Por Cambio16
22/09/2017
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https://youtu.be/xvvzNXX3-to
Las acciones desarrolladas en los últimos días por la Justicia y las fuerzas de seguridad de España han puesto contra las cuerdas el proyectado referéndum de los independentistas catalanes, que ahora confían en la movilización popular para mantener sus aspiraciones. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, admitió que el Estado ha “alterado las condiciones del juego”, en alusión a las diferentes actuaciones que han desmantelado el proyecto de consulta secesionista.
Aunque el Tribunal Constitucional lo suspendió hace dos semanas, el referéndum ilegal seguía adelante, en palabras del Gabinete regional catalán, dispuesto a llevar adelante el desafío al Estado. Un desafío que su máximo representante, Carles Puigdemont, mantuvo el jueves a través de las redes sociales.
Mientras en el ámbito político continuaba el cruce de acusaciones, la actuación de la Justicia seguía su curso tras las detenciones y registros que por orden judicial tuvieron lugar este miércoles.
Las investigaciones se centran ahora en comprobar si el Gobierno regional de Cataluña destinó a la celebración del referéndum una partida de 6,2 millones de euros, cuya aprobación en el Parlamento catalán fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
La pugna política volvió a sentarse en el Congreso de los Diputados, donde el pleno tenía diferentes puntos en el orden del día, aunque los parlamentarios catalanes aprovecharon la tribuna para llamar al voto en la consulta ilegal de octubre.
En respuesta, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Puigdemont, que reflexione y “no se escude en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando”.
En este punto, el Ejecutivo español tiene el apoyo del primer partido de la oposición, el socialista (PSOE), cuya presidenta, Cristina Narbona, también solicitó a Puigdemont que desconvoque ya la consulta del 1 de octubre y que se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político.
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