Algunos «señores de la guerra», responsables de violaciones y abusos de derechos humanos, siguen libres en la República Centroafricana, a pesar de la sed de justicia general. Lo denunció Amnistía Internacional en un informe en el que entrevistaron a jueces, fiscales, abogados y activistas. «Los procesos han sido opacos y parciales», afirmó.
Además, recordó que desde el año 2002 la población civil ha tenido que enfrentar las consecuencias del conflicto armado en el cual miles de personas han sido asesinadas y violadas. Aparte de que más de medio millón han sido desplazadas.
La violencia en la República Centroafricana
En este país de África Central, independiente de Francia desde 1960, atraviesa un complejo proceso de transición desde el año 2013, cuando una coalición de grupos rebeldes, llamada séleka y procedente del norte y el este, de mayoría musulmana, tomó la capital, Bangui, y forzaron la huida del presidente François Bozizé, en el poder desde 2003.
Desde ese día se desató una ola de violencia entre grupos musulmanes y milicias cristianas denominadas antibalaka. Los enfrentamientos han causado miles de muertos y cerca de un millón de desplazados.
Se creyó que con la elección de Faustin Archange Touadéra como presidente en febrero de 2016 mejoraría la situación; sin embargo, en la República Centroafricana se mantienen las dificultades para controlar a los grupos rebeldes.
Tribunal Penal Especial, un avance lento
El Tribunal Penal Especial es un órgano judicial apoyado por la Organización de las Naciones Unidas encargado de investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional y otras violaciones de los derechos humanos. Se estableció en 2015, pero empezó a funcionar en octubre de 2018. Su función es continuar con el mandato del Tribunal Penal Internacional y los tribunales ordinarios en la República Centroafricana.
Han pasado dos años desde que se instauró y solo algunos casos están abiertos, sobre los que apenas hay información. La mayoría de los responsables de los abusos y violaciones de los derechos humanos no han comparecido ante la justicia. Una situación que extiende más el clima de impunidad.
En el informe que se realizó Amnistía International justamente por cumplirse dos años del TPE se describen las deficiencias en el funcionamiento de la corte y la falta de transparencia. Además, a la situación se le suma que el sistema de justicia ha sido demasiado «frágil» para abordar la inmensa cantidad de violaciones de derechos humanos que se han cometido en los últimos años.
La situación política del país y la inseguridad dificultan la contratación de jueces internacionales. Además de la falta de personal, no hay infraestructura ni material en los tribunales ordinarios. En 2019 solo dictaminaron 20 causas penales.
Samira Daoud, directora regional de la ONG para África Occidental y Central, declaró que el derecho de las víctimas a obtener justicia, verdad y reparación en un plazo razonable de tiempo no se puede sacrificar en nombre de cálculos políticos. La meta es que las medidas contra la impunidad sea lo prioritario.
Falta de transparencia e información
El equipo de investigación de Amnistía Internacional se comunicó con jueces, fiscales, abogados y activistas para conocer los avances en materia de justicia. Además, revisó 100 documentos judiciales. Se constató que la oficina del fiscal especial del Tribunal Penal Especial ha recibido 122 denuncias y hay 10 casos abiertos ante los jueces de instrucción. En general, se sabe muy poco o nada sobre los hechos y crímenes que se investigan y procesan.
AI insiste en que los procedimientos carecen de transparencia y se desconoce la identidad de los sospechosos detenidos y en espera de juicio. Al menos 21 personas han sido encarceladas en el contexto de las investigaciones.
A tres las detuvieron luego de los asesinatos en Paoua, en mayo de 2019. Nueve fueron detenidas el 19 de mayo de 2020 por los asesinatos ocurridos en Ndele, entre 2019 y este año; a las otras nueve las detuvieron el 25 de mayo pasado por los ataques contra civiles que tuvieron lugar en Bambouti, Obo y Zemio.
Amnistía Internacional se ha comunicado con personal del Tribunal Penal Especial y con miembros de la ONU que han confirmado todas las dificultades que han tenido para llevar adelante los juicios.
Desde la ONG piden que se haga justicia y sobre todo, que se vea que se está haciendo justicia. Piden a los Estados miembros de la ONU que consideren hacer contribuciones al TPE para que pueda cumplir con su mandato y finalmente impartir justicia.
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