sobre la derogación del artículo 143 del Código Penal, regulador de esta materia, y la elaboración de una «ley de disponibilidad de la propia vida» que solicitan desde DMD. El colectivo se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos de cara a las elecciones que se celebrarán el 26 de junio y ha recibido el apoyo directo de Izquierda Plural, Podemos y Equo. Otras formaciones como Ciudadanos y PSOE les han transmitido que en caso de que este tema tuviese un respaldo social mayoritario también contarían con su apoyo.
Luis Montes, otro miembro de la Asociación DMD ha lamentado que este tema no forme parte de la agenda política de los principales partidos. “No podemos pensar sólo en Venezuela sino también en la legislación de la disponibilidad de la propia vida en España”, ha reprochado.
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