Por José Juan Verón
os residuos son una bomba de relojería: invisibles, silenciosos y casi inofensivos hasta que llega el desastre. Un ejemplo es Seseña: millones de neumáticos apilados que al arder incidieron en la vida de miles de personas durante semanas e indirectamente sobre un espacio mucho mayor, tres semanas con los servicios de emergencia a máxima actividad, más de cuatro millones de euros para limpiar el lugar…
El de Seseña o el de A Coruña son ejemplos de vertidos de basuras en teoría no peligrosas, pero todavía son más graves los que afectan a los residuos tóxicos.
Desde inicios de este 2017, varias organizaciones ambientalistas reavivado el problema, reclamando que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e incendios como los de Seseña o Chiloeches. Pero esta problemática tiene toda una historia, disgregada por toda España.
Paradigmático es lo que sucedió con la empresa Inquinosa, que entre 1975 y 1989 enterró miles de toneladas de este tipo de sustancias en Sabiñánigo (Huesca). La empresa cerró cuando el pesticida que producía (lindano) fue prohibido en Europa por su alta toxicidad. Su generación originaba residuos muy contaminantes y altamente cancerígenos que fueron arrojados en vertederos sin control.
Lustros después, la empresa fue condenada a pagar unas indemnizaciones que nunca se cobrarán entre otras razones por la compañía ya no existe. Mientras, 120.000 toneladas de residuos tóxicos tuvieron que ser confinadas para evitar contaminar el río Gállego, uno de los principales afluentes del Ebro. Aunque se ha logrado contener en cierta medida el problema, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha detectado en ocasiones altas concentraciones de lindano en las tomas de agua de las poblaciones a orillas de este río y se ha llegado a prohibir el uso de agua potable.
A más de 27 años después del cierre de la empresa, el problema sigue en el suelo y el Gobierno de Aragón no puede costear económicamente su descontaminación. “El lindano es uno de los problemas más graves en España y un desastre de proporciones incalculables”, señala Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace España. Barea destaca también el vertedero de residuos tóxicos de Huelva capital.
Greenpeace elaboró en 2015 un informe con todas las comunidades españolas, que localiza 400 puntos negros en relación con el medio ambiente. Muchos tienen que ver con diferentes residuos tóxicos y peligrosos.
“Algunos problemas se arrastran desde hace décadas cuando la normativa no existía, pero otros se están generando ahora por empresas que se saltan la ley y por administraciones que no cumplen con su función de control y vigilancia”, explica Barea. El responsable de Greenpeace considera que existe legislación suficiente pero destaca que la gestión ilegal de residuos es uno de los negocios sucios que mueve más dinero en el mundo, lo que implica tramas de corrupción e incluso la participación de la mafia. “Culturalmente es algo con lo que existe cierta permisividad y los tribunales no terminan de cumplir su función”, indica.
Como él señala, en muchas de las tramas corruptas que se han ido destapando en España existen contactos con el mundo de los residuos. Una de las más conocidas, la Púnica, está relacionada con la gestión de basuras en lugares como León o Valencia. También lo está el caso Acuamed. En esta ocasión, las investigaciones indican que, presuntamente, los responsables de esta empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura habrían desviado dinero destinado a la limpieza del Ebro en la localidad de Flix (Tarragona).
Allí las labores de limpieza concluyeron después de tres años de trabajo con la extracción de 1.130.000 toneladas de lodos contaminados con mercurio, metales pesados y otros componentes muy peligrosos que amenazaban con exterminar la vida en la desembocadura del río y en un amplísimo tramo de la costa mediterránea. Estos residuos se habían ido acumulando en el lecho del Ebro por el funcionamiento de una empresa química histórica y que en la actualidad es propiedad de Ercross. La limpieza se adjudicó por 190 millones de euros sufragados casi en su totalidad por las arcas públicas.
Los puntos negros
Son muchas las amenazas de este tipo. El Observatorio de la Sostenibilidad tiene un informe en el que recoge la existencia de estos y de otros 17 puntos negros del mismo tipo. Estas amenazas, de acuerdo con la investigación firmada por muy destacados especialistas en la materia, estarían localizadas en Revilla de Carmargo (Cantabria), Villagarcía de Arousa, ría de Pontevedra y Porriño (Pontevedra); ría de Vigo, Quinto (Zaragoza), Montalbán (Teruel), Martorell (Barcelona), Vila-Seca (Tarragona), Picassent (Valencia), embalse del río Aulencia y Arganda del Rey (Comunidad de Madrid); Aznalcóllar (Sevilla) y Huelva, Algeciras (Cádiz), Adra (Almería) y bahía de Portman (Murcia).
Carlos Arribas, responsable del área de Residuos de Ecologistas en Acción, añade decenas de industrias cerradas que no se han descontaminado e instalaciones levantadas con amianto, producto altamente cancerígeno. Arribas apunta que la falta de gestión correcta hace que incluso la gestión de las basuras domésticas genere graves problemas de contaminación en cientos de lugares de España. “Un 20% de los residuos se tira sin tratar y lo que podría convertirse en una fuente de recursos se transforma en una bomba que antes o después provocará un desastre al que, además, se dedicará una gran cantidad de dinero improductivo”, señala, antes de advertir de que en lugares como Madrid el porcentaje de basura sin tratar se eleva hasta al 40%.
Esto sucede con los vertederos de neumáticos ilegales: residuos no peligrosos pero cuya mala gestión los sitúa al borde de un desastre ambiental. En España existen decenas y algunos llegan a acumular varias miles de toneladas. Son, entre otros, los casos de Laracha (A Coruña), Castellanos de Villiquera (Salamanca), Zurita (Fuerteventura), Cervera del Llano (Cuenca), Arico (Tenerife), Plasencia (Cáceres) o Argamasilla de Alba (Ciudad Real).